La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, anunció públicamente la presentación de una acción de nulidad contra ese fallo judicial, asegurando que la decisión pone en riesgo los derechos de los futbolistas y podría terminar favoreciendo la impunidad frente a prácticas anticompetitivas en el fútbol profesional colombiano.
A través de un video publicado en redes sociales, Rusinque sostuvo que la Corte Constitucional incurrió en graves errores jurídicos y fácticos al dejar sin piso una actuación administrativa que, según explicó, había demostrado restricciones indebidas a la libre competencia.
"A través de un fallo que presenta notables inconsistencias en sus presupuestos fácticos y jurídicos, una sala de revisión de la corte constitucional decidió amparar los derechos fundamentales de la ley mayor", dijo la funcionaria y explicó que "esta decisión deja sin efectos las actuaciones de esta superintendencia en un proceso en el que se acreditó la existencia de prácticas restrictivas de la competencia con repercusiones adversas sobre la calidad del fútbol colombiano, los derechos de los jugadores y las reglas de juego limpio en ese mercado".
Superintendencia sancionó a la Dimayor y a varios clubes
Frente a este caso, hay que recordar que los hechos se remontan a octubre de 2025, cuando la Superintendencia sancionó a la Dimayor y a varios clubes por implementar mecanismos que, presuntamente, limitaban la libertad de los jugadores para cambiar de equipo o negociar contratos de manera libre.
Para la SIC, estas prácticas no eran simples irregularidades administrativas. Según la entidad, afectaban directamente la carrera profesional de los futbolistas, alteraban las reglas del mercado deportivo y golpeaban el principio de juego limpio dentro del fútbol colombiano.
Sin embargo, una sala de revisión de la Corte Constitucional decidió tumbar esas actuaciones argumentando que existió un supuesto exceso ritual manifiesto, relacionado con una prueba solicitada por la Dimayor y que, según el alto tribunal, no habría sido valorada correctamente.
"Logramos sancionar estas conductas reprochables bajo el mandato constitucional de proteger la libre competencia. Sin embargo, la corte constitucional nos ordenó retrotraer la actuación administrativa", dijo la funcionaria.
No tenía utilidad para el proceso
Pero la Superintendencia rechaza esa interpretación. En el video referido, Cielo Rusinque aseguró que dicha prueba sí fue analizada técnicamente y que se concluyó, desde el punto de vista jurídico, que no tenía utilidad para el proceso.
La funcionaria incluso cuestionó la manera en que se conoció la decisión. Señaló que el fallo comenzó a circular informalmente en medios de comunicación antes de que la entidad fuera notificada oficialmente. Además, criticó que la Corte otorgara apenas 48 horas para desmontar una investigación que tomó años de trabajo técnico y administrativo.
"Resulta desconcertante que mientras el fallo circulaba de manera informal en medios, la superintendencia solo fuera vinculada mediante notificación oficial el fin del día de ayer", dijo la superintendente y siguió: "Ahora se impone un término perentorio de 48 horas para desmantelar años de instrucción técnica".
Según Rusinque, la Dimayor agotó todos los recursos procesales disponibles y luego acudió a una tutela que ya había sido rechazada tanto por el Tribunal Superior de Bogotá como por la Corte Suprema de Justicia.
¿Corte podría terminar anulando completamente la capacidad sancionatoria del Estado?
De acuerdo con lo dicho por Rusinque, la decisión de la Corte Constitucional podría terminar anulando completamente la capacidad sancionatoria del Estado en este caso y abrir la puerta a la caducidad de las facultades de la Superintendencia.
La superintendente fue más allá y aseguró que esta decisión no protege realmente el derecho a la defensa, sino que, en la práctica, podría conducir a la impunidad de conductas que afectan la libre competencia económica.
"Hoy, la corte constitucional adoptó una decisión que realmente no está protegiendo el derecho de defensa, que en la práctica nunca se violó. Realmente, la providencia de la corte constitucional terminará por llevar a la impunidad una conducta anticompetitiva que no solo viola la libre competencia económica, sino que afecta el desarrollo profesional de los jugadores de fútbol y el deporte en sí mismos", dijo.
Críticas históricas sobre el manejo del fútbol profesional
Tras lo dicho por la superintendente, hay que señalar que el debate no solo toca aspectos legales. También revive las críticas históricas sobre el manejo del fútbol profesional colombiano y las dificultades que muchos jugadores enfrentan para negociar libremente su futuro deportivo.
En su pronunciamiento, Rusinque envió además un mensaje directo a los futbolistas y a sus organizaciones, asegurando que la Superintendencia no los dejará solos en la defensa de sus derechos laborales y deportivos.
Por ahora, la acción de nulidad ya fue presentada y será la propia Corte Constitucional la que deba decidir si mantiene o revisa el fallo que hoy genera una nueva tormenta jurídica alrededor del fútbol colombiano.