Asobancaria, el gremio que representa a la banca y las entidades financieras de Colombia, presentó la Agenda Financiera 2026-2030, un documento de 45 propuestas dirigido al gobierno de Abelardo de la Espriella, quien asumirá la Presidencia el 7 de agosto. El texto, liderado por el presidente del gremio, Jonathan Malagón, plantea cambios normativos y regulatorios organizados en cinco frentes: competitividad y profundización financiera, sostenibilidad ambiental y social, inclusión financiera y transformación digital, educación financiera, y seguridad.
El documento parte de un diagnóstico sobre el aporte del sector a la economía. Según cifras de Asobancaria, la intermediación financiera creció en promedio 4,8% en la última década, frente a un crecimiento del PIB de 2,5% en el mismo periodo, y contribuyó con la generación de 450.000 empleos formales. El gremio calcula que por cada peso que genera el sector financiero, el PIB total del país aumenta 3,6 pesos, según datos del DANE. Asimismo, señala que 37,7 millones de colombianos, equivalentes al 96,9% de la población adulta, tienen al menos un producto financiero.
La tarifa de renta, el punto central
El eje que atraviesa buena parte del documento es tributario. Con la expedición del Decreto 1390 de 2025, en el marco de la emergencia económica, la tarifa del impuesto de renta para el sector financiero se elevó al 50%. Asobancaria sostiene que esa tarifa "se ubica como la más elevada" a nivel mundial, "superando las aplicadas en Bangladesh, Papúa Nueva Guinea y Brasil, y ubicándose al mismo nivel que la vigente en las Islas Comoras". En el contexto nacional, el gremio afirma que el sector financiero está "ocupando el primer lugar entre las actividades económicas con la tarifa de renta más alta, en un nivel equivalente al del sector minero".
Al sumar el impuesto de renta, el IVA y el impuesto de industria y comercio, Asobancaria calcula que el llamado Government Take —la proporción de las utilidades que se destina al pago de impuestos— asciende a 55,3%, lo que en la práctica significa que las utilidades del sector durante siete de los doce meses del año se destinan al cumplimiento de obligaciones tributarias.
El gremio presentó un ejercicio de simulación según el cual, si la tarifa de renta se ajustara al promedio de la OCDE (25,8%), la tasa promedio de los créditos bancarios podría reducirse en más de 173 puntos básicos, la cartera crecería 1,8 puntos porcentuales adicionales y cerca de 250.000 personas adicionales podrían acceder al sistema financiero. En contraste, con la tarifa actual del 50%, Asobancaria anticipa un aumento de 107 puntos básicos en las tasas de colocación, una reducción de 1,1 puntos porcentuales en el crecimiento de la cartera y la salida de cerca de 153.000 personas del sistema financiero formal.
La tasa de usura
Uno de los puntos con mayor incidencia directa sobre los consumidores es la propuesta de modificar el cálculo de la tasa de usura. Según el diagnóstico del gremio, el límite de usura se calcula como 1,5 veces el interés bancario corriente (IBC), y actualmente los créditos de grandes empresas, mipymes y los créditos de consumo —como las tarjetas de crédito— comparten la misma tasa. Asobancaria argumenta que, como los créditos comerciales a grandes empresas tienen tasas más bajas y un peso significativo en el cálculo del IBC, ese factor "arrastra la tasa de usura hacia abajo, afectando las otras modalidades".
El documento sostiene que la tasa de usura en Colombia "se encuentra en el nivel más restrictivo de los últimos 18 años y es una de las más restrictivas de la región". La propuesta concreta es modificar el Decreto 2555 de 2010 para separar la certificación en tres modalidades: consumo y tarjeta de crédito; comercial ordinario para micro y pequeña empresa; y comercial ordinario para mediana y gran empresa.
Asobancaria, con base en estudios de Fedesarrollo y ANIF, estima que por cada 10 puntos porcentuales de aumento en la tasa de usura, el sistema financiero emitiría 1,59 millones de tarjetas de crédito adicionales, incluiría financieramente a 1,43 millones de adultos, impulsaría el crecimiento de la cartera total en 0,48 puntos porcentuales y reduciría la pobreza monetaria en 0,10 puntos porcentuales. La misma lógica se extiende al crédito rural: el gremio pide eliminar el redescuento del cálculo de la tasa de usura para el crédito productivo rural, que hoy se ubica más de 6.000 puntos básicos por debajo de la tasa urbana.
