La Sociedad de Activos Especiales (SAE) reconoció que las familias damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto no fueron responsables de las posibles irregularidades administrativas en la entrega de inmuebles a la Policía Nacional. Sin embargo, La FM confirmó mediante testimonios que 14 familias de Pereira ya desocuparon las propiedades antes del plazo establecido por la entidad y tuvieron que conseguir alojamiento por sus propios medios.
El reconocimiento aparece en una respuesta de 16 páginas enviada a La FM el 13 de noviembre, después de que este medio revelara la situación de aproximadamente 116 familias afectadas por el terremoto en Pereira y Cali, que denunciaron solicitudes para devolver las viviendas recibidas tras la emergencia.
La SAE explicó que las propiedades fueron entregadas a la Policía Nacional mediante un procedimiento de custodia utilizado por la administración anterior, el cual, según la entidad, no cumplía los requisitos establecidos para destinar temporalmente estos bienes a alojamiento.
No obstante, las familias de Pereira consultadas por La FM aseguran que recibieron las viviendas a través de los canales institucionales, que posteriormente les solicitaron devolverlas y que no recibieron una alternativa de reubicación.
SAE reconoce que las familias no fueron responsables del trámite administrativo
Uno de los principales hallazgos de la respuesta oficial está relacionado con la responsabilidad de los damnificados en el procedimiento cuestionado.
Ante la pregunta de La FM sobre si los beneficiarios incurrieron en alguna irregularidad, la entidad respondió:
“Las familias beneficiarias no son consideradas responsables de las posibles irregularidades que se hubieren presentado durante el proceso de recepción y posterior ocupación de los inmuebles”.
La SAE explicó que los hogares actuaron amparados en el principio de confianza legítima, al considerar que los procedimientos realizados por las instituciones cumplían los requisitos legales.
Sin embargo, la entidad sostuvo que la figura de custodia no está contemplada como un mecanismo autónomo de administración de los bienes del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO).
De acuerdo con su explicación, la destinación provisional de estos inmuebles requiere una resolución motivada y el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Ley 1708 de 2014 y sus normas reglamentarias.
La SAE señaló que identificó las dificultades administrativas durante octubre, cuando la Policía Nacional solicitó ampliaciones de los plazos de entrega. Posteriormente, adelantó gestiones para recuperar los inmuebles y afirmó que mantiene coordinación con la Fiscalía General de la Nación para evaluar las actuaciones que correspondan.
La entidad argumentó que no podía permitir que continuara la ocupación de propiedades sin un instrumento jurídico que respaldara su utilización.
De esta manera, mientras la SAE sostiene que debía corregir el procedimiento administrativo, las familias de Pereira terminaron devolviendo las viviendas pese a que la propia entidad reconoce que no fueron responsables de las posibles irregularidades.
Las familias de Pereira entregaron las viviendas antes del 15 de noviembre
Según la información conocida por La FM, las 14 familias de Pereira que denunciaron su situación entregaron las propiedades antes del 15 de noviembre, fecha límite establecida por la SAE.
Los afectados aseguran que consiguieron alojamiento por sus propios medios, sin que se les hubiera asignado otra vivienda para continuar su proceso de recuperación después del terremoto.
La situación se produjo después de que, según los testimonios recogidos por este medio, las familias recibieran solicitudes para abandonar las propiedades lo antes posible.
La SAE, por su parte, aseguró que no impartió instrucciones directas de desocupación a los hogares y que tampoco identificó una orden posterior a las publicaciones de La FM para acelerar la devolución.
La entidad explicó que las comunicaciones fueron dirigidas a la Policía Nacional, institución encargada de distribuir los inmuebles entre sus funcionarios y de transmitir la información a las familias.
Cabe recordar que una parte importante de los damnificados está vinculada a la Policía Nacional. Algunos afectados solicitaron mantener su identidad bajo reserva por temor a posibles represalias institucionales, traslados o separación de sus núcleos familiares.
SAE confirma tres prórrogas, pero desconoce si las familias fueron notificadas
Otro de los puntos aclarados en la respuesta oficial corresponde a las fechas de entrega y devolución de los inmuebles.
La SAE informó que las propiedades fueron entregadas a la Policía Nacional los días 13, 18 y 20 de agosto de 2026, con autorizaciones temporales de 60 días. Los vencimientos iniciales se establecieron para el 12, 17 y 19 de octubre.
Posteriormente, la entidad identificó tres ampliaciones:
- El 14 de octubre concedió cinco días hábiles adicionales.
