La Sala Plena de la Corte Constitucional aprobó la recusación contra el magistrado Héctor Carvajal, en medio de la discusión de la reforma pensional.
El togado, con cuatro meses en el alto tribunal, no podrá participar en el trámite que podría tumbar la norma.
El plenario ahora avanzará con la discusión de fondo de la reforma. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente del alto tribunal, es el ponente y pide que la Ley 2381 sea inexequible por vicios en su trámite.
El Congreso sostiene que no cometió irregularidades. Carvajal fue contratista de Colpensiones, la entidad que recibirá con la reforma todas las cotizaciones de las personas afiliadas al sistema pensional, y participó junto al Ministerio del Trabajo en la defensa de la reforma en tres expedientes ante la Corte.
"El magistrado recusado emitió, de manera reiterada y previa a su posesión, conceptos jurídicos sobre la constitucionalidad de la misma disposición legal que ahora pretende juzgar", indicó la senadora Paloma Valencia, una de las demandantes, en un oficio.
La Corte le había ordenado a Colpensiones enviar toda su información sobre Carvajal, incluyendo los contratos entre ambas partes y los pronunciamientos que llegaron a los procesos sobre la reforma. La administradora cumplió, pero Ibáñez no lo aprobó.
Ibáñez utilizó un formalismo técnico para rechazar la documentación y le pidió a Colpensiones reenviar los archivos sin ninguna alteración, porque había capturas de pantalla, formatos que cambiaban su estructura y contenido que no era original.
Para Carvajal, Ibáñez creó "un procedimiento no establecido en la ley" y desconoció el principio de buena fe, según una carta que le envió al jefe del alto tribunal mostrando su "enérgica protesta por la forma como se viene tramitando la recusación".
Los ocho magistrados que quedan en la Sala Plena seguirán adelante con la deliberación sobre la ponencia que dice que la Cámara, al votar dos veces por el mismo texto del Senado sin ahondar en la reforma como tal, vició la normativa.
Si la votación en la Corte queda con cuatro votos iguales, la Sala tendrá que sumar a un conjuez que sustituya a Carvajal. La Ley 2381, que no ha entrado en vigencia porque la Corte la suspendió en junio, enfrenta 85 demandas en total.