La Contraloría General de la República identificó dificultades en la implementación de las políticas de adaptación y mitigación del cambio climático, así como una reducción de los recursos destinados al sector ambiental y problemas para ejecutar las inversiones. Las deficiencias, según el organismo de control, afectan la capacidad de las entidades para desarrollar acciones frente a los riesgos climáticos en diferentes regiones del país.
En su evaluación del sector ambiental correspondiente a 2025 y 2026, la Contraloría encontró que, aunque existen instrumentos de planificación para enfrentar el cambio climático, persisten diferencias entre las metas formuladas y los resultados que pueden comprobarse en los territorios. La situación se presenta tanto en el seguimiento de las políticas nacionales como en la ejecución de los recursos destinados a su implementación.
Presupuesto ambiental cayó 32% en 2025
Uno de los principales hallazgos corresponde a la reducción de los recursos de inversión para el sector ambiente y desarrollo sostenible. Durante 2025, el presupuesto asignado a este componente del Presupuesto General de la Nación disminuyó 32% frente al año anterior, al pasar de 1,44 billones de pesos a 976.371 millones de pesos.
La reducción se presentó en un periodo en el que las acciones de adaptación y mitigación requieren capacidad financiera para responder a los riesgos asociados al cambio climático. A esta situación se suma la dificultad de las entidades responsables para convertir los recursos disponibles en inversiones efectivas en las zonas que necesitan atención.
La Contraloría también identificó problemas en el seguimiento de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 relacionados con el cambio climático. En algunos casos, el Gobierno reportó cumplimientos de metas físicas superiores al 100%, pese a que la ejecución presupuestal fue baja.
Esta diferencia genera dudas sobre la correspondencia entre los resultados reportados y los recursos utilizados para alcanzarlos. El organismo de control señaló que las dificultades en los mecanismos de medición y evaluación impiden establecer con claridad la relación entre las metas establecidas y la inversión efectivamente realizada.
A esto se suma que las acciones climáticas revisadas no cuentan con planes de acción específicos, metas verificables ni responsables institucionales claramente definidos. También se identificaron dificultades para relacionar los indicadores nacionales con las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y retrasos en la información correspondiente al periodo 2023-2025.
Fondos ambientales registran baja ejecución
Las dificultades para ejecutar los recursos también se reflejan en los fondos especiales destinados a financiar proyectos ambientales. Durante 2025, tres de estos mecanismos registraron niveles de ejecución inferiores a sus apropiaciones presupuestales.
El Fondo Adaptación, encargado de desarrollar proyectos de gestión del riesgo climático en zonas prioritarias, ejecutó apenas el 0,82% de los recursos asignados. Por su parte, el Fondo para la Vida y la Biodiversidad, que concentra el 74% de los recursos de inversión del Ministerio de Ambiente, alcanzó una ejecución del 52%.
El Fondo de Compensación Ambiental, que contribuye a financiar a las Corporaciones Autónomas Regionales con menor capacidad para generar ingresos propios, presentó una ejecución del 58%. Estos resultados evidencian dificultades para convertir las apropiaciones presupuestales en inversiones dirigidas a la gestión ambiental.
En contraste, las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) terminaron 2025 con un superávit fiscal acumulado de 1,72 billones de pesos, equivalente al 30% de su recaudo anual. La Contraloría señaló que este comportamiento refleja la existencia de recursos disponibles que no se tradujeron oportunamente en inversiones.
De acuerdo con el organismo de control, los problemas de ejecución presupuestal no se explican principalmente por la falta de recursos, sino por las dificultades recurrentes para materializar las inversiones en los territorios donde los riesgos climáticos requieren mayor atención.
Departamentos vulnerables tienen menos inversión climática
En materia de planificación territorial, 30 de los 32 departamentos del país cuentan con un Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial formulado. Sin embargo, solo 20 han adoptado formalmente estos instrumentos y 13 reportan avances verificables en su implementación.
La diferencia entre los planes formulados y los que efectivamente se desarrollan muestra que la existencia de herramientas de planificación no garantiza su ejecución. La Contraloría también identificó desigualdades en la distribución de los recursos, con departamentos de alta vulnerabilidad climática que reciben menos inversión que otros territorios con menor exposición al riesgo.
Entre las zonas señaladas se encuentran Guainía, Guaviare y Vaupés, en la Amazonia, así como Arauca, Casanare y Vichada, en la Orinoquia. Estos departamentos reciben menores inversiones frente a otros territorios con menor exposición a los riesgos climáticos, según los hallazgos del organismo de control.
Entre 2019 y 2025 se destinaron 2,76 billones de pesos a la gestión del cambio climático. De ese total, las Corporaciones Autónomas Regionales aportaron 1,96 billones de pesos, equivalentes al 71%, mientras que las gobernaciones contribuyeron con 807.733 millones de pesos, correspondientes al 29%.
El informe también señala que el 80% de la inversión reportada por las CAR para la gestión climática se financió con recursos propios. En total, estas corporaciones ejecutaron 9,6 billones de pesos en inversión, de los cuales 1,96 billones, equivalentes al 20,4%, se destinaron específicamente a acciones relacionadas con el cambio climático.
La Contraloría General de la República planteó la necesidad de fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación para hacer seguimiento a los recursos y medir los avances de las políticas climáticas desde los territorios. También señaló la importancia de relacionar la financiación con los resultados alcanzados en mitigación, adaptación y resiliencia climática.
Claves de este tema, en cuatro preguntas:
¿Qué encontró la Contraloría sobre la inversión ambiental en Colombia?
La Contraloría General identificó una reducción del 32% en el presupuesto de inversión ambiental para 2025, que pasó de $1,44 billones a $976.371 millones. También encontró dificultades para ejecutar los recursos destinados a la gestión del cambio climático.
¿Cuánto dinero se destinó a la gestión del cambio climático en Colombia?
Entre 2019 y 2025 se destinaron $2,76 billones a la gestión climática. Las Corporaciones Autónomas Regionales aportaron el 71% de estos recursos y las gobernaciones, el 29%. Sin embargo, persisten saldos sin ejecutar y desigualdades en la distribución territorial de las inversiones.
¿Qué departamentos tienen planes de cambio climático y cuántos los implementan?
De los 32 departamentos de Colombia, 30 cuentan con planes de gestión del cambio climático formulados, 20 los adoptaron formalmente y solo 13 reportan avances verificables. La Contraloría también identificó menor inversión en departamentos vulnerables de la Amazonia y la Orinoquia.
¿Por qué hay recursos ambientales sin ejecutar en Colombia?
La Contraloría atribuye las dificultades principalmente a problemas para materializar las inversiones en los territorios, no a la falta de recursos. En 2025, tres fondos ambientales registraron ejecuciones inferiores a sus apropiaciones y las CAR cerraron el año con un superávit fiscal acumulado de $1,72 billones.