La salida del gobierno de Gustavo Petro abrió una nueva etapa en la administración de las empresas estatales, pero algunos de los cuestionamientos sobre la gestión de Ecopetrol se mantienen. La FM conoció un documento de 78 casos, con corte a agosto de 2026, que pone el foco en la estructura de personal de cuatro compañías del segmento de transporte del Grupo Ecopetrol: CENIT, Ocensa, Oleoducto de Colombia (ODC) y Oleoducto de los Llanos (ODL).
La matriz identifica cargos, funcionarios, supuestos padrinos políticos, antecesores y comentarios sobre las circunstancias en las que se habrían producido algunos nombramientos. El documento también plantea cuestionamientos sobre contratación, conflictos de interés, cumplimiento, auditoría interna y el denominado Proyecto Átomo.
Es importante precisar que se trata de señalamientos contenidos en el documento conocido por este medio. La información allí consignada no constituye por sí misma una decisión judicial ni determina responsabilidad penal o disciplinaria de las personas mencionadas. Los señalamientos que puedan tener consecuencias jurídicas deben ser establecidos por las autoridades competentes.
El reporte ubica como uno de los principales ejes de la estructura a Jorge Dilson Murcia Olaya, conocido como “Tito”, quien ocupó la Vicepresidencia Legal y la Secretaría General de CENIT hasta su desvinculación el 5 de agosto de 2026. Según la matriz, Murcia habría ingresado a CENIT en junio de 2024 por instrucción de Ricardo Roa y habría tenido participación en nombramientos y decisiones de las filiales de transporte.
Una estructura que se extiende por cuatro filiales
El documento no concentra los cuestionamientos en una sola dependencia. Por el contrario, identifica funcionarios en áreas jurídicas, de talento humano, abastecimiento, HSE, cumplimiento y auditoría.
Uno de los nombres que aparece de manera transversal es el de Victoria Irene Sepúlveda, vicepresidenta de Talento Humano de Ecopetrol, junto con Pilar Marulanda Sánchez, vicepresidenta de Talento Humano de CENIT.
La matriz sostiene que ambas habrían tenido participación en la selección, traslado y permanencia de funcionarios en CENIT, Ocensa, ODL y ODC. En el caso de Marulanda, el documento la presenta como una figura con capacidad de decisión sobre movimientos internos y vincula su gestión con la ejecución del denominado Proyecto Átomo.
En el caso de CENIT, por ejemplo, aparecen funcionarios que, según el documento, no tendrían experiencia previa en el sector de hidrocarburos y que habrían llegado a posiciones jurídicas durante la administración de Roa.
Entre ellos están Gabriel Antonio Mantilla Díaz, José Vicente Azuero González, Greys María Salazar Lozada, María Alejandra Salazar Rojas, Catalina Trujillo Manrique, Lorena Constanza Gómez Ramírez y Nicolás Martínez Trujillo.
El documento atribuye diferentes relaciones personales, familiares o políticas a varios de estos casos. En el caso de Mantilla, señala una relación profesional previa con Murcia; sobre Azuero indica que habría trabajado con él en la Superintendencia de Servicios Públicos.
El papel de 'Tito' Murcia en CENIT
El documento sitúa a Murcia como uno de los principales articuladores de los nombramientos cuestionados.
Además de su paso por la Vicepresidencia Legal de CENIT, la matriz señala su participación en las juntas directivas de ODL, ODC y Ocensa y lo relaciona con dos procesos de contratación que ya habían generado cuestionamientos públicos: uno de telecomunicaciones por más de $400.000 millones y otro de servicios jurídicos con Gesycobro por más de $23.000 millones.
El documento también identifica a Jorge Ernesto Arango Camacho, quien asumió como encargado de la Vicepresidencia Legal después de la salida de Murcia, como una persona que habría trabajado directamente bajo sus órdenes.
En particular, le atribuye la dirección del Proyecto Átomo, una reestructuración que tenía alcance sobre las empresas del segmento de transporte. El documento cuestiona el impacto laboral de esa iniciativa y la describe como un mecanismo que habría permitido posteriormente realizar nuevos nombramientos.
Proyecto Átomo: recortes de personal y nuevos nombramientos
Uno de los elementos centrales del documento es el denominado Proyecto Átomo.
Según la matriz, el proyecto buscaba modificar el esquema organizacional y las áreas de soporte de las compañías del segmento de transporte. Sin embargo, el documento cuestiona que mientras se adelantaban procesos de reducción o reestructuración de personal también se producían nuevas vinculaciones.
