La FM conoció en primicia que la Contraloría General de la República detectó incumplimientos en el recaudo, la administración y la ejecución del impuesto nacional con destino al turismo, con hallazgos fiscales por $28.310 millones, según una auditoría intersectorial realizada en el segundo semestre de 2020.
Hallazgos fiscales por más de $28.000 millones
De acuerdo con el informe, los hallazgos fiscales corresponden a recursos de la vigencia 2023 y a la presentación extemporánea de declaraciones del impuesto nacional al turismo. La auditoría evidenció fallas en los procesos de control y seguimiento por parte de las entidades responsables de su gestión.
La Contraloría señaló que el análisis incluyó la revisión de aspectos financieros, presupuestales y contractuales, así como los procesos de recaudo, fiscalización, administración presupuestal y ejecución de proyectos financiados con este impuesto.
Proyecto de embarcaderos concentra la mayor afectación fiscal
El hallazgo de mayor impacto fiscal está relacionado con la planeación y gestión contractual del proyecto de embarcaderos fluviales, financiado con recursos del impuesto al turismo y ejecutado por el Fondo Nacional de Turismo (FONTUR) en 81 municipios del país.
Según el organismo, ese proyecto presenta una presunta incidencia fiscal por $23.006 millones y posibles faltas disciplinarias. El contrato, correspondiente a la vigencia fiscal de 2023, inició el 26 de diciembre de ese año y tenía un plazo inicial de 20 meses, con fecha de terminación prevista para el 25 de agosto de 2025.
La meta era la instalación de 88 embarcaderos fluviales. Sin embargo, aunque la fabricación de los módulos se completó en su totalidad, solo cinco habían sido instalados y entregados en funcionamiento al momento del informe, en municipios de Santander, Bolívar y Magdalena.
La Contraloría advirtió que “la brecha entre la ejecución financiera y el avance físico evidencia fallas graves de planeación, supervisión y gestión contractual”, lo que compromete la eficiencia del gasto y la finalidad del impuesto.
Declaraciones extemporáneas y falta de control tributario
Otro hallazgo relevante corresponde a la presentación extemporánea de las declaraciones del Impuesto Nacional al Turismo para los años 2021 y 2022. Según la Contraloría, estas irregularidades reflejan fallas en el control que deben ejercer la Dian, Fontur y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
El informe estableció que estas omisiones tienen una presunta incidencia fiscal por $5.303 millones, además de eventuales responsabilidades disciplinarias.
Llamado a la Dian y a las entidades responsables
El organismo señaló que la Dian “no ejerció de manera efectiva sus facultades legales de administración, fiscalización y control tributario”, a pesar de contar con competencias para verificar, liquidar y sancionar el incumplimiento en la declaración y transferencia del impuesto.
La Contraloría advirtió que esta omisión incrementa el riesgo de pérdida de recursos públicos y afecta la oportunidad del ingreso de estos dineros al Presupuesto General de la Nación, comprometiendo recursos destinados a la promoción, competitividad e infraestructura del sector turístico.
El Impuesto Nacional al Turismo es un gravamen creado por la Ley 1101 de 2006 para financiar promoción, competitividad, calidad y desarrollo del sector turístico en Colombia. Este impuesto se cobra a todos los pasajeros que compran tiquetes aéreos de tráfico internacional, cuyo viaje incluya territorio colombiano y tenga origen en el exterior, con excepción de quienes solo estén en tránsito o conexión internacional.
El valor es USD 15 por pasajero, suma que debe ser incluida directamente por las aerolíneas en el precio del tiquete, recaudada y posteriormente declarada y transferida trimestralmente a la cuenta autorizada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Aunque las compañías aéreas son responsables del cobro y la declaración, la Dian es la entidad encargada de fiscalizar, sancionar y garantizar el cumplimiento tributario, mientras que los recursos recaudados son administrados por FONTUR, que los ejecuta en proyectos turísticos en todo el país.