- El 16 de octubre amplió el plazo hasta el 31 de octubre.
- El 22 de octubre estableció el 15 de noviembre como fecha límite de restitución.
Sin embargo, ante las preguntas de La FM, la SAE reconoció que no cuenta con información directa para establecer cuándo fueron notificadas individualmente las familias ni con los soportes de esas comunicaciones.
Los damnificados consultados por este medio sostienen que nunca fueron informados de las tres ampliaciones y que, durante una reunión realizada el 9 de octubre, les comunicaron que tenían aproximadamente 20 días para desocupar.
La SAE indicó que no encontró en sus registros una comunicación institucional del 9 de octubre con esa instrucción y sostuvo que las notificaciones debían ser canalizadas por la Dirección de Infraestructura de la Policía Nacional.
Aunque la entidad identificó los tres oficios mediante los cuales concedió las prórrogas, no entregó sus copias íntegras, argumentando que contienen información relacionada con bienes vinculados a procesos de extinción de dominio sujetos a reserva legal.
SAE estudia 74 registros inmobiliarios para Pereira, pero las familias desconocen el proceso
En la respuesta enviada a La FM, la SAE informó que adelanta con la Alcaldía de Pereira el estudio de viabilidad administrativa de 74 folios de matrícula inmobiliaria para una posible destinación provisional destinada a atender a la población afectada por el terremoto.
Un folio de matrícula inmobiliaria es el registro que identifica jurídicamente una propiedad. Por lo tanto, los 74 folios mencionados no equivalen necesariamente a 74 viviendas disponibles ni representan una asignación efectiva a las familias.
La entidad señaló que estos bienes fueron objeto de visitas técnicas realizadas conjuntamente con el Ministerio de Vivienda.
Sin embargo, las 14 familias de Pereira que ya entregaron las propiedades aseguran que no conocen ese proceso, que ninguna institución les ha informado sobre una posible asignación y que tuvieron que resolver su alojamiento sin recibir una alternativa de la SAE.
La respuesta también incluye un inventario de 291 folios inmobiliarios identificados en diferentes municipios, entre ellos 198 en Cali y 19 en Pereira.
La SAE no explicó cómo se relacionan esos 19 registros inicialmente identificados en Pereira con los 74 que posteriormente menciona como objeto de estudio.
Además, señaló que, dentro del mecanismo especial habilitado para atender la emergencia, únicamente la Alcaldía de Cali había presentado una solicitud oficial de inmuebles.
Cali tiene 24 inmuebles asignados, pero su entrega material sigue pendiente
En el caso de Cali, la SAE confirmó que mediante la Resolución 1247 del 29 de septiembre de 2026 aprobó la destinación provisional de 24 inmuebles urbanos para atender a damnificados.
De acuerdo con el documento, el proyecto está dirigido a 25 hogares, que representan aproximadamente 96 personas.
Sin embargo, la entidad reconoció que la entrega material de las propiedades estaba pendiente de la constitución de las pólizas y garantías exigidas a la Alcaldía de Cali.
La resolución, conocida por La FM, incluye casas, apartamentos y un bien clasificado como garaje, por lo que todavía debe precisarse cuántas propiedades pueden utilizarse efectivamente como alojamiento.
La SAE aclaró que estos 24 inmuebles corresponden a un procedimiento diferente del adelantado con la Policía Nacional para la restitución de 14 propiedades.
También indicó que no dispone de una cifra verificada sobre el número total de familias de policías que recibieron alojamiento temporal.
Por ahora, La FM no ha podido establecer si las familias de Cali involucradas en las denuncias iniciales ya entregaron las viviendas ni cuáles son sus condiciones actuales de alojamiento.
SAE reconoce que no tiene un procedimiento diferenciado para familias vulnerables
La respuesta también abordó las condiciones de los hogares que recibieron alojamiento después del terremoto.
Entre los afectados identificados por La FM hay menores de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad que requieren condiciones particulares de vivienda.
Sin embargo, la SAE reconoció que no cuenta con una caracterización de esta población, debido a que las viviendas fueron entregadas a la Policía Nacional y fue esa institución la encargada de asignarlas a las familias.
Al preguntarle si existe un procedimiento diferenciado para hogares con personas con discapacidad, menores de edad u otras condiciones que requieren atención particular, la entidad respondió:
“No, actualmente la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. no cuenta con un procedimiento diferenciado al respecto”.
