La emergencia invernal en Córdoba, que ha arrasado más de 230.000 hectáreas, podría impactar en las elecciones de este año, principalmente en las legislativas del 8 de marzo. El Ministerio Público examina las afectaciones, y prometió medidas.
De acuerdo con imágenes satelitales de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), unas 236.442 hectáreas resultaron perjudicadas por las inundaciones que ha provocado el frente frío.
Córdoba, el departamento más golpeado, ha perdido unas 113.641 hectáreas. La Unidad sigue adelante con la observación de la emergencia para tomar decisiones en materia ambiental y de recuperación de las zonas estropeadas.
Para hacerse una idea, Montería, la capital cordobesa, tiene una extensión de 3.141 kilómetros cuadrados, o sea, unas 314.100 hectáreas. Las lluvias han destruido un equivalente al 75% de la ciudad. Y no se prevé un fin pronto de las precipitaciones.
La Procuraduría General de la Nación, que ha liderado una estrategia que denominó Paz Electoral, ha garantizado en varios pronunciamientos que los comicios de 2026 no cambiarán de cronograma ni se verán aquejados por los grupos armados ilegales.
El peligro para los puestos de votación
Ahora el invierno se convirtió en un reto. Con corte al 2 de febrero, la última actualización de parte de la Registraduría, Córdoba tiene un potencial de 595 puestos de votación, traducidos en 4.320 mesas, que podrían chocar con las lluvias.
El procurador general, Gregorio Eljach, aseguró que esta semana el Ministerio Público revisará los lugares afectados para constatar si es necesario trasladar algún puesto de votación. El censo electoral en Córdoba es de más de 1,4 millones de votantes.
“Se teme que vaya a haber otro frente ártico y eso agrave más la situación. Sigue cayendo agua de Urrá. Y eso no permite ser muy optimista”, expresó Eljach ante medios de comunicación, al tiempo que anunció una comisión de alto nivel.
Eljach viajará el 19 de febrero con el contralor, Carlos Hernán Rodríguez, y el registrador, Hernán Penagos, para “mirar dónde hay puestos que necesariamente deban moverse, habida cuenta de que faltan tres semanas para las elecciones”.
Febrero, que suele ser un mes seco, ha estado marcado por las lluvias. La Procuraduría le pidió al Gobierno nacional priorizar recursos para la atención oportuna de la población afectada; la reactivación económica de la región; la reparación de viviendas, acueductos, vías y escuelas, y actividades de prevención en salud.
Una emergencia económica y un debate sobre Urrá
El presidente Gustavo Petro, por su parte, decretó una emergencia económica para atender la problemática. En paralelo, le pidió a la Corte Constitucional levantar la suspensión provisional de la emergencia que declaró el año pasado, y la solicitud debe tramitarse en la Sala Plena en los próximos días.
La UNGRD reporta haber enviado doscientas toneladas de asistencia humanitaria a Córdoba. El Ejecutivo además culpa a la hidroeléctrica de Urrá, construida entre Córdoba y Antioquia. Su presidente encargado, Juan Acevedo Rocha, renunció el 9 de febrero tras las acusaciones de Petro.
Uno de los últimos pedidos del ministro de Justicia interino, Andrés Idárraga, antes de entregarle el cargo a Jorge Iván Cuervo como jefe de cartera en propiedad, fue pedirle al Ministerio Público investigar las posibles responsabilidades disciplinarias de los funcionarios de la hidroeléctrica en el caos de la población caribeña.
La cifra total de víctimas ronda las 254.000, de acuerdo con datos que la Gobernación, al mando de Erasmo Zuleta, le ha reportado al Gobierno nacional. El 80% de los municipios, veinticuatro de treinta, está perjudicado. Diecisiete personas han muerto.
El rastro de ruina de las precipitaciones no hace a un lado a los despachos judiciales. De acuerdo con un censo de la Rama Judicial, 127 funcionarios del sector han tenido que evacuar sus casas forzosamente o se encuentran en riesgo de hacerlo.