Marcela Ulloa aseguró que el proyecto del libro 'Colombia, más allá de la memoria' y unas exposiciones en Miami y Europa pretendían financiarse con recursos de publicidad y pauta de Ecopetrol. Fuentes de La FM también señalaron que Juan Carlos Hurtado presidente encargado de Ecopetrol habría contado con un “manto de protección” y que su llegada a la presidencia encargada estaría rodeada de presuntas presiones relacionadas con el entorno de Verónica Alcocer y alias “el Bachiller”.
Marcela Ulloa, exjefe de Comunicaciones Externas y Prensa de Ecopetrol, aseguró que en abril de 2025 se negó a tramitar un patrocinio por cerca de $7.200 millones para financiar el libro y varias exposiciones internacionales en Miami y Europa.
Según su versión, la solicitud habría sido impulsada por Eva Ferrer, asesora española cercana a la entonces primera dama Verónica Alcocer, y fue presentada en reuniones internas de Ecopetrol en las que participaron directivas de la compañía.
Ulloa afirmó que fue citada a encuentros con Ángela de la Pava y Diana Jiménez, en los que se expuso la propuesta para financiar la impresión de miles de ejemplares del libro y la realización de exhibiciones fuera del país. De acuerdo con su relato, el monto solicitado equivalía prácticamente a todo el presupuesto de pauta de Ecopetrol para 2025.
La exfuncionaria explicó que la compañía tenía dos rubros distintos: uno de publicidad, cercano a los $2.000 millones, y otro de pauta, de alrededor de $7.000 millones. Por eso, sostuvo que la solicitud era desproporcionada y que no tenía relación directa con la actividad misional de Ecopetrol.
Ulloa aseguró que se negó a llevar la propuesta al comité de patrocinios, instancia en la que debía sustentarse la conveniencia del proyecto. Según dijo, no estaba dispuesta a defender una iniciativa que, en su criterio, no tenía conexión con el negocio energético ni con las prioridades de la compañía.
La exjefe de prensa dejó constancia de su negativa en un correo electrónico de ocho puntos. En esa comunicación, según su versión, argumentó que el proyecto no guardaba relación con el objeto social de Ecopetrol, no aportaba a la reputación corporativa de la empresa, no beneficiaba sus operaciones y resultaba inconveniente en medio de las medidas de austeridad que se aplicaban en ese momento.
Además, Ulloa señaló que Ecopetrol venía restringiendo impresiones, publicaciones y gastos no esenciales, por lo que consideró improcedente destinar una suma de esa magnitud a un libro y a exposiciones internacionales.
Ulloa denunció presiones internas después de su negativa
Marcela Ulloa aseguró que, después de rechazar el trámite del patrocinio, empezó a recibir presiones y tratos que calificó como hostigamiento laboral. En su relato señaló a Diana Jiménez, entonces directiva del área de Relacionamiento Corporativo y Comunicaciones, como una de las personas que habría insistido en avanzar con la propuesta.
De acuerdo con Ulloa, el ambiente laboral se deterioró tras su negativa y la situación se mantuvo durante varios meses. Posteriormente, cuando el caso volvió a tomar fuerza dentro de Ecopetrol, la exfuncionaria decidió acudir a la Dirección de Cumplimiento de la compañía.
El 4 de agosto de 2026, Ulloa entregó información a Rodolfo García, director de Cumplimiento de Ecopetrol, sobre las reuniones en las que se habría discutido la solicitud de patrocinio. Según su versión, aportó correos y soportes que demostraban que el proyecto sí fue presentado internamente y que ella se opuso a tramitarlo.
Días después, el 17 de agosto de 2026, Ulloa buscó apoyo de las delegadas de género de la Unión Sindical Obrera, USO, a quienes les informó sobre las presiones laborales que, según ella, venía enfrentando.
El sindicato pidió una reunión para el 25 de agosto con Diana Jiménez, el presidente encargado de Ecopetrol, Juan Carlos Hurtado, y la Vicepresidencia de Talento Organizacional, con el fin de revisar la denuncia de acoso laboral.
Sin embargo, un día después, el 26 de agosto de 2026, Ulloa fue notificada de la terminación unilateral de su contrato sin justa causa.
La exfuncionaria sostiene que su salida fue una represalia por haberse negado a tramitar el patrocinio y por haber entregado información a Cumplimiento. Según su versión, la decisión habría sido autorizada por Diana Jiménez y Juan Carlos Hurtado para frenar la divulgación de datos relacionados con la presunta influencia del entorno de Verónica Alcocer en asuntos de Ecopetrol.
