Contraloría pone la lupa en Cali: $800 mil millones en riesgo amenazan el servicio de aseo

La disputa por bases de datos y contratos vencidos mantiene en alerta a las autoridades por el futuro del servicio de aseo en Cali.
La elección se realizará después de las elecciones presidenciales, en un escenario en el que el próximo presidente o presidenta tendrá un papel determinante en la definición final. Crédito: RCN Radio / María Fernanda Tarazona

La Contraloría General de la República advirtió sobre posibles afectaciones patrimoniales cercanas a los $800 mil millones relacionadas con la prestación del servicio público de aseo en Santiago de Cali.

La alerta involucra a EMSIRVA E.S.P., EMCALI, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Industria y Comercio, ante los riesgos identificados en el actual esquema de operación del servicio.

El principal punto de preocupación está relacionado con la incertidumbre jurídica sobre la titularidad del catastro de usuarios y las bases de datos comerciales y operativas asociadas al servicio de aseo, activos cuyo valor fue estimado en aproximadamente $800 mil millones.

Según la entidad de control, esta situación podría derivar en impactos patrimoniales y afectar la continuidad y estabilidad del servicio en la capital del Valle del Cauca.

La valoración económica mencionada fue soportada en una consultoría realizada por Bonus Banca de Inversión S.A.S., contratada por el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en el marco del proceso de liquidación de EMSIRVA.

Disputa por el control del catastro de usuarios

La controversia surge en medio de diferencias entre EMSIRVA y los operadores encargados del servicio de aseo frente a las cláusulas de reversión incluidas en contratos de operación que, según la Contraloría, llevan más de dos décadas funcionando mediante sucesivas prórrogas.

Mientras EMSIRVA sostiene que el catastro de usuarios, el software y las bases de datos deben revertir a la empresa sin ningún costo al finalizar los contratos, los operadores aseguran que dichos activos les pertenecen por haber sido quienes prestaron efectivamente el servicio. La definición jurídica de esa disputa, según se indicó, deberá ser resuelta por un juez o un tribunal de arbitramento.

Los contratos con los operadores finalizaron el pasado 28 de enero de 2026. No obstante, las empresas continúan prestando el servicio de aseo pese a que, según la advertencia emitida, actualmente no existe un mecanismo contractual claramente definido que regule esa continuidad operativa.

La Contraloría señaló que este escenario genera riesgos asociados no solo a la prestación del servicio, sino también a la administración, explotación y eventual reversión de activos estratégicos vinculados al sistema de aseo de la ciudad.

Suspensión del proceso para nuevos operadores

Desde enero de este año, EMSIRVA adelanta un proceso orientado a seleccionar nuevos operadores para el servicio de aseo. La empresa justificó ese procedimiento argumentando que la terminación de los contratos contempla un periodo de liquidación de cuatro meses, el cual finalizaría el próximo 28 de mayo de 2026.

Sin embargo, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca suspendió el proceso de selección mediante una decisión emitida el 11 de mayo de 2026, dentro de otro proceso judicial en curso. La medida aumenta la incertidumbre sobre el modelo que continuará operando el servicio en la ciudad.

La entidad de control también advirtió riesgos relacionados con los recursos provenientes del recaudo tarifario del servicio de aseo, sobre los cuales EMSIRVA podría tener participación económica. A esto se suma la continuidad de actividades por parte de operadores cuyos contratos ya finalizaron.

Advertencia sobre continuidad del servicio

En medio de este panorama, la Contraloría insistió en que la prestación de servicios públicos esenciales no puede quedar expuesta a vacíos contractuales ni a disputas sobre activos estratégicos.

La entidad pidió a las autoridades y organismos involucrados adoptar medidas urgentes, coordinadas y oportunas para evitar afectaciones fiscales, patrimoniales, ambientales, sanitarias, operativas y sociales relacionadas con la prestación del servicio de aseo en Cali.

Asimismo, anunció que continuará ejerciendo vigilancia sobre las actuaciones relacionadas con el manejo de los recursos del sistema, la situación jurídica y patrimonial de EMSIRVA en liquidación y las decisiones que adopten las entidades competentes frente a la operación del servicio en la ciudad.

Claves de este tema, en cuatro preguntas:

¿Qué encontró la Contraloría sobre el servicio de aseo en Cali?

La Contraloría General de la República advirtió un posible riesgo patrimonial cercano a los $800 mil millones por la incertidumbre jurídica sobre el catastro de usuarios y las bases de datos utilizadas en la prestación del servicio de aseo en Cali. La entidad alertó que la situación podría afectar la continuidad y estabilidad del servicio público.

¿Por qué la Contraloría habla de un riesgo de $800 mil millones en Cali?

La Contraloría señaló que existe una disputa entre EMSIRVA y los operadores de aseo sobre la propiedad de activos estratégicos, entre ellos el catastro de usuarios y plataformas operativas. El valor estimado de esos activos alcanza los $800 mil millones y su definición jurídica sigue sin resolverse.

¿Qué pasa con los operadores del servicio de aseo en Cali tras el fin de los contratos?

Aunque los contratos de operación terminaron el 28 de enero de 2026, los operadores continúan prestando el servicio de aseo en Cali. La Contraloría advirtió que actualmente no existe un mecanismo contractual claramente definido, lo que aumenta los riesgos sobre la prestación del servicio y el manejo de recursos.

¿Qué decisión judicial frenó el nuevo proceso de aseo en Cali?

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca suspendió el proceso que adelantaba EMSIRVA para escoger nuevos operadores del servicio de aseo en Cali. La medida fue tomada dentro de otro proceso judicial y se suma a la incertidumbre sobre el futuro operativo y contractual del sistema.