El abogado Jaime Granados afirmó que Santiago Uribe Vélez continúa en libertad y que no existe ninguna medida de aseguramiento en su contra, al explicar, en entrevista con La FM, que la defensa interpondrá una impugnación especial contra la decisión del Tribunal Superior de Antioquia que revocó la absolución en primera instancia.
¿Qué implica la impugnación especial en el caso de Santiago Uribe?
Granados señaló que la decisión del tribunal fue recibida con “sorpresa” y “profunda decepción”, aunque precisó que siempre han sostenido que las decisiones judiciales deben ser acatadas. Explicó que el equipo que lidera presentará la impugnación especial, un recurso ordinario que, según dijo, permite que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia revise la sentencia condenatoria emitida en segunda instancia. Indicó que este mecanismo es distinto de la casación, pues “equivale a una apelación contra la decisión que por primera vez condena”, y que la corte deberá estudiarlo en cumplimiento del derecho a la doble conformidad.
El abogado sostuvo que el caso tiene más de 30 años y que desde sus inicios se han utilizado elementos documentales y testimoniales bajo reserva de identidad, en el marco de la Ley 600. Mencionó como ejemplo al expolicía Alexander Amaya Vargas, uno de los cuatro testigos señalados como fundamento de la decisión del tribunal, junto con Juan Carlos Meneses Quintero, Juan de Jesús Agudelo y Eunicio Pineda Luján. Granados sostuvo que en la primera instancia se había demostrado que “cada uno de esos testigos mintió”, lo que llevó a la absolución inicial.
Según el abogado, la sentencia incluye errores que, a su juicio, serán expuestos ante la Corte Suprema. Afirmó que en la valoración de uno de los cargos aparece de manera reiterada el nombre “Alexander Amaya Sánchez”, distinto al del testigo mencionado, lo que describió como un indicio de una redacción no uniforme. Añadió que la decisión de segunda instancia se basa en “pruebas puramente contextuales” que, indicó, no tendrían valor suficiente para desvirtuar lo analizado por el juez de primera instancia.
Granados cuestionó la afirmación de que los testimonios debieron valorarse de manera conjunta, explicando que esa postura se traduce en lo que denominó “la teoría del tuerto”, al señalar que si cada testigo presentó contradicciones, no podría suponerse que en conjunto adquieran validez. Indicó que estos argumentos serán detallados en la sustentación del recurso.
¿Qué escenarios estudia la Corte Suprema en este proceso?
El abogado explicó que existen tres posibles escenarios en la Corte Suprema tras la presentación del recurso: que se revoque la sentencia en su totalidad y se restablezca la absolución; que se modifique parcialmente y se mantenga uno de los cargos; o que se confirme íntegramente la decisión del tribunal. Insistió en que la defensa confía en que la corte analice los planteamientos relacionados con lo que describió como “errores profundos” en la valoración probatoria.
Granados afirmó que la libertad de Santiago Uribe no tiene restricciones. Señaló que “no hay ninguna medida de aseguramiento” y que él “está en libertad plena”, con autorización para desplazarse dentro o fuera del país. Añadió que Uribe siempre ha atendido los llamados judiciales y que incluso se presentó voluntariamente cuando estuvo privado de la libertad en años anteriores.
Al ser consultado sobre posibles conexiones entre los procesos de Santiago Uribe y el del expresidente Álvaro Uribe, respondió que prefería no entrar en especulaciones, aunque dijo que le llamaba la atención la “secuencia” temporal entre las decisiones judiciales. Sostuvo que la sentencia de segunda instancia dedica 307 páginas al caso, de las cuales el 80% se enfoca en el cargo de concierto para delinquir y el 20% en homicidio agravado, y reiteró que la defensa considera que existe un “sesgo” que será expuesto en la impugnación.