Contraloría alerta riesgo de racionamiento energético en Colombia por caída de reservas y retraso en proyectos

Contraloría alerta sobre riesgos de racionamientos y alza de precios en energía y combustibles en Colombia por retrasos y baja reserva energética; urge medidas.
Actualmente, existe la posibilidad de la venta de energía con el interés de un comercializador. Crédito: Freepik

La Contraloría General de la República alertó sobre posibles racionamientos y aumentos en los precios de la energía y los combustibles en Colombia, debido a retrasos en proyectos estratégicos, caída en reservas de gas y petróleo, limitaciones en almacenamiento y deudas acumuladas con empresas del sector.

Riesgo de desabastecimiento y retrasos en proyectos

El organismo de control presentó el estudio “Abastecimiento con Calidad y Almacenamiento Energético en Colombia 2020-2030”, en el que advierte que el país enfrenta riesgos para la seguridad energética por la falta de nuevos proyectos, problemas regulatorios y dificultades para ejecutar inversiones.

Según el informe, persisten “cuellos de botella regulatorios, retrasos en proyectos estratégicos y debilidades institucionales que impiden materializar las inversiones necesarias, comprometiendo la seguridad energética, la estabilidad tarifaria y la protección del patrimonio público”.

La Contraloría reiteró el llamado al Gobierno para adoptar medidas que eviten escenarios de racionamiento, recordando advertencias hechas en 2025 por el contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra sobre la reducción de la oferta nacional de energéticos y los atrasos en infraestructura.

Menor producción de gas y caída en reservas

El estudio señala que la producción disponible de gas es menor a la fiscalizada, debido a consumos propios, reinyecciones y volúmenes que no cumplen especificaciones técnicas.

En 2024, solo el 67% del gas extraído fue comercializado, lo que obligó a importar gas natural licuado para atender la demanda interna.

Además, el informe advierte que las reservas probadas han disminuido, reduciendo el horizonte de autosuficiencia a 5,9 años en gas y 7,2 años en petróleo, en medio del agotamiento natural de los campos y la baja incorporación de nuevas reservas.

La entidad señaló que la falta de proyectos de regasificación y de redundancias en el transporte incrementa el riesgo de desatención de la demanda desde 2026, especialmente en el interior del país.

Importaciones de combustibles y presión sobre subsidios

La Contraloría indicó que cerca del 40% de la gasolina que consume el país proviene de importaciones, lo que aumenta la exposición a los precios internacionales.

El informe advierte que “la eliminación de subsidios a combustibles es una necesidad real ahora que ya no se produce todo lo consumido internamente”, y señala que el ACPM podría seguir el mismo camino si no se amplía la capacidad de refinación.

También se alertó sobre la falta de almacenamiento estratégico de combustibles, lo que aumenta la vulnerabilidad ante contingencias operativas o variaciones en la demanda.

Problemas en cobertura y calidad del servicio eléctrico

En el sector eléctrico, el estudio indica que aún hay más de 1,3 millones de viviendas sin servicio, y que cerrar esa brecha requeriría inversiones superiores a 32 billones de pesos.

El documento señala que persisten fallas en la ejecución de recursos y una gestión fragmentada de los fondos, lo que afecta la calidad del servicio, especialmente en zonas rurales.

La Contraloría sostuvo que “la planeación energética debe articular de manera efectiva las metas de expansión de cobertura con garantías reales de abastecimiento, a fin de proteger a los usuarios, preservar la estabilidad tarifaria y salvaguardar los recursos públicos”.

Alerta por transición energética y falta de almacenamiento

El informe también advierte que el crecimiento de energías renovables exige mayor capacidad de respaldo del sistema, incluyendo almacenamiento mediante baterías y mayor flexibilidad operativa.

Según el organismo, la meta actual de instalación de almacenamiento debe revisarse para que sea coherente con el aumento previsto de generación renovable y con los retrasos en proyectos hidroeléctricos.

Finalmente, la Contraloría concluyó que el país debe fortalecer su soberanía energética, reducir la dependencia de importaciones y acelerar decisiones estructurales, para evitar racionamientos, aumentos de tarifas y riesgos para las finanzas públicas.