La cartera pública en mora asciende a $165,64 billones y reúne 996.611 deudores, según un análisis realizado por la Contraloría General de la República, con corte al 31 de mayo de 2026.
El organismo de control, a través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), revisó la información relacionada con las obligaciones pendientes a favor de entidades públicas y encontró diferencias en los niveles de reporte, concentración de las deudas, antigüedad de las obligaciones y movimientos registrados en el Boletín de Deudores Morosos del Estado.
El análisis tomó como referencia el último reporte del Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME), remitido por la Contaduría General de la Nación. El registro reúne a personas naturales y jurídicas con obligaciones a favor de entidades públicas superiores a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes y que llevan más de seis meses en mora.
La obligación de reportar esta información está contemplada en la legislación colombiana y su cumplimiento debe ser verificado por los organismos de control fiscal.
De acuerdo con las cifras revisadas, la cartera vigente registrada en el BDME alcanza aproximadamente $165,64 billones y corresponde a 996.611 deudores.
La información analizada muestra un crecimiento sostenido de la cartera pública en mora durante los años de existencia del boletín, situación que llevó a la DIARI a revisar aspectos relacionados con el reporte, seguimiento, depuración y gestión de cobro de estas obligaciones.
Más de 3.800 entidades no han reportado cartera
Uno de los principales resultados de la revisión está relacionado con la cantidad de entidades públicas que registran información en el sistema. La DIARI cruzó el listado de 6.398 entidades del Estado remitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, con los boletines de deudores morosos desde 2019.
El ejercicio permitió establecer que 2.545 entidades, equivalentes al 39,78 %, han reportado cartera, mientras que otras 3.853 no registran reportes.
La ausencia de información será puesta en conocimiento de las delegadas competentes para que, durante el próximo ejercicio auditor, se determine si estas entidades no tienen cartera pendiente o si existen posibles incumplimientos de la obligación de reportar.
Otro de los hallazgos corresponde a la concentración de las obligaciones. Las 20 entidades con los mayores saldos registrados concentran cerca de $135,8 billones, equivalentes aproximadamente al 82 % del total de la cartera incluida en el BDME.
Esta concentración identifica a un grupo reducido de entidades como responsables de los mayores montos reportados y será tenida en cuenta para las acciones de seguimiento y control previstas.
La antigüedad de las obligaciones también fue analizada. Cerca de $65 billones corresponden a deudas con cinco años o más de antigüedad. Este grupo de obligaciones está relacionado con riesgos como la prescripción, la pérdida de oportunidades para recuperar los recursos y dificultades en los procesos de cobro.
En contraste, aproximadamente $100,64 billones corresponden a obligaciones con una antigüedad inferior a cinco años. La información señala este segmento como aquel que puede tener un mayor potencial de recuperación cuando se desarrollan oportunamente las acciones de cobro y seguimiento correspondientes.
Cruces con pagos y contratación pública
La DIARI también comparó los registros del BDME con diferentes bases oficiales para identificar posibles inconsistencias y situaciones que requieran revisión.
Entre las fuentes utilizadas estuvieron el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación), el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), eKOGUI, registros sobre delitos contra la administración pública y el Registro Único de Beneficiarios Finales de la Dian.
En el periodo comprendido entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, la revisión identificó 13.282 personas naturales y jurídicas registradas como deudores morosos que recibieron pagos por aproximadamente $124,9 billones a través de SIIF Nación.
Al mismo tiempo, esas personas y organizaciones mantenían obligaciones pendientes con el Estado por cerca de $20,9 billones.
La información obtenida a partir de este cruce quedó planteada como un insumo para que las entidades competentes revisen el cumplimiento de las disposiciones aplicables, además de la calidad de los registros y los procedimientos relacionados con el cobro de las obligaciones.
