La Fundación para el Estado de Derecho y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) presentaron una denuncia formal ante la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la que solicitaron un pronunciamiento urgente sobre la conducta del presidente Gustavo Petro durante el proceso electoral presidencial de 2026.
El documento firmado por Luis Guillermo Vélez, presidente de la Junta Directiva de la Fundación para el Estado de Derecho, y Bruce Mac Master, presidente de la Andi, sostiene que existe un conjunto de hechos que generan preocupaciones sobre la neutralidad institucional, la equidad de la contienda electoral y la confianza pública en el proceso democrático.
Según los denunciantes, las actuaciones del jefe de Estado podrían estar relacionadas con presuntas vulneraciones a las restricciones constitucionales y legales sobre participación política de los servidores públicos, así como a estándares internacionales en materia electoral.
"Los hechos descritos a continuación evidencian una conducta reiterada del presidente de la República consistente en realizar pronunciamientos de contenido electoral, intervenir en controversias propias de la competencia de las autoridades electorales y utilizar plataformas institucionales del Estado en un contexto de campaña presidencial", señala la comunicación enviada a la OEA.
Cuestionamientos por mensajes y pronunciamientos del presidente
La denuncia recopila una serie de antecedentes ocurridos entre 2023 y 2026, entre las que se mencionan publicaciones realizadas por Petro en redes sociales, discursos en eventos públicos y declaraciones relacionadas con el proceso electoral.
Los firmantes recordaron que organismos como la Misión de Observación Electoral (MOE), la Procuraduría General de la Nación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, han emitido advertencias, exhortos o decisiones relacionadas con la participación política de servidores públicos durante el periodo electoral.
Asimismo, destacaron publicaciones realizadas por el mandatario antes y después de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, incluyendo mensajes en los que cuestionó el sistema electoral, el software utilizado para el preconteo y los resultados preliminares de la votación.
En ese sentido, citaron una publicación del 1 de junio, en la que el presidente se refirió al candidato Abelardo de la Espriella y convocó una "Alianza por la Vida".
En ese mensaje afirmó que "vamos a ganar y derrotar al fascismo" y llamó a conseguir tres millones de votos adicionales para la segunda vuelta presidencial.
Denuncian presunto desconocimiento de decisiones judiciales
Otro de los puntos centrales de la denuncia está relacionado con supuestos incumplimientos de decisiones judiciales.
Los empresarios señalan que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó en abril de 2026 al presidente Petro, abstenerse de formular afirmaciones sobre fraude electoral sin evidencia suficiente y realizar rectificaciones sobre declaraciones anteriores.
También recordaron que el Consejo de Estado profirió una sentencia el 28 de mayo de 2026, en la que ordenó al mandatario abstenerse de difundir propaganda electoral a favor o en contra de movimientos políticos.
A juicio de los denunciantes, las declaraciones emitidas por Petro durante los días posteriores a la decisión judicial, plantean interrogantes sobre el cumplimiento de esas órdenes.
Observaciones de misiones internacionales
La comunicación también cita informes de observación electoral elaborados por la OEA, la Unión Europea y el Centro Carter.
Según los firmantes, las tres misiones coincidieron en destacar la transparencia y confiabilidad general del proceso electoral colombiano.
Sin embargo, señalaron preocupaciones relacionadas con discursos que cuestionaban la integridad del sistema electoral y el uso de plataformas estatales durante la campaña.
El documento resalta que la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea reportó que el 64,43% de las publicaciones de la Presidencia durante el periodo electoral estuvieron relacionadas con la promoción de logros gubernamentales.
También indicó que algunos ministerios utilizaron plataformas institucionales en medio de la campaña y que medios públicos otorgaron una cobertura amplia al presidente y al candidato afín al Gobierno.
Por su parte, el Centro Carter señaló que las críticas públicas al proceso electoral podrían afectar la confianza ciudadana en las elecciones, mientras que la OEA registró una coincidencia del 99,94 % entre los resultados del preconteo y los escrutinios.
Cuestionan uso de medios y canales oficiales
La denuncia dedica un apartado a la utilización de medios públicos y plataformas estatales para la difusión de mensajes de contenido político.
Entre los ejemplos mencionados aparecen transmisiones realizadas por Radio Nacional de Colombia, publicaciones de las cuentas institucionales de la Presidencia, el DAPRE e InfoPresidencia, así como contenidos difundidos a través de medios financiados con recursos públicos.
Los firmantes consideran que estas actuaciones podrían afectar la igualdad de condiciones entre las candidaturas participantes en la elección presidencial.
Las solicitudes a la OEA
En la parte final del documento, los empresarios solicitan a la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA, emitir un pronunciamiento público antes de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.
Además, piden reforzar la presencia de observadores internacionales durante la campaña, la jornada electoral y el escrutinio, documentar el uso de canales institucionales del Estado con fines electorales y hacer seguimiento al cumplimiento de las decisiones judiciales relacionadas con la participación política de funcionarios públicos.
"La presente denuncia busca preservar el principio básico de toda democracia constitucional: el poder público no puede utilizar su investidura para alterar la igualdad de la competencia electoral ni para sustituir la voluntad libre de los ciudadanos", concluye el documento.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué la Andi denunció a Gustavo Petro ante la OEA por el proceso electoral de 2026?
La Andi y la Fundación para el Estado de Derecho presentaron una denuncia ante la misión de observación electoral de la OEA al considerar que varias actuaciones y pronunciamientos del presidente Gustavo Petro podrían afectar la neutralidad institucional, la equidad de la contienda presidencial y la confianza de los ciudadanos en el proceso democrático.
¿Qué hechos menciona la denuncia contra Gustavo Petro ante la OEA?
El documento recopila publicaciones en redes sociales, discursos y declaraciones realizadas entre 2023 y 2026, incluyendo mensajes en los que el mandatario cuestionó el sistema electoral, el software de preconteo y los resultados preliminares de la primera vuelta presidencial, además de expresiones relacionadas con la campaña de segunda vuelta.
¿Qué decisiones judiciales aseguran los denunciantes que Petro habría desconocido?
Los empresarios señalan que existen órdenes del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Consejo de Estado que le pedían al presidente abstenerse de hacer afirmaciones sobre fraude electoral sin pruebas y de difundir propaganda electoral a favor o en contra de movimientos políticos. Según la denuncia, algunas declaraciones posteriores generan dudas sobre el cumplimiento de esas decisiones.
¿Qué le solicitaron la Andi y la Fundación para el Estado de Derecho a la OEA?
Los denunciantes pidieron a la misión de observación electoral de la OEA emitir un pronunciamiento público antes de la segunda vuelta presidencial, reforzar la presencia de observadores internacionales, vigilar el uso de canales institucionales del Estado durante la campaña y hacer seguimiento al cumplimiento de las decisiones judiciales relacionadas con participación política de funcionarios públicos.