En medio del análisis de la Corte Constitucional sobre la declaratoria de emergencia económica, el Gobierno confirmó que extenderá la vigencia del decreto, medida que permitirá continuar con la emisión de nuevas disposiciones para garantizar recursos frente a obligaciones fiscales y de inversión en servicios esenciales.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó en diálogo con La FM que la prórroga es necesaria para asegurar la estabilidad financiera del país y atender necesidades derivadas de sentencias y obligaciones sobre derechos fundamentales:
"Ya cumplimos los primeros 30 días de la emergencia económica y para continuarla sería necesario previamente hacer una declaratoria de prórroga o de nueva emergencia económica que tenemos hasta 90 días para poderla tener. Estamos trabajando en la prórroga de la garantía económica."
Según el ministro, la declaratoria de emergencia económica y los decretos asociados buscan garantizar ingresos tributarios y atender derechos fundamentales. Ávila recordó que las primeras medidas permitieron cubrir necesidades surgidas tras la caída de la ley de financiamiento, incluyendo recursos para la salud y la estabilidad del sistema energético:
"La primera declaratoria de emergencia económica se emitió para atender las dificultades que surgieron luego de la caída de la ley de financiamiento. Posteriormente adoptamos un decreto con medidas tributarias para incrementar los ingresos y un segundo decreto para garantizar la estabilidad de las distribuidoras de energía en la costa y atender derechos fundamentales, como la protección de personas frente a amenazas excepcionales."
En total, los recursos garantizados por los dos decretos ascienden a cerca de 12 billones de pesos, mientras que las necesidades totales alcanzan 16,3 billones. Para cubrir la diferencia, el Gobierno analiza medidas adicionales que se darán a conocer oportunamente:
"Estamos estudiando la posibilidad de algunas otras medidas que nos aseguren completar ese faltante de recursos, porque además lo que no se logre garantizar a través de nuevos recursos tributarios no se implicaría necesariamente una reducción presupuestaria."
Ávila también enfatizó la importancia de la emergencia económica frente a la prima de riesgo del país y la deuda externa:
"Cada vez que al gobierno le niegan los recursos necesarios para financiarse, inmediatamente se sube la prima de riesgo. Y cuando el gobierno toma medidas que permiten garantizar nuevos ingresos para asegurar las necesidades de financiamiento, bajan las primas de riesgo. Ese incremento significativo de la prima de riesgo es la que nos puede colocar en una situación eventual de dificultades para cumplir con los compromisos de la deuda externa."
Funcionamiento de las declaratorias de emergencia
Expertos consultados por La FM recuerdan que cada declaratoria de emergencia económica tiene una duración inicial de 30 días, prorrogables hasta un máximo de 90 días, lo que permite al Gobierno tomar decisiones excepcionales frente a situaciones sobrevinientes que afecten la economía o los derechos fundamentales. La prórroga no significa una autorización automática de gastos, sino un marco legal que habilita la emisión de nuevos decretos para garantizar el financiamiento necesario.
La Corte Constitucional estudia actualmente la exequibilidad de la declaratoria de emergencia. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez solicitó suspender el decreto mientras se toma una decisión de fondo, pero el Gobierno presentó una recusación. El tribunal deberá resolver primero este recurso, luego se discutirá la suspensión provisional y finalmente se dará un fallo definitivo, previsto máximo para marzo.
"Esto es absolutamente característico de lo que sucedió a finales de diciembre con la caída de la ley de financiamiento. Inmediatamente subió la prima de riesgo. Después, con la declaratoria de emergencia económica y las medidas tributarias, la prima de riesgo se mantuvo baja. Eso garantiza que podamos atender obligaciones internas y externas sin encarecer la deuda," explicó Ávila.