El Grupo Ecopetrol evalúa alternativas operativas y jurídicas tras la decisión adoptada en Ecuador que incrementa de manera significativa la tarifa para el transporte de crudo por el Oleoducto Trasandino (OTA), una medida que elevaría el costo por barril desde 2,7 dólares hasta cerca de 30 dólares y que tendría impactos directos sobre la exportación de crudo colombiano.
Según explicó la compañía, el movimiento total de crudo a través de la infraestructura del OTA es de cerca de 30.000 barriles diarios. En esta operación participan cuatro actores: Ecopetrol, Geopark, Gran Tierra y Parex. De ese total, Ecopetrol moviliza entre 8.500 y 10.000 barriles diarios destinados a exportación.
“Regulatoriamente, ese activo nos representa 5,7 dólares por barril de transporte. Teníamos una tarifa negociada con Ecuador de 2,7 dólares por barril, pero con esta medida arancelaria se vuelve casi 30 dólares por barril”, señaló la compañía.
Por qué se usaba esta ruta para exportar crudo
Ecopetrol explicó que la decisión de utilizar esta ruta de exportación se tomó a finales de 2023, luego de que el oleoducto enfrentara una alta actividad de robo de crudo. De acuerdo con la empresa, en ese periodo se estaban perdiendo entre el 25 % y el 30 % del crudo transportado.
“Hubo presencia de más de mil válvulas a través de las cuales se extraía ilegalmente este energético”, indicó la compañía. Ante ese escenario, se evaluaron alternativas operativas y se optó por exportar el crudo a través de dos oleoductos en Ecuador, conectados desde Lago Agrio, sistema por el cual se venía operando hasta la decisión reciente.
Nuevas rutas serían más costosas
Con el incremento de la tarifa, Ecopetrol analiza nuevas alternativas para mantener la exportación del crudo. Una de ellas es la posible reactivación del Oleoducto Transandino, un proceso que tomaría varios meses, implicaría intervenir una zona de alto conflicto y requeriría una inversión cercana a los 20 millones de dólares.
Otra opción es utilizar la infraestructura propia de transporte terrestre, llevando el crudo por Babillas, Guaduas y Vasconia hasta el Oleoducto Central (ODC), para luego exportarlo por Coveñas. Esta alternativa tendría un costo estimado entre 12 y 15 dólares por barril.
“Esto va a representar la incorporación de una actividad altamente demandante de logística por las vías, la contratación de unos 150 camiones para transportar estos crudos hacia el ODC y de allí a Coveñas para su exportación”, explicó la empresa.
Ecopetrol señaló que, de manera articulada con el Ministerio de Minas y Energía, se están revisando las implicaciones jurídicas de la decisión adoptada en Ecuador. La compañía indicó que espera que la situación pueda abordarse por la vía diplomática, con la participación de las cancillerías y los ministerios de ambos países.
Asimismo, se analiza la posibilidad de solicitar una modulación del fallo de la Corte Constitucional, específicamente de la sentencia T-390 de 2025, que impuso restricciones a la reactivación del Oleoducto Transandino.
Exigencias de la Corte Constitucional
De acuerdo con la empresa, la Corte Constitucional estableció dos exigencias principales. La primera es no reactivar la operación del Oleoducto Transandino hasta que se cumpla una serie de requerimientos formulados también a entidades del Estado como el Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
La segunda exigencia consiste en realizar estudios de viabilidad técnica, ambiental y económica para evaluar un nuevo trazado del oleoducto que no afecte a comunidades indígenas ni fuentes hídricas en la región de Nariño.
Posible acción internacional
Ecopetrol indicó que también se analiza activar, en el marco de la Comunidad Andina de Naciones, un tribunal de justicia bajo las normas del Acuerdo de Cartagena. Según la empresa, la medida adoptada por Ecuador genera una afectación económica grave para el movimiento de crudo y restringe el libre comercio de un energético que considera estratégico para el país.
“Estamos esperando que esta situación se resuelva y vamos a trabajar permanentemente en coordinación con las instancias del Estado”, concluyó la compañía.