Las comisiones económicas del Congreso avanzan en el trámite del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, en medio de las diferencias entre el Gobierno y los congresistas sobre la distribución de los recursos.
La ponencia para primer debate del Proyecto de Ley 152 de 2026 de la Cámara y 111 de 2026 del Senado mantiene como monto del Presupuesto General de la Nación para la próxima vigencia la suma de $634,952 billones. Ese monto ya fue aprobado por las comisiones económicas y, en esta etapa, la discusión se concentra en definir cómo se distribuyen los recursos entre los diferentes sectores y entidades del Estado.
El documento que acompaña la ponencia incorpora un pliego de modificaciones con movimientos entre sectores. El principal consiste en trasladar $2 billones del sector Hacienda hacia Salud y Protección Social.
Pero ese no es el único cambio. La ponencia también plantea una adición de $99.100 millones para Deporte y Recreación, $100.000 millones para la Rama Judicial y reducciones por $13.500 millones en Planeación, $170.000 millones en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y $15.600 millones en Transporte.
Los $2 billones que pasarían de Hacienda a Salud
El movimiento de mayor cuantía corresponde al sector Salud.
La ponencia señala que se trasladan $2 billones que estaban presupuestados en el sector Hacienda para incorporarlos al sector Salud y Protección Social.
El documento lo resume así: “Sector Hacienda: Se trasladaron $2 billones para el sector salud y protección social”. En el apartado correspondiente a Salud agrega que “se adicionan $2 billones que se encontraban presupuestados en el sector Hacienda”.
Esto significa que el cambio no aumenta el techo general del presupuesto. Los $2 billones hacen parte del mismo monto de $634,9 billones y simplemente cambian de sector dentro de la distribución presupuestal.
Este movimiento debe diferenciarse de los $2 billones adicionales para aseguramiento en salud que ya habían sido incluidos cuando el Gobierno reformuló el proyecto después de que el Congreso devolviera la primera versión.
En la reformulación presentada en agosto, el Gobierno explicó que había incorporado recursos adicionales para salud debido a las presiones sobre el costo del aseguramiento, entre ellas el envejecimiento de la población, los cambios en los perfiles de morbilidad, el aumento en los precios de medicamentos e insumos y la incorporación de nuevas tecnologías y servicios.
La ponencia señala que el proyecto inicial había contemplado un crecimiento nominal de 7,4% de la UPC y que el CARF había estimado una necesidad de crecimiento real cercana a 3,9%. Por esa razón, el Gobierno incorporó inicialmente $2 billones adicionales para este componente.
Ahora, el nuevo pliego plantea otro movimiento de $2 billones, esta vez desde Hacienda hacia Salud.
Deporte recibiría $99.100 millones adicionales
El segundo cambio corresponde al sector Deporte y Recreación.
La ponencia plantea una adición de $99.100 millones para ampliar los recursos destinados a actividades deportivas y recreativas.
El documento señala que parte de estos recursos estará orientada al apoyo de deportistas, incluyendo las llamadas “viejas glorias del deporte”, además de programas de formación y preparación de deportistas y actividades de alto rendimiento.
La ponencia explica que la asignación busca ampliar la capacidad de atención del sector y respaldar programas de deporte y recreación.
Este punto es diferente de varias de las proposiciones individuales que aparecen en el documento. Por ejemplo, dentro de las 615 proposiciones presentadas existe una solicitud para adicionar $50.000 millones al Ministerio del Deporte, pero esa propuesta aparece dentro del listado general de iniciativas y no debe confundirse con los $99.100 millones que efectivamente aparecen resumidos en el pliego de modificaciones de la ponencia.
Rama Judicial tendría $100.000 millones más
La Rama Judicial también aparece entre los sectores que recibirían recursos adicionales.
La ponencia contempla una adición de $100.000 millones para cubrir faltantes en los gastos de personal derivados del ajuste de la bonificación judicial previsto en la Ley 2594 de 2026.
El documento identifica expresamente esta modificación dentro del resumen sectorial del pliego.
Por lo tanto, no se trata de una solicitud individual de un congresista que quedó simplemente como proposición, sino de un cambio incorporado en las modificaciones que acompañan la ponencia para primer debate.
Planeación perdería $13.500 millones
En el otro lado de la distribución aparecen varios recortes.
