En Santa Marta inició una jornada de recolección de firmas con la que se busca reunir el respaldo de más de 50.000 ciudadanos para exigir soluciones a la crisis de abastecimiento de agua potable en la ciudad.
La iniciativa, impulsada por la exsuperintente del Gobierno anterior María José Navarro, pretende defender los $786.000 millones que, según ella, dejó asegurados el presidente Gustavo Petro para atender la problemática, así como exigir la ejecución del proyecto de las plantas desalinizadoras.
“Hoy convocamos a los samarios y las samarias a que nos acompañen en las calles. Saldremos a recoger más de 50.000 firmas para exigir que el Gobierno garantice los $786.000 millones que dejó asegurados el Gobierno de Gustavo Petro y que se ejecute el proyecto de las desalinizadoras”, manifestó la exfuncionaria.
Navarro sostuvo que la ciudad necesita una respuesta estructural frente a una situación que, según denunció, mantiene a miles de familias dependiendo de carrotanques para acceder al agua y cubrir necesidades básicas como cocinar, bañarse y lavar la ropa.
De acuerdo con sus declaraciones, en algunos sectores el agua llega apenas una vez por semana, mientras que otros barrios pueden permanecer durante meses sin un suministro regular.
“Necesitamos una solución pronta y definitiva a la crisis del agua en Santa Marta”, insistió Navarro, quien también cuestionó la falta de resultados frente a los estudios y las inversiones anunciadas durante los últimos años.
La exsuperintendente manifestó su preocupación por la incertidumbre que rodea la ejecución del proyecto de las desalinizadoras y pidió que las decisiones políticas no comprometan los recursos destinados a una infraestructura que considera estratégica para la capital del Magdalena.
“Estamos cansados de vivir así, de almacenar agua en baldes y de pagar las consecuencias de la incapacidad de nuestros gobernantes. Santa Marta no puede seguir mendigando agua. El agua es un derecho, no un favor de los políticos”, afirmó.
La jornada de recolección de firmas también busca respaldar una acción popular y promover la conformación de un Comité Cívico del Agua. Según la propuesta, este espacio permitiría a los ciudadanos participar en la vigilancia de los recursos públicos y hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las autoridades.