Inclusión financiera y brechas de acceso
El documento reconoce que, pese a que el 95,9% de los adultos colombianos tiene algún producto financiero, solo el 36% accede efectivamente a financiamiento a través de entidades financieras. Las brechas identificadas incluyen la diferencia entre zonas rurales y urbanas (20,9% frente a 38% de acceso a crédito formal, una brecha de 17,1 puntos porcentuales) y entre hombres y mujeres (37,1% frente a 33,4%, una brecha de 3,7 puntos porcentuales). Asobancaria propone fijar una meta de 75% de adultos con acceso a crédito formal para 2030, ausente hasta ahora en el Plan Nacional de Desarrollo.
El gremio también plantea reducir el uso de efectivo en las transacciones, que hoy representa el 78% según el Banco de la República, con una meta de bajarlo al 55% para 2030, e impulsar la rebancarización de personas que salieron del sistema financiero por incumplimientos. Según cifras de Datacrédito Experian citadas en el documento, en los últimos cinco años cerca de 980.000 adultos abandonaron el sistema financiero frente a 727.747 que fueron reincluidos, lo que deja un saldo neto negativo de 252.070 personas.
Fraude y ciberseguridad
En materia de seguridad, Asobancaria reporta que el monto reclamado por fraude en las entidades financieras pasó de 358.000 millones de pesos en 2020 a 877.000 millones de pesos en 2024, con el fraude digital como el componente de mayor crecimiento, al pasar de 278.000 millones a 679.000 millones de pesos en el mismo periodo. El phishing, según el documento, aumentó 116% en seis años, al pasar de 162.000 a 351.000 casos reportados.
Entre las propuestas del eje de seguridad están la creación de una Agencia Estatal de Ciberseguridad, la actualización del marco de habeas data (Ley 1581 de 2012) para permitir el intercambio de información entre entidades financieras y autoridades en casos de fraude, mayores exigencias de identificación a los operadores de telefonía móvil para prevenir el fraude por intercambio de SIM, y la inclusión del tráfico ilícito de fauna y flora como delito subyacente al lavado de activos en el artículo 323 del Código Penal.
Vivienda y ley de insolvencia
En vivienda, el gremio señala que el sector construcción registró caídas en el PIB de edificaciones durante seis trimestres consecutivos y propone estrategias público-privadas para el cierre financiero de las familias, subsidios a la cuota inicial y el desarrollo de figuras como el arrendamiento de largo plazo (Build to Rent). En materia de educación financiera, el documento reporta que solo el 30% de los adultos colombianos entiende conceptos básicos como tasas de interés o inflación, y que el 78% nunca ha recibido capacitación en esta materia.
El gremio también pide modificar la normatividad relacionada con la Ley de Insolvencia (Ley 2445 de 2025), que entró en vigencia este año, luego de registrar un incremento en las solicitudes de insolvencia de personas naturales, que según sus cifras pasaron de 400 casos en 2016 a una proyección de 17.700 para 2025.
Cada una de las 45 propuestas del documento incluye un listado de interlocutores institucionales específicos —entre ellos el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Financiera, la Unidad de Regulación Financiera, el Banco de la República y el Congreso de la República— a quienes Asobancaria dirige cada solicitud puntual, de cara a las discusiones normativas que se abrirán con la instalación del nuevo gobierno.
Preguntas clave del tema
Asobancaria, ¿qué le pide al gobierno de Abelardo de la Espriella?
Asobancaria presentó una Agenda Financiera 2026-2030 con 45 propuestas dirigidas al nuevo gobierno, organizadas en cinco ejes: competitividad financiera, sostenibilidad, inclusión financiera, educación financiera y seguridad.
Tarifa de renta del sector financiero, ¿cuánto es en Colombia?
Con el Decreto 1390 de 2025, la tarifa de renta para el sector financiero se elevó al 50%, la más alta a nivel mundial según Asobancaria, que pide reducirla hacia el promedio de la OCDE, de 25,8%.
Tasa de usura, ¿qué propone cambiar Asobancaria?
Asobancaria propone separar el cálculo de la tasa de usura en tres modalidades —consumo y tarjeta de crédito, comercial para micro y pequeña empresa, y comercial para mediana y gran empresa—, en lugar de la certificación única actual.
Agenda Financiera 2026-2030, ¿cuántas propuestas incluye?
El documento de Asobancaria incluye 45 propuestas repartidas en cinco ejes: 15 sobre competitividad y solidez financiera, 9 sobre sostenibilidad, 10 sobre inclusión financiera y transformación digital, 4 sobre educación financiera y 7 sobre seguridad.