El caso aparece en CENIT y posteriormente en Ocensa y ODL. En Ocensa, el documento atribuye a David Riaño Alarcón, gerente general, la implementación del Proyecto Átomo y relaciona la decisión con posteriores nombramientos.
En ODL también se señala que personas que habían salido de Ocensa como consecuencia del proyecto posteriormente fueron contratadas nuevamente. La matriz cita los casos de John Alejandro Mesa Ayure y Germán Andrés Pardo, quienes, según el documento, fueron desvinculados de Ocensa y posteriormente contratados en ODL.
Talento Humano, una de las áreas señaladas
El documento ubica a Talento Humano como una pieza central de la estructura descrita.
En CENIT, señala a Pilar Marulanda Sánchez como responsable de decisiones de nombramiento y traslado en las compañías del segmento de transporte. La matriz también relaciona su actuación con Victoria Sepúlveda y con funcionarios de las áreas de cumplimiento y abastecimiento.
En ODL, uno de los casos que plantea el documento es el de Carolina Andrea Uribe Charris, gerente de Talento Humano.
La matriz afirma que fue nombrada en 2024 y que habría llegado por instrucción de Victoria Sepúlveda. También cuestiona la contratación de familiares y personas cercanas a funcionarios de la compañía.
Uno de los casos mencionados es Cindy Tatiana Roa Viancha, vinculada como contratista de ODL. El documento la identifica como cuñada de Carolina Uribe y señala que su contratación habría sido ordenada directamente por la gerente de Talento Humano.
También aparece Liliana Arias Cano, contratista de abastecimiento, a quien la matriz identifica como familiar de Julián Caicedo Cano, pareja de Ricardo Roa. Según el documento, habría trabajado inicialmente en Ocensa y posteriormente fue trasladada a ODL en 2026.
El señalamiento más delicado: una reunión política dentro de ODL
Uno de los apartados del documento hace referencia a una reunión de carácter político realizada el 19 de junio de 2026 en las instalaciones de ODL.
La matriz sostiene que Carolina Uribe habría organizado una reunión proselitista en el salón auditorio de la compañía para promover el voto por Iván Cepeda, con participación de trabajadores que, según el documento, habían sido vinculados durante la administración de Roa y Murcia.
Se trata de un señalamiento que, de comprobarse, tendría una dimensión distinta a las discusiones sobre hojas de vida o procesos administrativos, debido a que involucraría el uso de instalaciones corporativas para una actividad política.
La existencia, características y eventuales responsabilidades relacionadas con esa reunión deben ser verificadas con documentos, testimonios y registros internos de la compañía.
Familiares y personas cercanas aparecen en la matriz
Otro patrón que aparece en el documento es la referencia a relaciones familiares, sentimentales o de amistad entre algunos funcionarios y personas con capacidad de decisión.
Entre los casos mencionados está Nicolás Andrés Yusseff Sepúlveda, contratista de CENIT, identificado como hijo de Victoria Sepúlveda. El documento señala que anteriormente había trabajado en Ocensa y ODL.
También se menciona a Jorge Mario Roa Viancha, abogado de Ocensa, cuya pareja sería Carolina Uribe, gerente de Talento Humano de ODL. La matriz identifica además a Cindy Tatiana Roa Viancha como hermana de Jorge Mario y contratista de ODL.
En ODL aparece igualmente el caso de Tatiana Cubillos Triana, contratista como asistente de la Gerencia General. El documento sostiene que fue vinculada en febrero de 2026 por instrucción de Pilar Marulanda y señala que su padre trabajaría en Ecopetrol, aunque en este punto la propia matriz dice que la situación debería ser verificada para determinar si existió algún conflicto de interés.
Los controles internos también aparecen cuestionados
El documento no se limita a los procesos de contratación. También plantea interrogantes sobre las áreas encargadas de investigar posibles irregularidades.
En particular, señala a Julio Ricardo Corredor Calderón, gerente de Cumplimiento de CENIT, y sostiene que desde esa posición tendría conocimiento de denuncias relacionadas con conflictos de interés, tráfico de influencias y otros comportamientos atribuidos a funcionarios de las filiales.
La matriz afirma que algunas investigaciones habrían sido archivadas, minimizadas o trasladadas a terceros. También menciona a la firma Ratsel Auditoría & Protección Patrimonial S.A.S. como tercero que habría participado en investigaciones éticas y de cumplimiento.