La SAE precisó que no ha anunciado ni adoptado una decisión formal de efectuar desalojos y que, si llegara a adelantarse una actuación de esa naturaleza, deberá garantizar el debido proceso y examinar las circunstancias de especial protección constitucional.
También indicó que, cuando corresponda, podrán intervenir las alcaldías, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las personerías y la Defensoría del Pueblo.
Familias tampoco recibirán devolución de los recursos invertidos en las viviendas
Otro de los cuestionamientos presentados por La FM estaba relacionado con los gastos que asumieron los damnificados para adecuar los inmuebles.
Según los testimonios recogidos, algunas familias utilizaron recursos propios para reconectar servicios públicos, realizar reparaciones y acondicionar las propiedades que recibieron después del terremoto.
Frente a esta situación, la SAE respondió que no cuenta con competencia legal ni disponibilidad presupuestal para reconocer o reembolsar esos gastos.
La entidad explicó que las condiciones de utilización de los inmuebles contemplan que los ocupantes o responsables de su administración temporal asuman los costos relacionados con servicios públicos, mantenimiento y conservación.
Por lo tanto, descartó que exista un mecanismo a su cargo para devolver las inversiones realizadas por las familias.
La SAE señala a otras entidades como responsables de la reubicación
Finalmente, la Sociedad de Activos Especiales sostuvo que la caracterización, atención humanitaria y reubicación de los damnificados corresponden a las alcaldías, las autoridades territoriales, la Policía Nacional y los organismos encargados de la gestión del riesgo, según sus respectivas competencias.
La entidad explicó que su función consiste en evaluar y poner a disposición los bienes que cumplan las condiciones jurídicas, técnicas y administrativas para atender la emergencia.
También confirmó que las familias no participaron en la reunión del 23 de octubre, en la que representantes de la SAE y la Policía Nacional abordaron la restitución de los inmuebles.
En cuanto a nuevas ampliaciones del plazo, la entidad respondió que no contemplaba conceder otra prórroga porque debía corregirse la irregularidad administrativa.
De esta manera, la respuesta oficial deja dos situaciones: por un lado, la SAE reconoce que las familias actuaron de buena fe y que no fueron responsables de los problemas en el procedimiento de entrega; por otro, sostiene que era necesario recuperar los inmuebles para cumplir los requisitos legales.
En Pereira, las 14 familias consultadas por La FM ya entregaron las viviendas y consiguieron alojamiento por sus propios medios, mientras los 74 registros inmobiliarios que la SAE afirma estar estudiando todavía no representan una solución habitacional asignada a esos hogares.
La situación de las demás familias denunciantes, particularmente en Cali, continúa pendiente de verificación.
¿Por qué la SAE solicitó la devolución de las viviendas entregadas a los damnificados?
La SAE explicó que la administración anterior entregó temporalmente los inmuebles a la Policía Nacional mediante una figura de custodia que, según la entidad, no cumplía los requisitos legales para destinarlos a vivienda. Por esa razón, solicitó su restitución para corregir el procedimiento administrativo. Sin embargo, reconoció que las familias no fueron responsables de las posibles irregularidades.
¿Qué pasó con las 14 familias damnificadas de Pereira?
Según los testimonios conocidos por La FM, las 14 familias entregaron las viviendas antes del 15 de noviembre de 2026 y consiguieron alojamiento por sus propios medios. Los afectados aseguran que no recibieron una alternativa habitacional y que desconocen el proceso de evaluación de 74 registros inmobiliarios que la SAE adelanta para una posible destinación provisional en Pereira.
¿Qué pasó con las tres prórrogas anunciadas por la SAE?
La SAE confirmó que concedió tres ampliaciones a la Policía Nacional: el 14 de octubre por cinco días hábiles, el 16 de octubre hasta el 31 de octubre y el 22 de octubre hasta el 15 de noviembre. Sin embargo, reconoció que no tiene soportes para establecer cuándo fueron notificadas individualmente las familias. Los afectados consultados por La FM aseguran que nunca recibieron información sobre esas ampliaciones.
¿Cuántas viviendas tiene la SAE para atender a los damnificados en Pereira y Cali?
La SAE informó que estudia la viabilidad administrativa de 74 folios de matrícula inmobiliaria en Pereira, pero esto no significa que sean 74 viviendas disponibles o asignadas. En Cali aprobó la destinación provisional de 24 inmuebles para beneficiar potencialmente a 25 hogares, equivalentes a 96 personas. Según la respuesta oficial del 13 de noviembre, su entrega material estaba pendiente de las garantías exigidas a la Alcaldía.