El sector Planeación tendría una reducción de $13.500 millones.
De acuerdo con la ponencia, la disminución responde a un análisis sobre la viabilidad de proyectos de inversión programados para 2027.
La reducción hace parte de la reorganización de las apropiaciones y no modifica el monto total del PGN.
Recorte de $170.000 millones al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición
Uno de los movimientos que puede generar mayor discusión política es la reducción de $170.000 millones en el sector Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
La ponencia precisa que el recorte se distribuye así:
- $30.000 millones menos en funcionamiento.
- $140.000 millones menos en inversión.
- Total: $170.000 millones.
El documento explica que la medida corresponde a un ejercicio de racionalización y priorización del gasto ante las restricciones fiscales de 2027.
Al mismo tiempo, la ponencia deja una precisión: “se preservan los recursos requeridos para garantizar la operación y el cumplimiento de las funciones misionales de la JEP”.
Por ello, el dato debe presentarse como una reducción presupuestal del sector, no como la eliminación de recursos para el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Transporte tendría un recorte de $15.600 millones
El sexto movimiento sectorial corresponde a Transporte.
La ponencia plantea reducir $15.600 millones del proyecto de inversión de la Aeronáutica Civil relacionado con el Aeropuerto del Café.
Según el documento, la reducción obedece a una revisión de los aportes necesarios para 2027, teniendo en cuenta el flujo de recursos requerido para esa vigencia y el avance previsto de las obras.
Este ajuste tampoco representa una disminución del monto total del presupuesto, sino una modificación de la apropiación asignada dentro del sector.
En total, ¿qué muestran los cambios?
Los movimientos muestran que la ponencia está realizando una redistribución de recursos sin modificar el techo global de $634,9 billones.
En términos simples, el pliego contempla:
SectorModificación
Salud y Protección Social
+$2 billones
Deporte y Recreación
+$99.100 millones
Rama Judicial
+$100.000 millones
Hacienda
-$2 billones
Planeación
-$13.500 millones
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición
-$170.000 millones
Transporte
-$15.600 millones
La ponencia señala que estas modificaciones hacen parte del pliego que acompaña el informe para primer debate y que se mantienen sin aumentar el monto total del PGN 2027.
Las 615 proposiciones y la discusión con el Gobierno
Otro de los puntos centrales del documento es el número de proposiciones presentadas durante la discusión.
La ponencia registra 615 proposiciones, cuyas demandas de gasto ascienden a $111,6 billones.
Según el documento, el 66% corresponde a iniciativas que no tenían fuente de financiación o que comprometían recursos destinados a otras necesidades sectoriales. También se identificaron propuestas relacionadas con información ya disponible, asuntos regulados por normas vigentes, falta de unidad de materia e incompatibilidades con el régimen presupuestal.
La ponencia explica que las propuestas que recibieron aval del ministro de Hacienda fueron incorporadas al pliego de modificaciones, mientras que aquellas que no cumplieron las condiciones o que requerían un análisis adicional quedaron como constancia.
Aquí existe una precisión importante frente a las declaraciones entregadas este lunes por el senador Carlos Meisel.
Meisel, integrante de la subcomisión que estudia las propuestas, aseguró que el Gobierno no había avalado ninguna de las más de 600 proposiciones presentadas por congresistas y ministerios.
“El Gobierno anunció que no avala ninguna de ellas”, afirmó el senador.
Posteriormente explicó que el conjunto de propuestas implicaba recursos por alrededor de $120 billones: “tendríamos que estudiar unas muy puntuales a ver si sí podemos contar con el aval de ellos”.
La cifra que aparece en la ponencia es de $111,6 billones, mientras que Meisel habló de aproximadamente $120 billones. La diferencia debe atribuirse a las distintas referencias utilizadas en la discusión y no presentarse como si fueran necesariamente la misma medición.
Las modificaciones de la ponencia no equivalen a aprobar las 615 proposiciones
Esta distinción es importante para entender el estado del proyecto.
Las 615 proposiciones corresponden a las solicitudes formuladas durante la discusión parlamentaria. El pliego de modificaciones, en cambio, es el conjunto de cambios que los ponentes llevan formalmente al primer debate.
Por eso, no puede afirmarse que el Congreso haya aprobado las 615 propuestas.
