A través de un derecho de petición dirigido al presidente de la República, un ciudadano puso en conocimiento presuntas irregularidades en el convenio 280-DPS-2025 suscrito entre el Departamento para la Prosperidad Social y la Asociación Regional de Municipios del Caribe AREMCA.
En el documento se advierte que el contrato habría sido firmado con “maniobras y tráfico de influencias” y se solicita la intervención de las autoridades para revisar el uso de recursos en el programa de Redes de Seguridad Alimentaria (ReSA).
Más de 2.000 proyectos bajo la lupa de la Fiscalía
En paralelo, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) informó que en 2024 remitió a la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría y la Procuraduría un total de 2.094 proyectos con posibles irregularidades, tras un proceso de seguimiento técnico.
Estos proyectos presentan situaciones como contratos suspendidos, plazos vencidos o inconsistencias en su ejecución, lo que motivó su traslado a los organismos de control para su revisión. Dentro de ese universo, el DNP incluyó proyectos ejecutados por AREMCA.
Caso AREMCA y primeras decisiones judiciales
De acuerdo con la información conocida, 101 proyectos relacionados con AREMCA fueron priorizados en una primera fase de análisis, en la que la Fiscalía adoptó decisiones que derivaron en las primeras capturas. Este punto marca un avance dentro de las investigaciones y evidencia el alcance de los procesos en curso.
Dimensión del caso y seguimiento a otros proyectos
El volumen de proyectos remitidos y las decisiones adoptadas en los primeros casos reflejan la dimensión de las investigaciones en curso sobre el uso de recursos de regalías.
Además, las autoridades mantienen la revisión sobre otros proyectos que podrían involucrar a más entidades o personas, en el marco de las indagaciones que siguen abiertas.
Coordinación institucional y medidas
El DNP recordó que en 2025 se firmó un acuerdo de cooperación con la Fiscalía para “aunar esfuerzos institucionales, humanos, técnicos y logísticos” en la investigación de estos hechos.
También informó la creación, en febrero de 2026, de un grupo de tareas especiales para avanzar en la judicialización de posibles irregularidades.
Pronunciamiento del DNP
La directora del DNP, Natalia Irene Molina, señaló que los recursos públicos deben ser objeto de control.
“Los recursos que provienen de las regalías le pertenecen a las comunidades más vulnerables del país. Ninguna entidad ejecutora que bajo prácticas sospechosas esté administrando estos recursos puede estar exenta de investigaciones”, afirmó.
Asimismo, indicó que “quienes se roben estos recursos deben ser condenados” y reiteró que continuará el trabajo con los organismos de control.
Seguimiento a los recursos públicos
Mientras avanzan las investigaciones, tanto la denuncia sobre el convenio con Prosperidad Social como el reporte del DNP evidencian que las autoridades mantienen abiertas varias líneas de revisión sobre la ejecución de recursos públicos en distintas regiones del país.