El proyecto Aerocafé entró en fase de construcción con el inicio de la Pista Etapa I del Aeropuerto del Café, obra que tendrá una inversión de $634.275 millones y que, según el Gobierno, se ejecutará sin anticipos al contratista.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó que el contrato para la construcción de la pista de 1.460 metros fue adjudicado al Consorcio Aeropuerto del Café SK, tras un proceso que comenzó en agosto de 2025 y concluyó en diciembre con la firma del contrato.
Llamado a la responsabilidad y sin anticipos
“Hoy Aerocafé es una realidad en obra. La pista ya está en ejecución y lo hace bajo un principio claro: responsabilidad con los recursos públicos. Aquí no hubo anticipos al momento de la firma”, afirmó la ministra Rojas.
Añadió que "el contratista inició la preconstrucción con recursos propios y cada desembolso estará condicionado al cumplimiento de hitos técnicos verificables"
De acuerdo con lo establecido en el contrato, durante la fase inicial no se entregarán anticipos. Cualquier eventual desembolso solo podrá evaluarse hacia 2027 y estará sujeto al cumplimiento de metas técnicas y contractuales, según explicó el ministerio.
El proyecto ha sido presentado por el Gobierno como estratégico para la conectividad del Eje Cafetero. La ministra señaló que se trata de una iniciativa prioritaria del presidente e hizo un llamado a la ciudadanía para que ejerza vigilancia sobre la ejecución.
Aerocafé, bajo cuestionamiento por cambios en licitación
Sin embargo, el proyecto Aerocafé ha estado en la mira por presuntas modificaciones a las reglas iniciales de la licitación.
Aunque en agosto de 2025 la Aeronáutica Civil anunció un manual sin anticipos y con mayores restricciones para los contratistas, semanas después se aprobaron ajustes que incluyeron anticipos y la eliminación de algunas barreras.
El presidente Gustavo Petro aseguró públicamente que la obra no tendría anticipo, pese a que ya se habían autorizado cambios en ese sentido. Audios atribuidos al entonces gerente Fernando Merchán evidencian discusiones internas sobre esas decisiones.
Las investigaciones señalan que no se trataría solo de diferencias técnicas, sino de decisiones que modificaron las condiciones del proceso en un contrato que supera los 600.000 millones de pesos.