La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) solicitó a la Corte Constitucional la adopción de medidas urgentes, entre ellas la suspensión provisional, frente a una eventual declaratoria de emergencia económica anunciada por el Gobierno tras el archivo del proyecto de ley de financiamiento en el Congreso.
En una carta enviada a los magistrados, la ANDI advirtió que existe el riesgo de que el Ejecutivo expida el decreto de emergencia durante el período de vacancia judicial, lo que limitaría una respuesta oportuna de la Corte. Según el gremio, esa situación podría derivar en la imposición de nuevas obligaciones tributarias sin que se cumplan los requisitos constitucionales.
“La imposibilidad de que la Corte responda de forma célere podría significar la afectación de los derechos de un gran número de contribuyentes”, señaló la ANDI, al advertir sobre una “vulneración inminente de contenidos constitucionales”.
No hay hechos sobrevinientes
El gremio empresarial aseguró que no existe un hecho sobreviniente que habilite al Gobierno para acudir a un estado de excepción, como lo exige el artículo 215 de la Constitución y la ley estatutaria de estados de excepción.
Según la ANDI, los argumentos expuestos por el ministro de Hacienda —como el aumento de los costos de la deuda, las deudas del sector salud, el riesgo en los subsidios de energía, la falta de liquidez y la rebaja en la calificación crediticia— “tienen origen en acciones del mismo Gobierno y fueron completamente previsibles”.
También cuestionó que el archivo de la ley de financiamiento sea presentado como un hecho excepcional. “Dentro de las posibilidades previsibles de un debate democrático está que un proyecto sea modificado o no aprobado”, afirmó el gremio.
El déficit y el presupuesto de 2026
En su comunicación, la ANDI subrayó que el Presupuesto General de la Nación para 2026 asciende a $546 billones y que el faltante estimado por el Gobierno sería de $16 billones, equivalente al 2,9% del total.
“Un faltante equivalente al 2,9% no tiene una magnitud tal que justifique la declaratoria de un estado de emergencia económica”, señaló la asociación, al agregar que no existe claridad sobre impactos graves e inminentes en sectores específicos.
Mecanismos ordinarios y recaudo tributario
La ANDI recordó que la Ley Orgánica de Presupuesto contempla mecanismos ordinarios, como el aplazamiento o recorte de partidas, para enfrentar un presupuesto desfinanciado, por lo que consideró que no es “necesario, idóneo, ni proporcional” acudir a una emergencia económica.
Sobre la caída en el recaudo tributario, el gremio indicó que esta situación también era previsible, debido a la sobreestimación de ingresos y al aumento en las devoluciones de impuestos derivadas de mayores retenciones en la fuente.
Con estos argumentos, la ANDI pidió a la Corte Constitucional evaluar de manera anticipada el escenario y adoptar medidas que eviten, en su criterio, una declaratoria de emergencia económica sin sustento constitucional.