La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) expuso una serie de preocupaciones frente a la propuesta normativa del gobierno relacionada con la fijación del precio de la Vivienda de Interés Social (VIS) en Colombia.
La posición del gremio se centra en los posibles efectos jurídicos, financieros y operativos que tendría establecer el valor de este tipo de vivienda únicamente en pesos colombianos y eliminar su referencia al salario mínimo, desde las etapas iniciales de comercialización. Según Camacol, la medida podría afectar tanto la viabilidad de los proyectos como el acceso de los hogares a la vivienda formal.
Cambios en la fijación de precios de la VIS
Camacol señaló que la iniciativa plantea un cambio frente a las reglas actuales, las cuales permiten que el precio de la VIS se exprese en pesos o en salarios mínimos legales vigentes, definiendo el valor final al momento de la escrituración. Para el gremio, esta modificación introduce un esquema de control de precios que alteraría las condiciones bajo las cuales se estructuran y desarrollan los proyectos de vivienda.
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Desde la perspectiva del sector constructor, la propuesta desconoce el marco legal existente y genera dudas sobre las competencias del ejecutivo para intervenir directamente en el mercado de vivienda.
El gremio considera que la estabilidad normativa es un elemento clave para garantizar la continuidad y sostenibilidad de la oferta de Vivienda de Interés Social.
¿Cuál sería el impacto en los proyectos y en los hogares?
Camacol recordó que los proyectos de vivienda no son de ejecución inmediata y que su desarrollo puede tardar entre cuatro y cinco años, desde la planeación hasta la entrega.
Durante ese periodo, se presentan variaciones en costos de materiales, mano de obra, tasas de interés y regulaciones. De acuerdo con el gremio, estos factores hacen necesario contar con mecanismos que permitan ajustes de precios a lo largo del tiempo.
El gremio advirtió que cambiar las reglas de fijación del precio desde las primeras etapas, podría afectar el acceso de los hogares a instrumentos fundamentales de la política de vivienda.
Entre ellos se encuentran los subsidios otorgados por cajas de compensación y entidades territoriales, así como las condiciones de crédito y las tasas preferenciales, que se calculan con base en el valor de la vivienda al momento de la escrituración.
Presión sobre los costos de construcción
El pronunciamiento de Camacol se da en un contexto de incremento de los costos del sector constructor. El gremio indicó que el aumento del 23% en el salario mínimo tiene un impacto directo en una actividad intensiva en mano de obra como la construcción.
Según estimaciones del sector, este ajuste salarial podría traducirse en incrementos de entre el 10% y el 15% en los costos de construcción de la nueva oferta de vivienda.
Adicionalmente, el gremio mencionó que ha sostenido un trabajo conjunto con la Superintendencia de Industria y Comercio para aclarar los mecanismos de indexación de precios. Camacol señaló que hasta el momento, no existe una prohibición para la venta de viviendas referenciadas al salario mínimo, siempre que se informe de manera clara a los compradores sobre las condiciones de este esquema.
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El gremio reiteró su disposición a participar en discusiones técnicas sobre la política de vivienda y subrayó su interés en contribuir a la ampliación del acceso a soluciones habitacionales formales.
Camacol insistió en la necesidad de preservar condiciones que permitan la estabilidad del sector constructor y la continuidad de la oferta de Vivienda de Interés Social (VIS) en el país.