Tampoco puede decirse que todos los cambios incluidos en la ponencia correspondan directamente a las proposiciones individuales de los congresistas.
De hecho, el propio documento separa el apartado de “Operaciones Presupuestales” del posterior “Listado de proposiciones presentadas”.
Esta diferencia también ayuda a explicar por qué, aunque Meisel afirmó que el Gobierno no había dado aval a las proposiciones, la ponencia sí contiene modificaciones concretas.
El monto de $634,9 billones ya está definido
La discusión actual no consiste en volver a votar si el presupuesto debe ser de $634,9 billones.
Las comisiones económicas aprobaron ese monto el 15 de septiembre. La aprobación permitió pasar a la discusión de la distribución de los recursos. La República reportó que las cuatro comisiones económicas aprobaron el monto y que el siguiente paso era discutir el articulado y la distribución sectorial.
La propia proposición final de los ponentes plantea establecer como monto definitivo la suma de $634.952.040.871.099, incluyendo las modificaciones del pliego.
La estructura general del presupuesto contempla alrededor de $393 billones para funcionamiento, $155,4 billones para servicio de la deuda y $86,9 billones para inversión, de acuerdo con los reportes publicados durante el trámite.
¿Por qué el presupuesto pasó de $575,9 a $634,9 billones?
El actual proyecto es la segunda versión del PGN 2027.
El Gobierno había presentado inicialmente un presupuesto por $575,9 billones, pero las comisiones económicas devolvieron el proyecto al Ministerio de Hacienda el 11 de agosto.
La ponencia explica que el proyecto inicial tenía un desfase de $20,7 billones frente al gasto primario previsto en el Plan Financiero del Marco Fiscal de Mediano Plazo y que incorporaba $30,2 billones de recursos contingentes cuya materialización dependía de una reforma tributaria.
Además, según el documento, el proyecto inicial no contemplaba de manera suficiente obligaciones relacionadas con pensiones, salud, universidades públicas, salarios de funcionarios y el FEPC.
Tras la devolución, el Gobierno presentó el 27 de agosto una nueva versión por $634,9 billones.
Uno de los mayores incrementos correspondió al servicio de la deuda, que aumentó $37,4 billones hasta llegar a $155,4 billones. La ponencia atribuye este aumento a vencimientos de deuda de corto plazo contratados a tasas elevadas.
El contexto fiscal detrás de la discusión
El debate sobre la distribución ocurre mientras el Gobierno plantea un ajuste fiscal para 2027.
La ponencia recoge que el Gobierno estima necesario un ajuste de alrededor de 2,2% del PIB, equivalente a unos $42 billones, para reducir el déficit primario y estabilizar la deuda.
Además, el Ejecutivo incorporó un programa de austeridad por $17,4 billones, compuesto principalmente por menores transferencias, reducción en compras de bienes y servicios y ajustes en proyectos de inversión considerados no prioritarios.
La ponencia recoge la posición del ministro de Hacienda de que “la austeridad es el único camino”, dentro de una estrategia que busca reducir el gasto y contener el endeudamiento.
El CARF, por su parte, ha advertido sobre el deterioro fiscal y la necesidad de una estrategia de consolidación. La ponencia recoge una proyección de déficit primario cercano a 4,5% del PIB para 2027 y una deuda neta estimada en 67,3% del PIB.
El plazo para aprobar el primer debate vence el 25 de septiembre
Con el monto general ya definido, las comisiones económicas tienen hasta el 25 de septiembre para aprobar el proyecto en primer debate.
Después deberá pasar a las plenarias de Senado y Cámara, donde se discutirá y votará por separado.
El calendario establece que las plenarias iniciarán la discusión en octubre y que el Congreso tendrá hasta el 20 de octubre para aprobar completamente el Presupuesto General de la Nación de 2027. La República también reportó estos plazos dentro del trámite del proyecto.
La discusión que se mantiene ahora es, por tanto, sobre la distribución del presupuesto y las modificaciones al articulado. El punto central de la ponencia es que el techo de $634,9 billones se mantiene, mientras se plantea redistribuir recursos entre sectores, con un traslado de $2 billones de Hacienda a Salud y movimientos adicionales en Deporte, Rama Judicial, Planeación, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y Transporte.