La Corte Constitucional le dio un plazo de 30 días al Gobierno Nacional para que explique los argumentos con los que solicitó aplazar la entrada en vigencia de la reforma pensional del 1 de abril de 2027 al 1 de abril de 2028. La petición fue presentada por el Ministerio de Hacienda y Colpensiones, que consideraron insuficiente el plazo inicial de seis meses para implementar los cambios.
Por otra parte, el alto tribunal rechazó la solicitud del Banco de la República para aclarar la sentencia sobre la reforma pensional, al considerar que la entidad no participó formalmente en el proceso dentro del plazo establecido. El Banco había advertido posibles contradicciones en el fallo y dudas sobre la entrada en vigencia de las normas previstas para el 1 de abril de 2027.
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