¿Cuál es la pena de cárcel por retirar de manera ilegal las cesantías en 2026?

Hasta el 31 de enero de 2026, los empleadores deben pagar directamente las cesantías a sus trabajadores.
Los fondos de cesantías exigen documentos que respalden el destino del dinero, con el fin de verificar que se ajusta a los fines autorizados. Crédito: Freepik

A comienzos de cada año, las cesantías vuelven a ser un tema de conversación. Esta prestación social corresponde a un mes de salario por cada año trabajado, o a la proporción del tiempo laborado, y hace parte de los derechos reconocidos a los trabajadores con contrato formal.

El primer plazo que deben tener en cuenta las empresas es el de los intereses de las cesantías. Hasta el 31 de enero de 2026, los empleadores deben pagar directamente a sus trabajadores este valor, que corresponde al 12 % anual calculado sobre el saldo acumulado al finalizar el año anterior.

Luego viene la consignación del valor principal. El 14 de febrero de 2026 es la fecha límite para que las empresas consignen las cesantías en el fondo que cada trabajador haya elegido, ya sea un fondo privado o el Fondo Nacional del Ahorro. La ley señala que esa decisión es del trabajador y que el empleador debe respetarla al momento de realizar el depósito.

¿Cuántos años de cárcel dan por retirar de manera ilegal las cesantías?

Aunque las cesantías son un derecho del trabajador, su retiro no es libre. La ley colombiana define de manera precisa los casos en los que estos recursos pueden utilizarse. Cuando una persona retira cesantías sin cumplir los requisitos legales, puede enfrentar consecuencias administrativas, laborales y penales.

Cuando se determina que el retiro no se ajustó a los fines permitidos, el trabajador también está obligado a devolver el dinero que fue obtenido de manera irregular.Crédito: Freepik

De acuerdo con el Código Penal colombiano, el retiro ilegal de cesantías puede dar lugar a multas que van desde 200 hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estas sanciones económicas se aplican cuando se demuestra que el dinero fue obtenido sin cumplir las condiciones establecidas por la ley.

En los casos en los que el retiro se realiza mediante la presentación de documentos falsos, como certificados de estudio inexistentes o soportes de vivienda que no corresponden a la realidad, la conducta puede configurar delitos como falsedad en documento privado y estafa. Dependiendo del delito imputado, las penas de prisión pueden ir desde 16 meses hasta 12 años.

Además de las consecuencias penales, el empleador puede dar por terminado el contrato de trabajo con justa causa, sin el pago de indemnización, si se comprueba que el trabajador utilizó documentos falsos para acceder a las cesantías. Esta facultad está prevista en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo.

Otras consecuencias del uso indebido de las cesantías

Cuando se determina que el retiro no se ajustó a los fines permitidos, el trabajador también está obligado a devolver el dinero que fue obtenido de manera irregular.

También se permite el pago de créditos educativos, incluidos los otorgados por el Icetex, y de seguros educativos debidamente certificados.Crédito: Freepik

La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) puede rastrear el uso de estos recursos y adelantar actuaciones administrativas cuando detecta inconsistencias. Estas actuaciones pueden derivar en sanciones adicionales, tanto para el trabajador como para el empleador, si se comprueba que hubo omisiones en los controles.

Usos permitidos de las cesantías según la ley

La ley sí autoriza el retiro de cesantías en ciertas situaciones. Uno de los usos más comunes es para educación. Estos recursos pueden destinarse a matrículas de programas técnicos, tecnológicos o universitarios, tanto del trabajador como de su cónyuge o hijos. También se permite el pago de créditos educativos, incluidos los otorgados por el Icetex, y de seguros educativos debidamente certificados.

Los fondos de cesantías exigen documentos que respalden el destino del dinero, con el fin de verificar que se ajusta a los fines autorizados. Este control es parte del sistema establecido para el manejo de esta prestación social.