La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció la apertura de una investigación administrativa contra la empresa administradora de la Catedral de Sal de Zipaquirá (Cundinamarca), por una posible práctica anticompetitiva relacionada con la venta obligatoria de paquetes turísticos para poder ingresar al templo.
De acuerdo con la entidad, la actuación busca establecer si el acceso al recinto se estaría comercializando mediante pasaportes que incluyen servicios adicionales que los visitantes estarían obligados a adquirir, sin la posibilidad de comprar únicamente la entrada al templo.
Investigación por presunta venta atada
Según informó la SIC, la investigación se inició tras una etapa preliminar en la que se realizaron requerimientos de información, visitas administrativas en terreno y declaraciones de posibles implicados.
La entidad señaló que la administración del complejo turístico “habría implementado un esquema de comercialización mediante pasaportes en el que se obligaría a los consumidores a adquirir una serie de servicios adicionales para lograr acceder al recinto, no permitiendo la compra individualizada del ingreso a la Catedral”.
De acuerdo con la SuperIndustria, esos paquetes no permitirían a los visitantes elegir libremente los servicios que desean, ya que la compra del tiquete implicaría la adquisición obligatoria de otros productos.
Servicios incluidos de manera obligatoria
Entre los servicios que estarían siendo incluidos junto con la entrada al templo se encuentran:
- Visitas guiadas dentro de la Catedral de Sal.
- Acceso a internet.
- Ingreso a la Casa Museo Quevedo Zornoza.
- Ingreso al Museo Arqueológico de Zipaquirá.
- Transporte mediante el tren de salida.
La entidad indicó que la imposibilidad de adquirir únicamente el ingreso al templo “constituye el núcleo de la posible práctica anticompetitiva bajo investigación”, lo que podría configurar un presunto abuso de posición de dominio por venta atada.
Solo la mitad de los turistas usaría los servicios adicionales
Según las pruebas recopiladas hasta el momento, aproximadamente el 50% de los visitantes que compran estos pasaportes utilizarían los servicios incluidos, lo que según la entidad, reforzaría la hipótesis de que no serían indispensables para el acceso al complejo.
La entidad advirtió que esa situación podría estar afectando la libertad de elección de los consumidores, al obligarlos a pagar por servicios que no necesariamente desean para poder ingresar al sitio turístico.
Proceso administrativo sigue en curso
Con la apertura formal de la investigación, la SIC indicó que se garantizará el derecho de defensa de la empresa investigada, que podrá presentar descargos, solicitar pruebas y ofrecer garantías dentro del proceso.
La entidad agregó que esta actuación se da en medio del crecimiento del turismo en el país, señalando que entre agosto de 2022 y noviembre de 2025 Colombia recibió 14,8 millones de visitantes extranjeros, lo que según la autoridad, obliga a reforzar la vigilancia sobre los servicios turísticos y la protección de los consumidores.