La contratación pública fue otro de los aspectos examinados. Entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, 20.238 personas y organizaciones registradas como deudores morosos celebraron contratos con entidades públicas por aproximadamente $16,3 billones. De acuerdo con la información del BDME, estos contratistas acumulaban obligaciones pendientes con el Estado por cerca de $11,8 billones.
El análisis partió de un universo de 570.827 personas naturales y jurídicas que suscribieron contratos registrados en el SECOP durante ese periodo.
El cruce de información busca permitir la identificación de situaciones que puedan ser revisadas por las autoridades competentes en materia de contratación, cobro y recaudo de recursos públicos.
Depuración y seguimiento de la cartera
Otro de los aspectos revisados por la DIARI fue el retiro de obligaciones del BDME. Más del 70 % del valor retirado del boletín está relacionado con procesos de depuración de información, con un impacto aproximado de $26,4 billones.
La revisión plantea la necesidad de determinar si estos movimientos corresponden a correcciones o ajustes respaldados, o si obedecen a la recuperación efectiva de las obligaciones.
También se identificaron retiros asociados con pagos, venta de cartera y acuerdos de pago, movimientos que requieren una revisión diferenciada para establecer su incidencia sobre el recaudo y la confiabilidad de la información registrada.
Siete frentes de trabajo
A partir de los resultados, la Contraloría General de la República plantea siete frentes de trabajo para fortalecer el seguimiento de la cartera morosa del Estado.
Entre ellos están la verificación de la totalidad de los reportes realizados por las entidades públicas, el análisis de la concentración de las obligaciones, el seguimiento de las deudas con más de cinco años y la revisión de los retiros derivados de procesos de depuración.
Los otros frentes contemplan la identificación de inconsistencias entre el BDME y otras fuentes oficiales, la definición de lineamientos para el reporte y seguimiento de la cartera y una mayor articulación entre la Contaduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.
La revisión también señala que actualmente no existe un procedimiento institucional estandarizado que establezca roles, responsabilidades, flujos de información y mecanismos de seguimiento para el reporte y gestión de la cartera morosa. Por esta razón, uno de los frentes planteados busca establecer lineamientos internos y externos que permitan organizar estos procesos.
La Contraloría General de la República indicó que los resultados obtenidos por la DIARI serán entregados a las delegadas competentes. La información servirá como insumo para focalizar acciones de control, verificar el cumplimiento de las obligaciones legales de reporte y revisar la gestión de cobro adelantada por las entidades públicas.
El análisis también contempla el fortalecimiento de la calidad y trazabilidad del BDME, con énfasis en la actualización oportuna de los registros, la consistencia de la información frente a otras bases oficiales y la justificación de los retiros de obligaciones. Estos elementos hacen parte de las acciones previstas para mejorar el seguimiento de los recursos que las entidades públicas tienen pendientes por recuperar.
Claves de este tema, en cuatro preguntas:
¿Qué es la cartera morosa del Estado?
La cartera morosa del Estado corresponde a obligaciones pendientes a favor de entidades públicas que superan los cinco salarios mínimos y llevan más de seis meses en mora. Según la Contraloría, suma $165,64 billones y reúne 996.611 deudores.
¿Cuánto suma la cartera morosa del Estado en Colombia?
La cartera morosa del Estado asciende a $165,64 billones, de acuerdo con información con corte al 31 de mayo de 2026. El 82 % de ese monto está concentrado en las 20 entidades con mayores saldos registrados.
¿Qué encontró la Contraloría sobre la cartera morosa del Estado?
La Contraloría encontró que 3.853 de las 6.398 entidades estatales analizadas no registran reportes de cartera. Además, cerca de $65 billones corresponden a obligaciones con cinco años o más de antigüedad.
¿Quiénes tienen deudas pendientes con el Estado?
La cartera morosa del Estado reúne a 996.611 personas naturales y jurídicas. La revisión también identificó 13.282 deudores que recibieron pagos por $124,9 billones y 20.238 que celebraron contratos públicos por $16,3 billones entre diciembre de 2025 y mayo de 2026.