La FM conoció una denuncia que solicita revisar actuaciones administrativas, contractuales y de cumplimiento en Oleoducto de los Llanos Orientales S.A., ODL, compañía creada en 2008 y controlada por Cenit, filial de Ecopetrol, con el 55 %, y Frontera Energy, con el 45 %.
ODL opera un oleoducto de aproximadamente 235 kilómetros, infraestructura relevante para el transporte de crudo desde los Llanos Orientales. Según la información conocida por este medio, esta operación moviliza cerca del 30 % del petróleo del país.
La denuncia reúne varios frentes: presuntas irregularidades en el proyecto Caño Sur, posibles fallas en el canal de ética y cumplimiento, cuestionamientos a procesos de contratación de personal, eventuales conflictos de interés y dudas sobre decisiones recientes de la administración de la empresa.
Los hechos descritos deberán ser verificados por las autoridades competentes. Hasta ahora, se trata de señalamientos, testimonios y documentos que, según los denunciantes, ameritan una auditoría independiente.
El proyecto Caño Sur y las denuncias de presuntas exigencias de pagos
Uno de los capítulos centrales de la denuncia se relaciona con el proyecto de interconexión Caño Sur.
El contratista Giovanni Cerón, señalado en la documentación como propietario de Prefabricados y Montajes Técnicos, asegura haber sido objeto de presuntas solicitudes de dinero durante el proceso de contratación y ejecución de obras asociadas a ese proyecto.
Según su versión, funcionarios del área de abastecimiento de ODL habrían pedido inicialmente un pago equivalente al 20 % del valor de la adjudicación, suma que Cerón estima en cerca de $8.000 millones. El contratista afirma que puso esos hechos en conocimiento de instancias internas de la compañía.
De acuerdo con la denuncia, después de ese reporte interno, el proceso en el que habrían participado cerca de 27 empresas fue declarado desierto y varios empleados fueron retirados de la compañía. Posteriormente, Cerón sostiene que su empresa obtuvo un contrato por aproximadamente $33.000 millones para los segmentos 3 y 4, aunque finalmente, según su relato, solo le habrían adjudicado uno de esos segmentos.
El testimonio también menciona a funcionarios de la interventoría de Bureau Veritas. Cerón afirma que ingenieros vinculados a esa interventoría, entre ellos una persona identificada como Miguel García, le habrían solicitado un pago del 12 %, equivalente a cerca de $4.000 millones, durante una reunión que, según su relato, se habría realizado en una zona de campo.
El contratista asegura, además, que hizo una transferencia de $10 millones a una cuenta entregada por los presuntos intermediarios, con el propósito de dejar evidencia para una eventual denuncia ante la Fiscalía.
La denuncia también incluye señalamientos contra personas cercanas a la Alcaldía de Puerto Gaitán. Cerón afirma que, por medio de intermediarios identificados como Jorge y Fernando Abella, se le habría solicitado otro pago del 12 %. Estos hechos, al igual que los demás, no constituyen una conclusión judicial y deberán ser verificados por las autoridades.
Pagos retenidos, reclamaciones y presuntas represalias
El contratista sostiene que, después de denunciar internamente los hechos, enfrentó represalias durante cerca de 16 meses. Entre ellas menciona la supuesta retención de pagos por aproximadamente $9.600 millones.
Según la denuncia, esa controversia económica terminó con un pago cercano a los $6.200 millones, luego de presiones laborales y una protesta en la zona de Rubiales. Cerón también afirma que fue bloqueado de un contrato AMP que, según su versión, había ganado.
Otro punto de la denuncia se refiere a estudios de arqueología que habrían sido pagados, pero no ejecutados. También se mencionan reuniones realizadas en horas de la noche en Cajicá, que, según el denunciante, habrían tenido como propósito facilitar pagos indebidos.
La documentación señala que estos hechos habrían sido puestos en conocimiento de áreas internas de la compañía, sin que, según la denuncia, se hubieran adoptado medidas efectivas.
Un otrosí contractual que abre preguntas sobre el Segmento 3
Entre los documentos conocidos por La FM aparece el Otrosí No. 4 al Contrato 4100856, suscrito entre ODL y el Consorcio Premonsol, integrado por Solutec Ingeniería y Premontec.
El documento corresponde a la construcción de la línea de interconexión Caño Sur, Segmento 3. Fue firmado entre el 26 y el 28 de agosto de 2025 mediante DocuSign.
El otrosí amplía el plazo contractual en 95 días, para un total de 374 días, sin modificar el valor estimado del contrato. La justificación consignada en el documento alude a condiciones climáticas adversas que afectaron el derecho de vía entre los puntos PK10+000 y PK12+500, así como a un acuerdo con la USO para incluir cargos adicionales, entre ellos auxiliar HSE, QA/QC, enfermero y topógrafo.
