En Colombia, la Ley de Insolvencia se consolidó durante años como una herramienta jurídica clave para quienes enfrentan una crisis financiera profunda. Su propósito ha sido permitir que personas naturales y empresas con deudas impagables puedan renegociar sus obligaciones, proteger su patrimonio y evitar que su situación económica termine en embargos, demandas judiciales o pérdidas irreversibles.
Este mecanismo busca algo más que aplazar pagos: permite sentar a los deudores con sus acreedores para redefinir cuotas, plazos y montos, e incluso acceder a alivios parciales sobre las deudas, siempre bajo un proceso legal, ordenado y supervisado.
Durante mucho tiempo, este régimen no estaba al alcance de todos. Pensionados con descuentos por libranza, trabajadores con ingresos fijos y pequeños comerciantes vivieron una contradicción legal: tenían deudas que superaban su capacidad de pago, sufrían descuentos automáticos y procesos de cobro, pero no podían acogerse formalmente a la insolvencia.
En la práctica, esto significó años de presión financiera constante, con ingresos reducidos mes a mes y sin una vía jurídica clara para reorganizar sus cuentas. Muchos hogares y micronegocios quedaron atrapados en una especie de limbo financiero, sin margen para recuperarse.
Ese escenario empezó a cambiar con la entrada en vigor de la Ley 2445 de 2025, una reforma que amplió de forma significativa el alcance del régimen de insolvencia para personas naturales y que marca el panorama financiero de este 2026.
Con estos ajustes, sectores históricamente excluidos ahora pueden acceder al proceso, entre ellos:
- Pensionados con créditos activos
- Trabajadores con descuentos por libranza
- Docentes, militares y empleados con ingresos fijos
- Pequeños comerciantes sin grandes patrimonios
El cambio ha sido tan relevante que expertos coinciden en que la ley abrió, por primera vez, una puerta real para reorganizar deudas sin perderlo todo.
Un aumento histórico en los procesos de insolvencia
Las cifras reflejan el impacto inmediato de la reforma. De acuerdo con datos oficiales, en 2024 se registraron 10.459 procesos de insolvencia en Colombia. Para 2025, la cifra se disparó a 18.743 solicitudes, el crecimiento más alto registrado hasta ahora.
La tendencia se mantiene en 2026. Solo en enero se reportaron 1.550 nuevos casos, lo que representa un aumento del 28 % frente al mismo mes del año anterior. Este incremento confirma que miles de colombianos están encontrando en la insolvencia una alternativa legal que antes no tenían.
Pensionados y libranzas: el cambio más esperado
Uno de los ajustes más relevantes de la nueva normativa tiene que ver con los créditos de libranza. A partir de la reforma, las personas que tengan este tipo de obligaciones —incluidos pensionados— pueden solicitar la reorganización de sus deudas si demuestran que ya no tienen capacidad real de pago.
Una vez el proceso es admitido, la ley permite:
- Suspender los descuentos automáticos en nómina o pensión
- Detener embargos en curso
- Frenar demandas de cobro
- Proteger ingresos básicos del deudor
Esta suspensión es obligatoria para empleadores y fondos de pensiones, lo que representa un alivio inmediato para quienes veían reducidos sus ingresos mes a mes.
¿Cómo iniciar el proceso de insolvencia en 2026?
El trámite debe adelantarse ante centros de conciliación autorizados, como cámaras de comercio, consultorios jurídicos universitarios o notarías habilitadas. Para presentar la solicitud, el deudor debe reunir información clave, entre ella:
- Explicación de las causas que llevaron al incumplimiento
- Listado completo de acreedores y montos adeudados
- Detalle de ingresos actuales (salario, honorarios o pensión)
- Relación de bienes a su nombre
- Propuesta de pago ajustada a su realidad económica
Con esta información, se busca llegar a un acuerdo viable que permita al deudor estabilizar sus finanzas sin desconocer los derechos de los acreedores.