El ministro de Hacienda, Germán Ávila, negó que el Gobierno esté contemplando subir el impuesto del 4x1.000 al 5x1.000 en el marco de la emergencia económica y aclaró que la información surgió de un documento falso. En diálogo con La FM, explicó que la medida que sí está sobre la mesa es un ajuste al impuesto al patrimonio para personas jurídicas con altos capitales.
No habrá 5x1.000
En medio de la discusión por la declaratoria de emergencia económica, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que no existe ninguna propuesta para aumentar el gravamen a los movimientos financieros.
“Es absolutamente falsa esa información. No ha considerado el Gobierno el establecimiento del 5x1.000”, afirmó el ministro, al señalar que la versión se originó en “un falso documento que supuestamente el Ministerio de Hacienda estaba trabajando”.
Ajuste al impuesto al patrimonio
Aunque descartó el 5x1.000, el ministro confirmó que el Gobierno sí evalúa un ajuste al impuesto al patrimonio, bajo un esquema progresivo y con protección a sectores medios.
La propuesta contempla que hasta 2.000 millones de pesos no haya impuesto al patrimonio, incluyendo la vivienda habitual. Desde ese punto, las tarifas serían escalonadas:
- De 2.000 a 3.600 millones: 0,5%.
- De 3.600 a 6.000 millones: 1%.
- De 6.000 a 12.000 millones: 2%.
- De 12.000 a 100.000 millones: 3%.
- Más de 100.000 millones: 5%.
“Este es un esquema absolutamente progresivo del impuesto al patrimonio”, sostuvo Ávila.
Contribución del sector financiero
El ministro también confirmó que dentro de las medidas se contempla un mayor aporte del sector financiero. “Las utilidades del sector financiero han sido muy significativas y creemos que deben hacer un esfuerzo de tributación”, afirmó.
Con estas medidas, el Gobierno espera recaudar más de 4 billones de pesos, recursos que, según el ministro, se destinarían a atender necesidades de inversión social.
Deuda, recorte del gasto y finanzas públicas
Ávila defendió que la deuda no es el mecanismo adecuado para equilibrar las finanzas públicas. “El instrumento menos idóneo para garantizar la estabilidad fiscal es la deuda”, señaló.
Indicó que el camino debe ser fortalecer ingresos tributarios y ajustar el gasto. En ese sentido, recordó que el Gobierno ya ha hecho recortes por 14,3 billones de pesos, entre aplazamientos y reducciones recientes.
“Hay que evitar al máximo que el equilibrio fiscal se logre a través de la deuda pública”, concluyó.
Emergencia económica y choque con el Congreso
Ávila explicó que uno de los elementos centrales que llevó al Gobierno a declarar la emergencia económica fue la negativa posterior del Congreso a la ley de financiamiento, pese a que el presupuesto ya había sido aprobado con esa fuente de recursos incluida.
Según el ministro, cuando se presentó el Presupuesto General de 2026, la ley de financiamiento hacía parte del articulado y fue avalada por amplias mayorías en plenarias. “Cerca del 70% de la Cámara y el 68% del Senado aprobaron la ley de presupuesto con esa fuente de ingresos”, señaló.
Añadió que negar posteriormente esos recursos rompió el equilibrio fiscal. “Cuando el Congreso aprueba una ley de presupuesto y luego niega los recursos con los que debe ejecutarse, se crea un desequilibrio fundamental en ingresos y gastos”, afirmó.
Hechos sobrevinientes que sustentan la emergencia
Frente al debate constitucional sobre si procedía o no la emergencia económica, Ávila aseguró que no se trata de un solo evento, sino de una acumulación de hechos recientes que no eran previsibles.
Uno de ellos es una orden de la Corte Constitucional relacionada con la Unidad de Pago por Capitación (UPC). “La orden no es de hace 10 años, la recibimos hace cerca de 15 días y nos obliga a invertir de manera inmediata 3,3 billones de pesos”, explicó.
A esto se suman nuevas dinámicas de orden público. El ministro indicó que los ataques con drones contra la fuerza pública y poblaciones representan una amenaza distinta. “Lo sobreviniente es el uso de tecnologías que no estaban dentro de las capacidades de reacción de la fuerza pública”, dijo, lo que exige inversiones inmediatas en sistemas de protección y antidrones.
También mencionó desastres naturales recientes, como sismos, que el Gobierno incluyó dentro de la argumentación presentada ante la Corte Constitucional.