Ley de Rescate no despeja las alertas del CARF sobre el gasto público de 2027

Sin un ajuste fiscal, Colombia podría destinar en tres años la mitad de sus ingresos tributarios al pago de intereses.
Los colombianos vinculados al programa BEPS de Colpensiones podrán participar en el sorteo de bonos para vivienda, siempre que cumplan las condiciones establecidas. Crédito: Colprensa

En medio de la discusión de la Ley de Rescate Económico en el Congreso, el presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), Juan Carlos Ramírez, advirtió que la aprobación de buena parte del proyecto del Gobierno no despejaría las preocupaciones del organismo sobre las cuentas de 2027.

Su reparo es que, incluso si avanza la reforma, el presupuesto del próximo año contempla recursos que, a juicio del Comité, podrían resultar insuficientes para cubrir obligaciones en pensiones, salud, subsidios de energía y gastos de personal.

“La situación para el año 27, todavía incluso en un escenario en el cual se concretara gran parte de la reforma, de la Ley de Rescate, de la reforma fiscal que ha planteado el Gobierno en el Congreso, al CARF todavía no lo tiene tranquilo”, dijo Ramírez.

El presidente del Comité explicó que la evaluación dependerá, en parte, de cuánto del proyecto apruebe el Congreso. Aun así, señaló que las dudas sobre el próximo año van más allá del trámite legislativo. “Hay presiones sobre el gasto que no están debidamente contempladas en el presupuesto que está hoy aprobado”, afirmó.

La mitad de cada peso recaudado en impuestos podría ir a intereses

Ramírez señaló que hoy una tercera parte de los ingresos tributarios del Gobierno se destina al pago de intereses de la deuda. Si el país sigue en la trayectoria actual y no hace un ajuste fiscal de la magnitud requerida, esa proporción podría llegar al 50 % en tres años.

“Al cabo de tres años estaríamos dedicando el 50 %, la mitad de cada peso que le ingrese al Estado por impuestos, al pago de intereses”, advirtió. Para Ramírez, esa proyección explica la “urgencia en tiempo y urgencia en magnitud” de las reformas fiscales.

En ese mismo escenario, el presidente del CARF estimó que el endeudamiento podría acercarse al 90 % del producto interno bruto (PIB) en 2030. La proyección parte de una deuda neta del Gobierno Central que pasaría del 58 % del PIB en 2025 al 60 % en 2026 y que, sin el ajuste, podría subir al 67 % en 2027.

Las presiones de gasto que el CARF ve en el presupuesto de 2027

Uno de los puntos que mencionó Ramírez fue el gasto de personal. Aunque el Gobierno propone que esos gastos “no crezcan por encima de la inflación”, el presidente del Comité advirtió que los acuerdos sindicales del sector público podrían elevar las obligaciones por encima de lo presupuestado.

En pensiones, Ramírez identificó presiones por el agotamiento de los traslados entre regímenes y por los efectos que podrían tener las decisiones sobre la reforma pensional en la Corte Constitucional y las actuaciones de la Cámara de Representantes. En salud, dijo que el régimen subsidiado sigue desfinanciado en el presupuesto de 2027.

El presidente del CARF también afirmó que “no están debidamente financiados los subsidios de energía” y señaló que la llegada del fenómeno de El Niño agrega presión sobre esa partida. En cuanto a la atención del terremoto de agosto, dijo que los recursos previstos podrían quedarse cortos frente a los gastos derivados de la emergencia.

El déficit podría llegar al 9,5 % del PIB en 2027

Para 2026, Ramírez ubicó el déficit total en el 7,7 % del PIB, según la estimación más reciente que citó, frente al 7,8 % que también mencionó en su presentación. Para el déficit primario, que excluye los intereses de la deuda, habló de estimaciones del 3,9 % y el 4,4 % del PIB. El Gobierno proyectaba un déficit menor, pero el CARF prevé que difícilmente se alcanzará esa meta en lo que resta del año.

Al comparar el déficit total con el registrado durante la pandemia, Ramírez afirmó que “estamos en pandemia fiscal”. Añadió que la posición fiscal de este año está cerca de cuatro puntos del PIB por fuera de lo que correspondería bajo la regla fiscal sin la cláusula de escape. Esa es, según explicó, la magnitud del ajuste que se necesitaría para volver a una trayectoria sostenible.

