La Contraloría General de la República advirtió sobre presuntas irregularidades en las condiciones laborales de las manipuladoras de alimentos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), una situación que, según el organismo, no solo afecta a quienes prestan el servicio, sino que también representa riesgos para la correcta ejecución de los recursos públicos destinados a la alimentación de miles de estudiantes en Colombia.
La entidad señaló que las manipuladoras de alimentos cumplen un papel fundamental en la operación del programa, al garantizar diariamente la preparación y entrega de los alimentos a niños, niñas y adolescentes en distintas regiones del país.
Sin embargo, el seguimiento realizado por el ente de control permitió identificar posibles falencias en la formalización de los contratos, demoras en el pago de salarios y condiciones de inestabilidad laboral que podrían afectar la continuidad y calidad del servicio.
¿Cuáles son las irregularidades halladas por la Contraloría en PAE?
Entre 2024 y 2025, la Contraloría recibió 1.069 peticiones ciudadanas relacionadas con el Programa de Alimentación Escolar.
Más de 300 reportes por posibles afectaciones laborales
De ese total, al menos 312 advirtieron posibles afectaciones en materia laboral. Las denuncias incluyen retrasos en el pago de remuneraciones, irregularidades contractuales e inestabilidad en la vinculación de las trabajadoras.
De manera puntual, cerca de medio centenar de esos reportes hacen referencia directa a las condiciones de las manipuladoras de alimentos, lo que llevó al organismo a advertir que no se trataría de casos aislados, sino de una problemática recurrente en diferentes territorios del país.
La Contraloría también indicó que, con base en información suministrada por las propias trabajadoras, se han identificado esquemas de contratación recurrentes por periodos aproximados de cuatro meses. Esta modalidad podría generar fragmentación en la relación laboral y afectar el reconocimiento integral de derechos, especialmente en lo relacionado con afiliación y pago de seguridad social.
Hallazgos fiscales y presuntos sobrecostos
Durante la vigencia 2025, las Auditorías de Cumplimiento realizadas a nivel nacional detectaron cerca de 30 hallazgos en la ejecución del PAE. De ese total, 20 tienen presunta incidencia fiscal por más de $18.600 millones.
Según la Contraloría, estos hallazgos estarían asociados a presuntos sobrecostos en la operación del programa. El organismo señaló que parte de los recursos girados por el Estado tendrían como finalidad garantizar una remuneración adecuada para las manipuladoras, pero existirían indicios de que esos valores no habrían sido trasladados completamente a las trabajadoras.
La entidad advirtió que este tipo de situaciones no solo plantea interrogantes sobre la protección de los derechos laborales, sino que también compromete la destinación de los recursos públicos y la sostenibilidad operativa del Programa de Alimentación Escolar.
Balance nacional de la vigilancia al PAE
Entre 2022 y 2025, la Contraloría ha determinado 149 hallazgos con presunta incidencia fiscal por un valor total de $49.662 millones en la ejecución del PAE en todo el país.
Los sobrecostos representan la mayor parte de estas irregularidades, con cerca de $33.000 millones, equivalentes al 67% del total de los resultados fiscales identificados. Otro 17% de los hallazgos corresponde a deficiencias relacionadas con el desarrollo y la ejecución contractual.
Las regiones con los montos más altos de presuntas afectaciones son Centro Oriente, con cerca de $13.000 millones, y Caribe, con aproximadamente $11.000 millones.
Llamado al Ministerio del Trabajo y a las entidades territoriales
Ante este panorama, la Contraloría General instó al Ministerio del Trabajo a adelantar las actuaciones de inspección, vigilancia y control necesarias para verificar el cumplimiento de las normas laborales aplicables en la operación del PAE.
Asimismo, el organismo hizo un llamado a las entidades territoriales y a los operadores del programa para que adopten medidas inmediatas, efectivas y verificables que permitan garantizar condiciones laborales dignas para las manipuladoras de alimentos.
La entidad reiteró que la protección de los derechos laborales de estas trabajadoras resulta clave para asegurar la adecuada prestación del servicio y la correcta utilización de los recursos públicos destinados a la alimentación escolar en Colombia.