La Superintendencia de la Economía Solidaria informó que hizo presencia en las instalaciones de Coosalud EPS para actuar como garante en el proceso de suspensión de la medida de intervención. Según explicó, su actuación busca asegurar la protección del patrimonio de la cooperativa que es propietaria de la EPS.
La entidad señaló que, desde el momento en que se conoció el auto judicial que suspendió la intervención, ha adoptado medidas a través de su agente interventor, en el marco de sus competencias de vigilancia sobre la cooperativa.
Solicitud de aclaración al Tribunal
De manera paralela, la Superintendencia Nacional de Salud radicó ante el Tribunal Administrativo de Bolívar una solicitud formal de aclaración del auto que ordenó la suspensión de la intervención.
El objetivo de esta petición es que el tribunal precise los tiempos de entrega de la entidad, así como los nombres del representante legal y del representante legal suplente de la EPS Coosalud.
Disputa por la representación legal
En medio del proceso, la superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro, se refirió a reclamaciones presentadas por apoderados del señor Jaime González.
La funcionaria afirmó que “ante las reclamaciones de apoderados del señor Jaime González, no existe hoy una certificación ante cámara de comercio, ni documento expreso de la asamblea de accionistas de la EPS que legitime tal reclamación”.
Convocatoria a Asamblea de Accionistas
En desarrollo del proceso, y conforme a los estatutos de la entidad, se ordenó la convocatoria de una Asamblea General de Accionistas.
En esta instancia, la Cooperativa Coosalud, como accionista mayoritaria y a través de su agente interventor, participará en la designación de una nueva Junta Directiva para la EPS.
Gobierno corporativo y continuidad del servicio
Finalmente, la Supersolidaria indicó que el Gobierno Nacional trabaja de manera articulada para establecer un gobierno corporativo en la EPS.
El objetivo, según la entidad, es garantizar la continuidad en la prestación del servicio de salud y la protección de los usuarios durante la transición hacia la devolución de la entidad a sus propietarios.