La Procuraduría General de la Nación abrió indagación contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y contra el presidente y la vicepresidenta de Gestión Contractual de la entidad, Óscar Javier Torres y Milena Jiménez, respectivamente. La investigación se inició por la presunta falta de firma de un otrosí que buscaba ampliar la concesión del Muelle 13 de Buenaventura.
La queja disciplinaria fue remitida al órgano de control por el abogado Jaime Lombana, quien alegó que los directivos mencionados no habrían suscrito el documento que prorrogaba la concesión por 20 años más.
Se trata de la omisión en la firma del Otrosí portuario N.º 002 de 2026. Esta falta es relevante dado que ya existía una resolución del consejo directivo de la entidad, con fecha de ejecución del 27 de diciembre de 2023, que había autorizado de manera definitiva la prórroga por las dos décadas.
Por esta razón, el Ministerio Público, a cargo de la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal, decretará varias pruebas. Los documentos objeto de investigación incluyen una copia del contrato de concesión portuaria y de la Resolución 1865 de diciembre de 2023, que autorizaba prorrogar la concesión del Muelle 13 por 20 años al Grupo Ventura.
El expediente disciplinario también incluye a otros funcionarios que la Procuraduría determinará a lo largo de esta indagación preliminar.
Debe señalarse que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) había suspendido las actividades del muelle en enero de este año, a través de la Resolución 004 del 2 de enero de 2025. La suspensión se debió a la necesidad de proteger ecosistemas estratégicos y al incumplimiento por parte del operador privado del plan de manejo ambiental actualizado.
Actualmente, el Grupo Portuario SAS interpuso una demanda contra la suspensión emitida por la autoridad ambiental, la cual fue confirmada recientemente por un tribunal.