Para 2027, en el escenario sin el ajuste que busca el Gobierno, el déficit total llegaría al 9,5 % del PIB y el primario al 4,5 %. Ramírez señaló que serían los niveles más altos en la historia del país y ubicó en 4,7 puntos del PIB la distancia frente a la referencia de la regla fiscal. Agregó que las medidas del proyecto permitirían reducir esas cifras y comenzar a corregir el desequilibrio, aunque todavía quedaría parte del ajuste pendiente.

La deuda subiría siete puntos del PIB sin el ajuste

Ramírez explicó que el déficit acumulado impulsa el aumento de la deuda neta del Gobierno Central entre 2025 y 2026. Este año, la tasa de cambio ha moderado el peso de la deuda externa. La relación entre el crecimiento económico y la tasa de interés que paga el país también ha contenido parte del aumento, aunque, según el presidente del CARF, esa relación se deterioraría en 2027.

Si se materializa el escenario sin ajuste, la deuda pasaría del 60 % al 67 % del PIB en un año. Ramírez atribuyó ese aumento de siete puntos al déficit primario y al efecto que volverían a tener la tasa de cambio y la diferencia entre el crecimiento y el costo promedio de la deuda. Con ese incremento, el endeudamiento se acercaría al 71 % del PIB, el límite que citó en su presentación.

El CARF pide un ajuste gradual y que el Gobierno cumpla sus metas fiscales

Ramírez aclaró que el Comité todavía no ha evaluado en detalle cuánto recaudaría la Ley de Rescate Económico ni cuál sería el efecto de cada una de sus medidas sobre el gasto. En una primera lectura de la exposición de motivos, identificó un ajuste de entre cuatro y cinco puntos del PIB distribuido en cuatro años. La propuesta combina medidas de gasto, impuestos y contribuciones parafiscales, además de los efectos macroeconómicos que estima el Gobierno.

El presidente del CARF consideró razonable distribuir el esfuerzo a lo largo de cuatro años. Sostuvo que un ajuste de cuatro puntos del PIB sería “prácticamente imposible” de ejecutar en un solo año por las condiciones políticas, financieras, institucionales y de crecimiento. Agregó que una transición de varios años requeriría cambios en la regla fiscal y que el proyecto ya incorpora parte de esas modificaciones.

Ramírez también cuestionó que el Gobierno haya registrado en 2025 un déficit superior al previsto en la trayectoria que fijó en el Marco Fiscal de Mediano Plazo tras activar la cláusula de escape. A su juicio, ese incumplimiento refleja “el debilitamiento de los mecanismos, de los instrumentos de la planeación fiscal” y afecta la credibilidad de las metas que el propio Gobierno fija.

Para el presidente del Comité, el ajuste debe combinar medidas de ingresos y gastos con “certeza y cumplimiento”. Eso implica que Hacienda y las entidades que ejecutan el presupuesto se ajusten a las metas trazadas. Ramírez señaló que recuperar la confianza de los inversionistas en esas metas ayudaría a reducir el costo de los intereses y que el país también necesita recuperar la inversión y el crecimiento para sostener el pago de la deuda.

¿Por qué la Ley de Rescate no despeja las alertas del CARF?

El CARF advierte que, aun si se aprueba gran parte de la Ley de Rescate Económico, el presupuesto de 2027 deja presiones de gasto en personal, pensiones, salud, subsidios de energía y atención de los efectos del terremoto de agosto.

¿Qué pasaría con el recaudo tributario sin el ajuste de la Ley de Rescate?

Sin un ajuste fiscal de la magnitud requerida, Colombia podría destinar en tres años el 50 % de sus ingresos tributarios al pago de intereses de la deuda. Según el presidente del CARF, actualmente esa proporción es de una tercera parte.

¿Qué déficit y qué deuda proyecta el CARF para 2027 sin la Ley de Rescate?

En el escenario sin el ajuste propuesto, el déficit total llegaría al 9,5 % del PIB y el déficit primario al 4,5 %. La deuda neta del Gobierno Central pasaría del 60 % al 67 % del PIB y, si persiste esa trayectoria, podría acercarse al 90 % en 2030.

¿Qué ajuste plantea la Ley de Rescate y qué pide el CARF?

Según la lectura inicial del CARF, el proyecto plantea un ajuste de entre cuatro y cinco puntos del PIB en cuatro años. El Comité considera que la corrección debe ser gradual, combinar medidas de ingresos y gastos y recuperar la credibilidad de las metas fiscales.