Fenalco manifestó su preocupación por la decisión del Gobierno nacional de declarar el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el país. Según el gremio, las razones expuestas por el Ejecutivo no corresponden a hechos imprevistos, graves e inminentes, como lo exige la Constitución.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco señaló que los argumentos presentados “no responden a situaciones nuevas ni excepcionales”, sino a problemas conocidos desde hace tiempo o derivados de decisiones de política pública adoptadas por el propio Gobierno.
Problemas previsibles del Estado
De acuerdo con el gremio, asuntos como la financiación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en salud, los problemas de seguridad, la no aprobación de la ley de financiamiento, la atención de desastres naturales, las sentencias judiciales y los subsidios a la energía y al gas hacen parte de obligaciones previsibles del Estado.
Fenalco sostuvo que estos temas deben tramitarse por los canales institucionales ordinarios y no mediante estados de excepción.
Deterioro fiscal y acceso al crédito
El gremio también advirtió que las dificultades para acceder al endeudamiento y el mayor costo del crédito no constituyen una calamidad pública. Según indicó, se trata de una consecuencia previsible del deterioro fiscal y de decisiones de política económica que, aseguró, ya habían sido advertidas por las calificadoras de riesgo internacionales.
Límites a los estados de excepción
Cabal recalcó que las declaratorias de emergencia no pueden convertirse en un mecanismo para reemplazar al Congreso ni para imponer reformas económicas o fiscales sin debate democrático.
“No se puede gobernar por decreto para corregir deficiencias estructurales del Estado, ni desconocer el principio fundamental de que no hay impuestos sin representación”, afirmó.
Llamado a la Corte y al Congreso
Finalmente, Fenalco hizo un llamado a la Corte Constitucional para que ejerza un control estricto y oportuno sobre esta declaratoria, y al Congreso de la República para que defienda sus competencias y el equilibrio de poderes.
“La Constitución no entra en vacaciones ni pierde vigencia por coyunturas fiscales o desacuerdos políticos del Gobierno”, concluyó el presidente del gremio.
Por otra parte, la Cámara Colombiana de la Construcción advirtió que la declaratoria de emergencia económica no cumple con los criterios establecidos en la Constitución y alertó sobre los efectos que esta decisión puede tener en la confianza jurídica, la inversión y la planeación de proyectos del sector.
La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) manifestó su rechazo a la declaratoria de emergencia económica anunciada por el Gobierno nacional, al considerar que no existen las condiciones excepcionales que justifiquen el uso de un estado de excepción.
Según el gremio, la situación fiscal del país, aunque compleja, responde a factores estructurales ampliamente conocidos y debatidos, y no a un hecho sobreviniente, imprevisible o extraordinario, como lo exige la Constitución. En ese contexto, Camacol sostiene que la medida carece de sustento jurídico y abre un precedente que genera incertidumbre sobre la estabilidad de las reglas económicas.
“El uso de la emergencia económica no puede convertirse en un reemplazo de los mecanismos ordinarios de discusión y decisión fiscal”, afirmó Guillermo Herrera, presidente de Camacol, quien subrayó que el país cuenta con herramientas legales suficientes para enfrentar los retos fiscales sin recurrir a figuras excepcionales. “Este tipo de decisiones afecta la confianza y la seguridad jurídica”, añadió.
El gremio recordó que el ordenamiento jurídico colombiano contempla mecanismos claros para la gestión del presupuesto público, como la reprogramación, el aplazamiento y el recorte del gasto, así como instrumentos de disciplina fiscal orientados a preservar la sostenibilidad de las finanzas del Estado. A su juicio, apartarse de estos procedimientos altera el equilibrio institucional y debilita la confianza en el marco normativo.
Camacol también advirtió que la declaratoria envía una señal negativa a la inversión y tiene efectos directos sobre la planeación de proyectos de vivienda e infraestructura. De acuerdo con el sector, esta incertidumbre puede poner en riesgo el aporte de la construcción al empleo formal y al crecimiento económico.
“La construcción ha sido históricamente un motor de desarrollo y reactivación, pero requiere entornos de certidumbre y estabilidad institucional”, señaló Herrera.
Finalmente, el gremio hizo un llamado a las autoridades para adoptar acciones que preserven el orden constitucional, fortalezcan los canales institucionales y prioricen soluciones estructurales y responsables, que contribuyan a la estabilidad económica sin afectar la confianza de los ciudadanos y del sector productivo.