En diálogo exclusivo con La FM, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, justificó el pago del contrato suscrito por el Estado para la defensa del presidente Gustavo Petro luego de su inclusión en la denominada lista Clinton, asegurando que se trató de una situación excepcional que no estaba prevista ni contemplada dentro de los mecanismos ordinarios del Gobierno, incluido el seguro que usualmente cubre la defensa jurídica del jefe de Estado.
Según explicó el ministro, la eventual vinculación del presidente de la República a una sanción de ese tipo no hace parte de ningún escenario considerado por el Estado colombiano. “No está contemplado en ningún escenario que al presidente de la República puedan vincularlo a una sanción como la lista Clinton o la OFAC”, afirmó Ávila, al señalar que esa medida “no está programada, no está presupuestada ni está considerada dentro de ninguna de las variables”.
Ávila sostuvo que, ante ese contexto, el Gobierno tuvo que acudir a recursos distintos a los previstos de manera ordinaria. “Ante una situación excepcional, tienes que acudir a recursos excepcionales”, explicó, al precisar que la defensa del mandatario se asumió directamente con recursos del Estado colombiano y no a través del seguro habitual.
El ministro subrayó que la decisión respondió a la condición institucional del presidente y a los efectos que esa situación podía generar para el país. “No es un ciudadano cualquiera, es el presidente de la República, y eso tiene impactos no solamente en su cotidianidad personal, sino sobre el país”, indicó. Agregó que la medida afectaba “la autoridad del país, la economía y el conjunto de la Nación”, por lo que, dijo, era necesario garantizar “una defensa fuerte, razonable y suficiente al jefe del Estado”.
Ávila también señaló que, en el momento en que se produjo la inclusión del presidente Petro en la lista Clinton, el Estado colombiano debía adoptar medidas inmediatas para enfrentar sus implicaciones. “En el momento en que se presenta la situación, la Nación colombiana debe adaptar las medidas necesarias para asegurar la defensa del jefe del Estado ante una injusticia de esa magnitud”, afirmó.
El jefe de la cartera de Hacienda indicó que el escenario cambió posteriormente, cuando el propio Gobierno de Estados Unidos comenzó a revisar la decisión y se iniciaron conversaciones entre el presidente Petro y el presidente Donald Trump, lo que, según dijo, podría conducir a un contexto distinto. No obstante, aclaró que esas circunstancias fueron posteriores a la contratación de la defensa.
Las declaraciones del ministro se conocen en medio de la indagación previa abierta por la Procuraduría General de la Nación para establecer posibles irregularidades en el contrato por cerca de 10.000 millones de pesos suscrito por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) con la firma Amadeus Consultancy Limited.
De acuerdo con el Ministerio Público, el contrato de prestación de servicios profesionales No. 001 de 2026 fue firmado el 9 de enero de este año, bajo la modalidad de contratación directa, con plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2026 y con cargo al Presupuesto General de la Nación. La Procuraduría advirtió, de manera preliminar, que los pagos se concentraron en un corto periodo de tiempo y que no se evidenciaría una justificación técnica suficiente sobre la urgencia de la contratación ni la imposibilidad de acudir a capacidades institucionales del Estado o a expertos nacionales.
Asimismo, el ente de control señaló que en el contrato no se exigieron garantías de cumplimiento, pese a tratarse de recursos públicos de alta cuantía, y anunció que la indagación busca establecer si se vulneraron los principios de la contratación pública y si los recursos fueron utilizados para la defensa de presuntos intereses personales del presidente de la República.