ALTERPRO expresa su preocupación por la sostenibilidad de la industria legal en el marco del Estado de Emergencia Económica

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Contenido patrocinado Asociación de Empresas de Productos Alternativos Libres de Combustión Crédito: Pexels.

ALTERPRO – Asociación de Empresas de Productos Alternativos Libres de Combustión – manifiesta su preocupación frente a la declaratoria de Estado de Emergencia Económica por parte del Gobierno Nacional.

A juicio de la Asociación, la situación fiscal alegada como fundamento de esta decisión no satisface los requisitos exigidos por la Constitución Política, en particular aquellos relacionados con la existencia de hechos sobrevinientes, extraordinarios o imprevisibles.

La coyuntura que enfrenta el país corresponde a un problema estructural y crónico, derivado de decisiones de política fiscal ampliamente conocidas y advertidas, y no a un acontecimiento excepcional que altere de manera súbita el orden económico.

En relación con la eventual imposición de nuevos impuestos a los productos alternativos libres de combustión, la posición de la industria ha sido clara y ha sido expuesta de forma reiterada en los distintos escenarios democráticos e institucionales. Este sector constituye un mercado con una dinámica particular que enfrenta desafíos significativos

en materia de informalidad y contrabando, y se encuentra además bajo un marco regulatorio reciente cuya implementación aún no completa un año de vigencia.

El esquema tributario propuesto para la categoría de nicotina, conocido en el borrador de decreto circulado en la opinión pública, resulta desproporcionado, antitécnico y desconoce las buenas prácticas internacionales que fomentan la formalización de este mercado emergente y el fortalecimiento tributario de las regiones.

Por otro lado, estas medidas tributarias desproporcionadas comprometerían la sostenibilidad de la industria legal mediante el fortalecimiento de un mercado ilegal en beneficio único del financiamiento del crimen organizado.

ALTERPRO reitera su llamado al respeto de la Constitución y manifiesta su confianza en los controles judiciales como garantía del orden democrático.


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