Hasta el momento, esas afirmaciones no han sido objeto de una decisión oficial por parte de los organismos de control.
El “manto de protección” sobre Juan Carlos Hurtado
En medio de este caso, fuentes consultadas por La FM afirmaron que Juan Carlos Hurtado, presidente encargado de Ecopetrol, habría contado con un “manto de protección” dentro de la compañía.
Según esas fuentes, su llegada y permanencia en la presidencia encargada no solo responderían a decisiones administrativas internas, sino que también habrían estado rodeadas de presuntas presiones relacionadas con el entorno de Verónica Alcocer y con personas mencionadas en investigaciones internas sobre posibles influencias en la estatal.
Las fuentes señalaron que el nombre de Hurtado aparece en medio de cuestionamientos que están siendo revisados dentro de la auditoría forense iniciada en Ecopetrol tras el final del gobierno de Gustavo Petro. En ese proceso también ha sido mencionado alias “el Bachiller”, un empresario al que distintas versiones relacionan con grandes obras civiles, especialmente en los Santanderes.
De acuerdo con esas denuncias, alias “el Bachiller” sería identificado como 'Jaime A'., un empresario que presuntamente se presentaba como ingeniero sin contar con ese título profesional. Las versiones bajo revisión lo relacionan con una supuesta capacidad de influencia en nombramientos de altos ejecutivos dentro de Ecopetrol y con el posterior direccionamiento de negocios en empresas del grupo.
Una de las líneas de la auditoría apunta a establecer si alias “el Bachiller” habría pagado o gestionado apoyos para el nombramiento de al menos dos vicepresidentes de Ecopetrol y de otros ejecutivos. Incluso, una fuente conocedora de esos procesos aseguró a este dial que por el regreso de uno de esos funcionarios se habrían pagado cerca de $5.000 millones.
Ese directivo, según los señalamientos, había salido de la compañía después de episodios relacionados con el derrame de Lizama, en Santander, y con un caso de corrupción ocurrido en Casanare.
Auditoría revisa negocio de gas, contratos y audios
Otro frente que estaría siendo analizado en la auditoría forense tiene que ver con un negocio de compra de gas que habría estado cerca de concretarse desde la oficina de Ecopetrol en Houston.
Según las versiones conocidas por fuentes del sector, en esa operación aparecerían mencionados alias “el Bachiller” y una persona de su círculo. Sobre ese negocio, una de las declaraciones señala que el entonces presidente Gustavo Petro habría insistido en avanzar con la compra de la molécula, pero la operación no se cerró porque Juan Carlos Hurtado, como presidente encargado, no habría dado el paso final, y Ricardo Roa tampoco la habría concretado.
Por ahora, no existe una decisión oficial que establezca responsabilidad de Juan Carlos Hurtado, Eva Ferrer, Verónica Alcocer, alias “el Bachiller” o las demás personas mencionadas. Sin embargo, las fuentes consultadas sostienen que varios de esos nombres aparecen en un contexto de presuntas presiones, respaldos internos y relaciones de poder que deberán ser esclarecidas por la auditoría y por los organismos de control.
Veeduría pidió investigar nombramiento de Hurtado
A estos señalamientos se suma una solicitud presentada por la Veeduría por la Verdad y la Justicia, que pidió a la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República revisar la designación de Juan Carlos Hurtado como presidente encargado de Ecopetrol.
La veeduría advirtió posibles conflictos de interés y pidió establecer quiénes respaldaron su hoja de vida, cuáles fueron los criterios para su nombramiento y si existieron influencias externas en la decisión.
La organización también manifestó preocupación por el manejo de una compañía con una ejecución presupuestal cercana a los $80 billones, por lo que solicitó garantías de transparencia, independencia administrativa y protección del patrimonio público.
En su petición, la veeduría pidió revisar eventuales vínculos o presiones de personas externas a Ecopetrol sobre decisiones internas de la empresa, especialmente en materia de nombramientos, contratación y manejo de recursos estratégicos.
También solicitó que la dirección de Ecopetrol se mantenga bajo criterios de mérito, transparencia e independencia, y que se garantice el debido proceso y la presunción de inocencia de todas las personas mencionadas.
El caso queda ahora en manos de las instancias internas de Ecopetrol, de la auditoría forense y de los organismos de control, que deberán establecer si hubo irregularidades en el trámite del patrocinio del libro, en la salida de Marcela Ulloa, en la designación de Juan Carlos Hurtado o en las presuntas influencias externas sobre decisiones de la estatal.