La Contraloría General de la República advirtió que está vigilando de cerca el proceso entre la DIAN y la Refinería de Cartagena (Reficar), tras el cobro de más de 1,3 billones de pesos por IVA en la importación de combustibles. El contralor delegado para Minas y Energía, Germán Castro Ferreira, aseguró que no existe ningún embargo de cuentas y que será un tribunal el que defina si procede o no el cobro.
Durante el Congreso Nacional de Distribuidores y Minoristas de Combustibles y Energéticos, Castro Ferreira explicó que el proceso está en etapa de cobro coactivo y aún no hay medidas judiciales contra la empresa. “No conocemos ningún embargo de cuentas. Lo que entendemos es que están en una etapa de cobro coactivo, y mientras esté en esa etapa no se puede pasar a una de embargos”, señaló.
El funcionario precisó que el caso ya está en conocimiento de un tribunal y que “hay que esperar que esa Corte falle y defina la institucionalidad en el país”.
Castro Ferreira recordó que el conflicto surge de un concepto interno de la DIAN, que interpreta que debe aplicarse el cobro del IVA a las importaciones de combustibles entre 2022 y 2024.
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“Es un tema más de interpretación. Todo tributo debe estar claramente establecido en una ley: quién es el sujeto, cuál es la base y desde cuándo aplica. Lo que se discute hoy es si ese cobro tiene retroactividad”, explicó.
Indicó que Ecopetrol ya está pagando el impuesto desde 2025, pero lo que se encuentra en disputa son los años anteriores.
“Ecopetrol dice que comenzó a pagar desde 2025 porque así entendió el concepto de la DIAN. Lo que está en diferendo son los años 2022, 2023 y 2024, y eso lo definirá el tribunal”, agregó.
Evitar una crisis de abastecimiento
El contralor delegado advirtió que una eventual paralización de Reficar tendría consecuencias graves para el país.
“Reficar produce casi el 50 % de los combustibles que necesita Colombia. Llegar a paralizar su operación afectaría directamente el suministro nacional”, enfatizó.
Dijo que la Contraloría ve con preocupación que dos entidades del Estado, como la DIAN y Ecopetrol, estén enfrentadas, y pidió que “se sienten a articular soluciones que no generen perjuicios fiscales o energéticos”.
Castro Ferreira explicó que la Contraloría realizará su revisión posterior y selectiva sobre el caso en 2026, cuando haya una decisión definitiva.
“Si encontramos que un sujeto de control tuvo que pagar por negligencia y eso generó un daño al patrimonio público, ahí actuará la Contraloría. Por ahora, el control se hará después de que haya una definición judicial”, indicó.
El funcionario también se refirió al seguimiento que el organismo hace sobre la posible venta del activo Permian en Estados Unidos y a la falta de política pública diferenciada en los márgenes de los distribuidores minoristas.
“Estamos solicitando información a Ecopetrol dentro de una auditoría de cumplimiento. Si hay algún daño al patrimonio del Estado, se determinará en el control posterior”, explicó.
Sobre los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio, señaló que se requiere una política pública que diferencie regiones y zonas de frontera, pues el margen fijo actual “pone en riesgo la subsistencia de algunas estaciones en zonas de baja demanda”.