El Juzgado 15 Laboral del Circuito de Barranquilla ordenó a la Universidad Autónoma del Caribe pagar $7.586 millones a favor de Silvia Beatriz Gette Ponce y sus hijos, por diferencias pensionales acumuladas y debidamente indexadas entre diciembre de 2016 y abril de 2026.
La decisión también contempla el embargo y secuestro de los recursos que la institución tenga o llegue a tener depositados, como parte del proceso para garantizar el cumplimiento de la obligación.
El conflicto se remonta a 2015, cuando un juzgado reconoció el derecho de Gette a recibir la pensión que correspondía a su entonces pareja, Mario Ceballos Araújo, quien fue rector de la Universidad Autónoma del Caribe.
Posteriormente, durante la rectoría de Ramsés Vargas, la Universidad demandó el reconocimiento pensional.
En segunda instancia, el Tribunal Superior de Barranquilla modificó el valor de la mesada y ordenó reducirla de 96 millones a 47 millones de pesos mensuales.
No obstante, el Juzgado 15 Laboral precisó que la nueva reclamación no busca desconocer la devolución ordenada anteriormente, sino cobrar las mesadas y diferencias por reajustes que, según el despacho, dejaron de pagarse desde 2017.
El Tribunal Superior había establecido que la pensión debía reajustarse automáticamente en el 100 % de los incrementos salariales correspondientes al cargo de rector.
Resolución
Pero, según el juzgado, a partir de 2018 la Universidad redujo el salario del cargo de rector, argumentando la crisis administrativa. Para el despacho judicial, la orden establecía reajustes cuando existieran aumentos en el salario del rector, pero no autorizaba disminuir la mesada cuando la remuneración del cargo bajara.
De acuerdo con la decisión, una prestación económica definida mediante sentencia no puede ser modificada unilateralmente por una de las partes.
A partir de esa interpretación, el Juzgado 15 Laboral ordenó el pago.
Gette volvió a la rectoría
Silvia Gette Ponce dejó la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe en 2013, en medio de procesos judiciales y de una posterior crisis administrativa en la institución.
Néstor Segundo Primera, juez segundo penal municipal con función de control de garantías, decidió restablecer los derechos de Silvia Gette Ponce para que asuma nuevamente la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe, en Barranquilla. El despacho concluyó que su reemplazo en 2013 se produjo mediante actuaciones presuntamente ilegales y contrarias a los estatutos de la institución.
El fallo determinó que la designación de un nuevo rector, ocurrida mientras Gette se encontraba en licencia, estuvo rodeada de irregularidades que invalidarían las decisiones adoptadas en ese proceso.
"Se restablezca el derecho no solo a favor de la señora Silvia Beatriz Gette Ponce, en calidad de rectora en propiedad, sino a su vez de los órganos de control vigentes para el 20 de mayo de 2013: la Sala General, el Consejo Directivo y los estatutos vigentes para esa fecha", sentenció el juez durante la audiencia.
Según el acta 825 del Consejo Directivo, Gette había obtenido una licencia remunerada por seis meses a partir del 11 de febrero de 2013. De acuerdo con el artículo 40 de los estatutos, el encargado de asumir la rectoría temporalmente debía ser el vicerrector, Mariano Romero Ochoa. El juez reiteró que esta era la única vía legal para suplir la ausencia de la rectora.
Claves del tema en cuatro preguntas:
¿Cuánto dinero ordenó pagar la justicia a Silvia Gette y sus hijos?
El Juzgado 15 Laboral del Circuito de Barranquilla ordenó a la Universidad Autónoma del Caribe pagar $7.586 millones, por diferencias pensionales acumuladas entre diciembre de 2016 y abril de 2026.
¿Por qué se originó la deuda pensional?
Según el juzgado, la Universidad dejó de pagar desde 2017 algunas diferencias por reajustes de la pensión. El despacho sostuvo que la mesada debía ajustarse conforme a los incrementos salariales del cargo de rector y que no podía reducirse unilateralmente cuando bajara esa remuneración.
¿Qué medidas ordenó el juzgado para garantizar el pago?
La decisión contempla el embargo y secuestro de los recursos que la Universidad tenga o llegue a tener depositados, con el propósito de garantizar el cumplimiento de la obligación económica.
¿Qué decisión judicial permitió el regreso de Silvia Gette a la rectoría?
Un juez penal municipal con función de control de garantías ordenó restablecer los derechos de Silvia Gette Ponce para que asumiera nuevamente la rectoría. La decisión cuestionó el procedimiento mediante el cual fue reemplazada en 2013, cuando se encontraba en licencia.