En medio del debate por la crisis del servicio de energía en la región Caribe, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró desde Barranquilla que la propuesta de una sobretasa de aproximadamente $8 por kilovatio/hora cuenta con un amplio respaldo. Esta medida forma parte del plan de contingencia para atender la emergencia eléctrica y estabilizar a la empresa Air-e.
Según explicó Palma, aunque la problemática afecta directamente al norte del país, diversos sectores a nivel nacional han comprendido la gravedad de la situación.
“Que lo apoyen en la Costa es lógico, pero lo apoyan desde Bogotá y Antioquia; es decir, distintos puntos del país han entendido que el problema de la Costa Caribe no es regional, es un problema nacional”, aseveró el funcionario.
Proceso legal y protección a estratos bajos
El ministro indicó que, tras la publicación de la medida, se han recopilado múltiples reacciones y comentarios que están siendo analizados dentro de un proceso que calificó como “legal y democrático”. Se espera que en el corto plazo se tome una decisión definitiva sobre los ajustes o la implementación de la sobretasa.
Uno de los puntos clave de la iniciativa es la protección de los usuarios más vulnerables. Por instrucción del Presidente de la República, los hogares de estratos 1 y 2 no sufrirán incrementos en sus tarifas de energía.
No obstante, Palma advirtió que es imperativo encontrar mecanismos de financiación, especialmente después de que varias reformas tributarias —que incluían medidas para el sector energético— no prosperaran en el Congreso: “Al final alguien debe contribuir. Fueron tres reformas tributarias que el Congreso le negó al país, donde teníamos medidas destinadas al sector”.
Gremios del Atlántico en alerta por costos operativos
Por su parte, el Comité Intergremial Unidos por el Atlántico manifestó su preocupación ante la posible expedición de esta resolución, que afectaría a los usuarios de estratos 4, 5 y 6, así como a los sectores comercial e industrial.
Para el gremio, esta medida representa un nuevo golpe a los costos operativos en un contexto económico ya presionado por la inflación, la carga tributaria y los costos laborales. El Comité advirtió que, aunque el aumento por unidad parece moderado, el impacto acumulado en facturas mensuales será significativo para:
- Tiendas y restaurantes.
- Hoteles y centros de servicio.
- Pequeñas industrias con alto consumo energético.
Riesgo para la formalidad
Asimismo, señalaron que la ubicación geográfica en estratos altos no siempre es sinónimo de alta rentabilidad, por lo que la medida impactaría desproporcionadamente a las Pymes. Según el gremio, esto podría incentivar la informalidad, al aumentar las cargas sobre quienes cumplen con sus obligaciones legales.
Finalmente, los gremios hicieron un llamado al Gobierno Nacional para abrir espacios de diálogo que permitan construir alternativas que garanticen la sostenibilidad del servicio sin comprometer la estabilidad empresarial ni la generación de empleo en la región.