La Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (Acoset) hizo un nuevo llamado a las autoridades nacionales, para que el incremento del salario mínimo para 2026 se defina dentro de rangos técnicamente sustentados, con el fin de evitar impactos negativos en el empleo formal y en la estabilidad financiera de los sectores más intensivos en mano de obra.
De acuerdo con el gremio, un aumento del 11%, como ha sido planteado por el Gobierno, tendría efectos directos y significativos sobre los costos laborales que deben asumir las empresas.
“Para las empresas que operan con alta formalidad y cumplen el 100% de las cargas laborales, como es el caso de las empresas de servicios temporales, estos ajustes representan una presión adicional que puede afectar la contratación formal, la competitividad y la viabilidad de nuevos puestos de trabajo”, afirmó Miguel Pérez García, presidente del gremio.
Dijo que este incremento no solo repercute en el salario base, sino también en todas las obligaciones asociadas: prestaciones sociales, recargos, seguridad social, dotación, vacaciones e indemnizaciones, entre otras cargas legales.
“En la práctica, el costo total para los empleadores puede ser mucho mayor que el porcentaje anunciado”, sostuvo.
Acoset insistió en que cualquier decisión sobre el salario mínimo debe garantizar un equilibrio entre la protección del ingreso de los trabajadores y la capacidad real de las empresas para absorber incrementos sin poner en riesgo el empleo.
“Según las estimaciones técnicas, el rango adecuado de ajuste debería ubicarse entre 7% y 7,5%, teniendo en cuenta la inflación proyectada del 5,6% y un ajuste razonable por productividad”, explicó.
Advirtió que superar ese nivel, señaló el gremio, podría generar presiones adicionales sobre los costos laborales y desatar efectos no deseados sobre la economía. Un incremento del 9% u 11% podría elevar la tasa de desempleo y contribuir a un aumento de precios no derivado de la inflación existente, sino del traslado de mayores costos a bienes y servicios por parte de productores, comerciantes y empresas del sector agrícola”, manifestó.
Cálculos
Pérez García explicó que aumentos significativos del salario mínimo no garantizan un mayor poder adquisitivo para los trabajadores.
“Los empresarios terminan trasladando esos aumentos a los precios. Así, cualquier ganancia salarial se vuelve estéril al quedar neutralizada por el encarecimiento generalizado de los productos”, señaló.
Según cálculos sectoriales, un incremento del 11% llevaría el salario mínimo —incluido el auxilio de transporte— a cerca de $1.950.000, pero el costo real para las empresas superaría los $2.500.000 por trabajador al incluir primas, cesantías, vacaciones e intereses.
Efectos para la formalidad
El gremio insistió en que un aumento desbordado del salario mínimo podría desestimular la creación de nuevos empleos formales, incentivar la informalidad y afectar a sectores clave que dependen de una alta demanda laboral.
Acoset reiteró su compromiso con la defensa del trabajo formal y su disposición a aportar insumos técnicos que permitan una decisión responsable, equilibrada y alineada con las condiciones económicas actuales del país.