La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó al Congreso revisar el recorte contemplado para su presupuesto de 2027 y mantener los $821.803 millones que habían sido incluidos inicialmente por el Gobierno en el proyecto de Presupuesto General de la Nación.
La petición se conoce antes del segundo debate del proyecto y después de que las comisiones conjuntas del Congreso aprobaran en primer debate una reducción adicional de $170.000 millones para la jurisdicción.
De ese monto, $140.000 millones corresponden a recursos de inversión y $30.000 millones a gastos de funcionamiento. Con el ajuste, el presupuesto de la JEP quedaría en $651.803 millones para 2027.
La JEP advierte sobre los efectos del recorte
La jurisdicción explicó que los $821.803 millones inicialmente contemplados ya suponían una disminución de $125.839 millones frente a los $947.642 millones que había solicitado originalmente.
Luego de realizar nuevos ajustes, la entidad calcula que todavía presenta una desfinanciación de $84.633 millones, situación que, según la JEP, ya ha llevado a aplicar medidas de racionamiento del gasto.
Con el nuevo recorte, el presupuesto de 2027 sería $129.667 millones inferior al presupuesto vigente de 2026, lo que representa una reducción de 16,6 %.
La entidad señaló que la disminución tendría efectos sobre las actividades que desarrolla en los territorios y sobre los procesos judiciales que adelanta. En particular, la reducción de la inversión llevaría los recursos disponibles para este componente de $174.119 millones a $34.119 millones.
Según la JEP, esto limitaría la realización de audiencias y diligencias en las regiones donde ocurrieron los crímenes, además de afectar la representación jurídica y el acompañamiento psicosocial de las víctimas.
Actualmente, la jurisdicción registra 16.097 víctimas individuales acreditadas y 444 sujetos colectivos, que representan aproximadamente 634.804 personas.
También estarían comprometidas investigaciones y medidas de protección
La JEP señaló que el ajuste presupuestal también tendría efectos sobre las garantías de debido proceso y seguridad jurídica de los comparecientes. La entidad registra 12.355 comparecientes de las extintas Farc-EP y 4.736 integrantes de la fuerza pública.
El recorte en inversión también alcanzaría las actividades de la Unidad de Investigación y Acusación, entre ellas las investigaciones en territorio, los procedimientos técnico-forenses, los análisis de riesgo y otras herramientas utilizadas para avanzar en los procesos judiciales.
La jurisdicción advirtió además sobre posibles dificultades para mantener el monitoreo de las Sanciones Propias.
En cuanto al funcionamiento, la reducción de $30.000 millones tendría incidencia en los esquemas de seguridad destinados a víctimas, testigos, comparecientes y funcionarios. La JEP calcula que, con los recursos disponibles, podría cubrir en promedio cuatro meses de medidas de protección.
La entidad reporta medidas de austeridad
Frente al debate sobre sus recursos, la JEP aseguró que ha implementado medidas para reducir sus gastos. Entre 2024 y julio de 2026, reportó ahorros por $21.575 millones a través de cambios logísticos, utilización de herramientas virtuales, programación anticipada de audiencias y un plan institucional de ahorro.
La jurisdicción también informó que desde 2019 ha tenido una ejecución presupuestal superior al 87 %.
A esto sumó los resultados de los controles realizados por los organismos de vigilancia. Según la entidad, siete auditorías de la Contraloría y 14 informes de la Procuraduría no han registrado hallazgos de corrupción en su contra.
La JEP asegura que no busca ampliar su mandato
La jurisdicción también respondió a las discusiones sobre la duración de su funcionamiento y sostuvo que la solicitud de recursos para 2027 no implica una propuesta para ampliar su mandato.
La JEP recordó que su vigencia está prevista hasta 2033 y señaló que no ha planteado una prórroga.
La entidad sostuvo que se encuentra en una etapa en la que busca avanzar en el cierre de las investigaciones correspondientes a los 11 macrocasos, el desarrollo de los juicios y la implementación de las Sanciones Propias antes de que termine su vigencia.
Por esta razón, pidió al Congreso preservar los $821.803 millones que habían sido incluidos inicialmente en el proyecto de presupuesto para garantizar el desarrollo de estas actividades.