Los mismos cuestionamientos aparecen en ODL. Allí figura Edwin Arley Giraldo Zapata como gerente de Cumplimiento y el documento sostiene que reportaba directamente a Corredor.
La importancia de este punto radica en que los mecanismos de cumplimiento son precisamente los encargados de identificar y gestionar conflictos de interés, denuncias éticas y eventuales incumplimientos de las políticas corporativas.
Auditoría interna: otra estructura bajo revisión
La matriz también cuestiona la independencia de los equipos de auditoría interna.
El nombre que aparece de forma transversal es el de John Henry Acosta Torres, identificado como jefe de Auditoría de Hidrocarburos de Ecopetrol.
El documento afirma que Acosta coordinaría los equipos de auditoría de CENIT, Ocensa, ODL y ODC. En Ocensa, por ejemplo, aparecen Viviana Marcela Guerrero Guerrero, Diana Katerin Fernández Gómez, Diego Fernando Fonseca Cristancho y Jan Kenny Hernández Castiblanco, con referencias a esa estructura de coordinación.
En ODL se menciona a Luisa Fernanda Barrero Páramo, también vinculada en el documento con esa estructura de auditoría.
En ODC aparece Liliana Méndez Pedraza como auditora interna y Sharon Dalia Juliana Castellanos Tuay como auditora integral. Ambas aparecen relacionadas en la matriz con Victoria Sepúlveda, Pilar Marulanda y John Henry Acosta.
El documento plantea que esta estructura debería ser revisada para establecer si los controles internos funcionaron de manera independiente y si existieron conflictos en los procesos de auditoría.
Contratación: tecnología y servicios jurídicos
Uno de los principales puntos económicos del reporte son los contratos que, según el documento, requieren revisión.
El primero corresponde a contratos de telecomunicaciones por más de $400.000 millones en las filiales del segmento de transporte. La matriz atribuye a Murcia una presunta participación en ese proceso. El segundo corresponde a Gesycobro, con servicios jurídicos por más de $23.000 millones.
El documento señala a Murcia como presunto determinador del contrato y a Nicolás Fernando Cañón Acevedo como administrador y supervisor del mismo.
Precisamente, la matriz recomienda realizar una auditoría forense integral de los procesos de contratación del periodo 2024-2026, incluyendo la revisión de los controles SOX asociados.
También plantea examinar la participación, por acción u omisión, de funcionarios de la Vicepresidencia de Abastecimiento y Servicios que intervinieron en los procesos.
ODL concentra buena parte de los casos
De los 78 casos relacionados, una parte importante corresponde a ODL. La matriz incluye allí funcionarios de las gerencias General, Talento Humano, Financiera, Legal, HSE, Operaciones, Abastecimiento, Cumplimiento y Auditoría.
Entre los nombres aparecen Mario García Buitrago, gerente general; María del Rosario Navia Vargas, gerente financiera; Carolina Andrea Uribe Charris, gerente de Talento Humano; Miguel Eduardo Merchán Martínez, jefe de Abastecimiento; y funcionarios de cumplimiento y auditoría.
Sobre Mario García Buitrago, el documento reconoce que cuenta con más de 20 años de trayectoria dentro del Grupo Ecopetrol, pero plantea cuestionamientos sobre su llegada a la Gerencia General de ODL y sobre decisiones adoptadas durante su administración.
Sobre Navia Vargas, la matriz la ubica como una persona con capacidad de decisión en contrataciones y desvinculaciones. También la relaciona con procesos de vinculación de personal que deberían ser revisados.
Denuncias por presuntas coimas
El documento incorpora además señalamientos de una naturaleza distinta: presuntas solicitudes de dinero a contratistas.
En el caso de Jaime García Torres, gerente de HSE y Territorio de ODL, la matriz afirma que habría solicitado presuntas coimas a contratistas de servicios de seguridad privada.
También menciona a Luis Carlos Figueroa Pinto, gerente de Operaciones y Gestión de Activos de ODL, y afirma que habría solicitado presuntas coimas a contratistas relacionados con contratos de mantenimiento y operación.
El documento agrega otros señalamientos relacionados con su ratificación en el cargo.
Estos puntos requieren especial verificación documental y eventualmente deben ser puestos en conocimiento de las autoridades correspondientes, debido a que se trata de acusaciones que podrían tener consecuencias penales o disciplinarias.
Un traslado realizado después de las denuncias
La matriz también registra movimientos posteriores a las publicaciones de La FM.