El documento también incorpora actividades técnicas adicionales como camisa metálica para bunkers, sello pasamuros, geotextil, relleno con piedra y alquiler de camión-grúa.
Este otrosí es relevante porque plantea una pregunta sobre la trazabilidad contractual del proyecto. Mientras Cerón afirma haber tenido expectativa contractual sobre los segmentos 3 y 4, el documento conocido por este medio muestra que el Segmento 3 estaba asociado al Contrato 4100856, firmado entre ODL y el Consorcio Premonsol.
Esa diferencia no permite descartar ni confirmar la versión del contratista, pero sí obliga a establecer con precisión cuál fue el contrato adjudicado a Prefabricados y Montajes Técnicos, si actuó como contratista directo, subcontratista, proveedor o si hubo una reasignación posterior de frentes de obra.
Los denunciantes solicitan que se revisen las actas de adjudicación, los comités de contratación, los otrosíes, los pagos, las reclamaciones económicas, los soportes técnicos y la eventual relación entre Premonsol, ODL, Bureau Veritas y la empresa de Giovanni Cerón.
Cuestionamientos al área de cumplimiento
La denuncia también apunta contra el área de cumplimiento de ODL.
El documento menciona al gerente de cumplimiento Edwin Arley Giraldo Zapata, a quien los denunciantes señalan de presuntamente frenar quejas éticas, no dar trámite oportuno a reportes internos y exponer la identidad de denunciantes.
También se le atribuye falta de acción frente a un supuesto esquema de pagos irregulares por cerca de $4.000 millones en el proyecto de interconexión Caño Sur, específicamente en el punto identificado como km 30+545.
Estos señalamientos forman parte de la denuncia y deberán ser contrastados con los registros del canal de ética, las investigaciones internas, las trazabilidades de acceso a la información, los informes de cumplimiento y las decisiones adoptadas por la administración.
Los denunciantes también solicitan una revisión externa de cada una de las líneas éticas radicadas ante ODL, con el fin de establecer tiempos de respuesta, responsables, medidas adoptadas, eventuales omisiones y protección de la identidad de los denunciantes.
Administración actual y reducción de personal tercerizado
Otro capítulo de la denuncia se refiere a decisiones adoptadas bajo la actual gerencia general de Mario García Buitrago, quien, según la información entregada, asumió el cargo el 1 de marzo de 2025.
Los denunciantes afirman que la nueva administración habría impulsado una reducción cercana al 70 % del personal tercerizado, lo que, según ellos, habría generado sobrecarga operativa y riesgos en materia de salud, seguridad industrial y ambiente.
La denuncia también sostiene que García Buitrago actuaría bajo influencia de Jorge Dilson Murcia, vicepresidente jurídico de Cenit. Este señalamiento no está acreditado judicialmente y deberá ser verificado mediante documentos internos, actas, comunicaciones y decisiones corporativas.
Procesos de talento humano bajo revisión
La FM también conoció un resumen de hojas de vida y reportes de competencias gerenciales de varios candidatos o funcionarios relacionados con procesos de selección.
Entre los perfiles aparecen Diego Julián Gómez Baquero, Liliana Beatriz Buitrago Barreto y Pierre Caliz, presentados como perfiles de tecnología o transformación digital mediante Michael Page.
También se conocieron reportes de competencias de Diana Marcela Camargo Masmela, Miguel Eduardo Merchán Martínez, Diego Andrés Serrato Carrillo y Yenifer Barrios Perdomo.
Los informes muestran diferentes niveles de ajuste al perfil gerencial:
- Diana Marcela Camargo Masmela: 84,8 %.
- Yenifer Barrios Perdomo: 79,5 %.
- Miguel Eduardo Merchán Martínez: 66,0 %.
- Diego Andrés Serrato Carrillo: 50,1 %.
Los documentos no prueban por sí mismos irregularidades. Sin embargo, los denunciantes piden establecer si las decisiones finales de contratación fueron coherentes con los puntajes, los requisitos de los cargos, las entrevistas, las matrices comparativas y las declaraciones de conflicto de interés.
En particular, la denuncia menciona a Liliana Beatriz Buitrago Barreto, Miguel Eduardo Merchán Martínez y Yenifer Barrios Perdomo como personas cuya vinculación o trayectoria dentro del grupo empresarial debería ser revisada. No obstante, los documentos conocidos muestran que algunos de esos perfiles cuentan con experiencia profesional y evaluaciones que deben ser analizadas dentro del contexto de cada cargo.
La denuncia también solicita revisar a detalle todas las contrataciones de personal realizadas en ODL desde 2024 hasta la fecha, incluyendo cargos directos, tercerizados, temporales, consultorías, encargos, promociones internas y vinculaciones por recomendación.
