La Contraloría General de la República evidenció hallazgos fiscales por $125.710 millones en el proyecto destinado a reducir y mitigar el riesgo en Mocoa, Putumayo. La entidad señaló que la iniciativa, ejecutada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), acumuló atrasos de casi cinco años, fallas en la planificación y pagos por actividades que no alcanzaron su propósito.
El organismo explicó que el proyecto, cuyo valor total asciende a $185.093 millones, incluía estudios técnicos y obras en las cuencas de los ríos Mulato, Sangoyaco y la quebrada Taruca, con impacto directo en la zona urbana de Mocoa.
Atrasos y fallas en la ejecución
Durante la auditoría, la Contraloría identificó problemas en el desarrollo de las actividades programadas. Según el informe, “no existe identificación clara de los soportes contables, jurídicos y técnicos de todas las actividades realizadas en la cuenca media baja” y no se registraron alertas de la interventoría sobre las inconsistencias encontradas.
El organismo también advirtió que el proyecto acumula “un gran atraso en su ejecución de casi 5 años respecto de la fecha de terminación del programa de reconstrucción” y que no se prevé que todas las obras puedan concluirse.
La Contraloría agregó que las construcciones adelantadas se desarrollaron sin la coordinación necesaria, afectando su utilidad. “Las pocas obras que construyeron no tienen la funcionalidad, pues el río tuvo una desviación en su cauce”, señaló el informe, lo que mantiene expuesta a la población de Mocoa ante eventos similares a los registrados en 2018.
Hallazgos fiscales y riesgos para los recursos públicos
La Contraloría concluyó que la UNGRD pagó recursos del Estado sin haber cumplido la finalidad del proyecto. “Los recursos del Estado fueron pagados sin haberse cumplido con la finalidad principal de los proyectos”, indicó el documento, lo que derivó en hallazgos administrativos, disciplinarios y fiscales por $125.710 millones.
El valor corresponde a los giros efectuados por la Fiduprevisora S.A., administradora de los recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a los contratistas encargados de la ejecución y la interventoría.
El organismo advirtió que las deficiencias encontradas en la planeación y supervisión comprometen la protección de la comunidad y la eficiencia del gasto público.