Uno de los casos es el de Yuly Andrea Castañeda Ramírez, quien habría sido trasladada de CENIT a ODL el 1 de septiembre de 2026, después de que se publicara una denuncia de La FM.
Según el documento, Castañeda asumió como gerente encargada de Talento Humano de ODL y su función habría sido revisar y regularizar procesos de contratación cuestionados.
Este movimiento resulta relevante para la investigación porque muestra que los cambios administrativos continuaron después de las denuncias públicas.
El caso de la Fundación Oleoducto Vivo
La matriz también incluye a la Fundación Oleoducto Vivo, relacionada con CENIT y ODL.
Uno de los casos corresponde a Adrián Tovar Zambrano, director ejecutivo de la fundación. El documento señala que no tendría experiencia previa en el sector y cuestiona el cumplimiento de los requisitos para el cargo.
También menciona presuntos problemas de transparencia en procesos de contratación de bienes y servicios de la fundación.
Posteriormente aparece Andrés Felipe Yepes Guzmán, quien asumió como director ejecutivo encargado. El documento lo relaciona con el entorno de funcionarios del anterior gobierno y sostiene que no contaría con experiencia previa en el sector.
¿Qué pide el documento?
La recomendación central es realizar una auditoría forense independiente sobre los procesos que se desarrollaron entre 2024 y 2026.
El objetivo planteado es revisar contratos, nombramientos, controles SOX, posibles conflictos de interés y la actuación de funcionarios que pudieron intervenir en los procesos.
En materia de contratación, el documento pide revisar específicamente la actuación de funcionarios de la Vicepresidencia de Abastecimiento y Servicios y determinar si existió participación por acción u omisión.
La propuesta también implica revisar si los procesos de cumplimiento y auditoría funcionaron de manera independiente frente a las denuncias que llegaron a los canales internos.
Una matriz que deberá ser contrastada con los documentos corporativos
El documento conocido por La FM plantea una hipótesis sobre la existencia de una estructura de relaciones personales, políticas y administrativas que habría tenido influencia en las filiales de transporte de Ecopetrol.
La matriz relaciona 78 casos y presenta nombres, cargos, relaciones y observaciones. Sin embargo, varios de los señalamientos contenidos allí corresponden a acusaciones que requieren contraste con hojas de vida, actas de juntas directivas, procesos de selección, contratos, registros de contratación, líneas éticas, investigaciones internas y decisiones de los órganos de control.
La revisión también debería establecer si las personas señaladas cumplían efectivamente los requisitos de los cargos, si hubo excepciones autorizadas por los procedimientos corporativos y quién tomó las decisiones finales.
En ese sentido, el documento no permite concluir por sí solo que exista responsabilidad penal o disciplinaria de los funcionarios mencionados. Sí plantea, en cambio, una serie de hechos y relaciones que ameritan verificación, particularmente en contratación, talento humano, cumplimiento y auditoría.
La propia matriz recomienda una auditoría forense del periodo 2024-2026, precisamente para establecer si los controles existentes fueron suficientes y si hubo funcionarios que participaron, por acción u omisión, en las decisiones cuestionadas.
1. ¿Qué señala el documento sobre Ecopetrol?
El documento sobre Ecopetrol relaciona 78 casos en CENIT, Ocensa, ODL y ODC y plantea cuestionamientos sobre nombramientos, posibles vínculos políticos y familiares, contratación, cumplimiento y auditoría interna durante el periodo 2024-2026.
2. ¿Qué es el Proyecto Átomo en Ecopetrol?
El Proyecto Átomo en Ecopetrol es presentado en la matriz como una reestructuración del esquema organizacional y de las áreas de soporte de las filiales de transporte. El documento cuestiona sus efectos sobre el personal y señala posteriores contrataciones en algunas compañías.
3. ¿Qué contratos de Ecopetrol aparecen cuestionados?
Los contratos de Ecopetrol mencionados en el documento incluyen procesos de telecomunicaciones por más de $400.000 millones y un contrato de servicios jurídicos con Gesycobro por más de $23.000 millones, para los cuales se plantea una revisión de sus procesos de contratación.
4. ¿Qué propone el documento para revisar las denuncias en Ecopetrol?
Las denuncias en Ecopetrol deberían ser contrastadas mediante una auditoría forense de los procesos de contratación de 2024 a 2026, junto con una revisión de los controles SOX y de la eventual participación de funcionarios de las áreas de abastecimiento, cumplimiento y auditoría.
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