La pregunta central, según los denunciantes, no es únicamente si los candidatos cumplían requisitos generales, sino si los procesos fueron objetivos, trazables y libres de interferencias.
Señalamientos contra la gerente de talento humano
La denuncia también menciona a Carolina Andrea Uribe Charris, gerente de talento humano, cuya promoción es descrita por los denunciantes como acelerada y presuntamente respaldada por Victoria Irene Sepúlveda Ballesteros, vicepresidenta de Ecopetrol.
A Uribe Charris se le atribuyen presuntas presiones políticas en favor del candidato Iván Cepeda, así como posibles casos de nepotismo, clientelismo y tráfico de influencias en decisiones de contratación y promoción interna.
La denuncia pide revisar, en particular, la vinculación o favorecimiento de personas identificadas como Cindy Tatiana Roa Viancha y Nicolás Andrés Yusseff Sepúlveda.
También se menciona la posible modificación de manuales de funciones para ajustar requisitos de cargos. Estos hechos, de acuerdo con la denuncia, deben ser revisados a partir de las versiones de los manuales, las fechas de modificación, los responsables de aprobación y las matrices de selección.
Otros nombres que aparecen en el expediente como posibles cuotas o vinculaciones que deberían ser revisadas son Harold Ricardo Leal Villarreal, John Alejandro Mesa Ayure y Germán Andrés Pardo.
Fundación Oleoducto Vivo y otros frentes de revisión
La denuncia también pide revisar la operación y el presupuesto de la Fundación Oleoducto Vivo, dirigida por Adrián Tovar Zambrano.
Según los denunciantes, la fundación se habría convertido en un espacio de manejo burocrático asociado a Cenit. No obstante, para establecer cualquier irregularidad se requiere revisar presupuestos, contratos, beneficiarios, informes de ejecución, interventorías y decisiones de junta directiva.Otro punto mencionado se relaciona con preocupaciones de cumplimiento bajo normas SOX, así como inconsistencias que los denunciantes atribuyen a la hoja de vida de Andrea del Pilar Orjuela Gutiérrez, vicepresidenta de Cenit, por referencias a su experiencia en Helistar.
Antecedentes ambientales, sociales y judiciales
La denuncia también incluye antecedentes relacionados con la operación de ODL.
Uno de ellos es la Sentencia T-693 de 2011, de la Corte Constitucional, relacionada con el Resguardo Indígena Turpial. También se menciona una condena del Consejo de Estado, dentro de un proceso tramitado entre 2017 y 2022, por daños a cultivos en Casanare.
Estos antecedentes son usados por los denunciantes para sostener que la operación de ODL ha tenido controversias sociales, ambientales y administrativas que ameritan seguimiento institucional.
Presunta interferencia política
El expediente también recoge señalamientos divulgados en 2024 sobre una posible interferencia política en ODL y Cenit.
En ese contexto aparecen los nombres de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol; su pareja, Julián Caicedo Cano; y Leandro Hermosa Cano, cuya contratación ha sido objeto de cuestionamientos en la denuncia.
La denuncia no aporta una decisión judicial sobre esos hechos. Por eso, los denunciantes piden que se revise si existieron recomendaciones, conflictos de interés, instrucciones internas o vínculos que hayan incidido en decisiones de contratación.
Lo que piden los denunciantes
Los denunciantes solicitan una auditoría forense independiente a la administración de ODL, así como una revisión integral del proyecto Caño Sur. En ese frente, piden verificar la transferencia de $10 millones mencionada por Giovanni Cerón y auditar el presunto esquema de pagos irregulares por cerca de $4.000 millones.
También solicitan revisar la trazabilidad contractual del Contrato 4100856 y sus otrosíes, verificar los pagos retenidos o discutidos con Prefabricados y Montajes Técnicos, revisar los estudios de arqueología que habrían sido pagados y no ejecutados, y confirmar el estado del contrato AMP mencionado por el denunciante.
En materia de talento humano, piden auditar todos los procesos de selección y contratación realizados desde 2024 hasta la fecha, incluyendo la vinculación de terceros como Tatiana Cubillos, Yenifer Barrios, Cindy Arroyo, Liliana Arias, Lynda Angarita y Ximena Corredor.
Además, solicitan una revisión externa de cada línea ética radicada ante ODL, con énfasis en el trámite dado, los tiempos de respuesta, los responsables y la protección de los denunciantes.
La denuncia también pide revisar los presuntos casos de nepotismo, clientelismo y tráfico de influencias atribuidos a la gerente de talento humano, Carolina Andrea Uribe Charris; crear un canal externo para denunciantes; exigir declaración pública de bienes y conflictos de interés a directivos de ODL y Cenit; y auditar el presupuesto y la ejecución de la Fundación Oleoducto Vivo.
Según la información conocida, los denunciantes también preparan reportes para la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Superintendencia de Sociedades, la SEC y los comités internos de ética.