A días de que comience en el Congreso la discusión de la Ley de Rescate Económica, Anif respaldó el ajuste fiscal propuesto por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, pero pidió revisar el alcance del IVA, moderar los aumentos de impuestos a licores y cigarrillos y mantener las deducciones que hoy tienen los empleadores por aportes parafiscales.
Para compensar los recursos que se dejarían de recaudar con esos cambios, el centro de pensamiento planteó recortar más el gasto, gravar las pensiones altas y desmontar gradualmente el subsidio al ACPM. También propuso vender la participación estatal en ISA para reducir las necesidades de endeudamiento.
José Ignacio López, presidente de Anif, sostuvo que el tamaño del ajuste que propone el Gobierno es consistente con la situación de las finanzas públicas. Su llamado al Congreso fue que cada medida que se retire, aplace o modifique tenga una alternativa que permita sostener el ajuste. “Si no nos gusta algo, hay que reemplazar”, dijo.
El déficit superaría el 9 % del PIB en 2027 sin un ajuste
Según las proyecciones de Anif, en ausencia de una ley de ajuste, el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central superaría el 9 % del producto interno bruto (PIB) en 2027. De materializarse ese escenario, sería el más alto registrado en el país. A partir de 2029, la deuda pública superaría el 70 % del PIB y el pago de intereses, pensiones y transferencias del Sistema General de Participaciones sería superior al recaudo del Gobierno.
Eso, explicó López, obligaría a la Nación a endeudarse para cubrir gastos como la nómina, la salud, la educación, la seguridad y los programas sociales. Anif atribuyó ese escenario a los desequilibrios fiscales acumulados, a las leyes que dificultan reducir el gasto cuando caen los ingresos y a los compromisos adicionales que, según el centro de pensamiento, asumió la administración anterior sin fuentes estables de financiación.
López señaló que los escándalos de corrupción y los malos manejos de recursos públicos también han erosionado la confianza de los contribuyentes. Esa resistencia a pagar más impuestos, advirtió, condiciona la discusión sobre quién debe asumir el costo del ajuste.
Qué respalda Anif del proyecto del Gobierno
El proyecto plantea un ajuste cercano a 4,7 puntos del PIB para 2030. ANIF destacó las medidas de reducción del gasto, el refuerzo de los controles asociados a la regla fiscal y la eliminación de impuestos que, según el centro de pensamiento, generan poco recaudo y son difíciles de administrar.
López también respaldó el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), que ofrece una tarifa de renta reducida y estabilidad tributaria por 16 años para nuevas inversiones de gran escala, según explicó. A su juicio, el mecanismo ayudaría a Colombia a competir por capitales con países como Chile y Argentina, en momentos en que la tarifa de renta corporativa colombiana está entre las más altas del mundo.
Para 2027, López consideró que un ajuste superior a dos puntos del PIB es una cuota inicial adecuada. En el horizonte de cuatro años, situó la referencia en al menos cuatro puntos. Su preocupación es que, durante el trámite, se retiren medidas sin compensación y el ajuste quede por debajo de esos niveles, lo que dejaría al país más expuesto a un choque externo.
Por qué Anif pide revisar el IVA y su devolución
De acuerdo con los cálculos de Anif, el 35 % del ajuste previsto en la Ley de Rescate proviene de medidas de menor gasto público y el 54 % recae en mayores contribuciones de hogares y empresas. López advirtió que esa distribución dificulta conseguir respaldo para el proyecto, en particular para el IVA.
El centro de pensamiento estima que el 62 % del valor de los bienes y servicios que tendrían una mayor carga por IVA corresponde a insumos productivos. Eso significa que parte del impacto se sentiría primero en los costos de las empresas y podría llegar después a los hogares a través de los precios.
López puso como ejemplo al sector de alojamiento y comidas, que opera con impuesto al consumo y, según explicó, no cuenta con devoluciones de IVA. Si sube el costo de sus insumos, las empresas podrían absorberlo con menores márgenes o trasladarlo al precio que paga el cliente. En este último caso, la devolución del IVA a los hogares de menores ingresos podría dejar parte del impacto sin compensar, porque el encarecimiento llegaría por el costo de producir y prestar el servicio.
En ganadería, citó el caso del alimento para animales. Gravar ese insumo podría elevar los costos de producción incluso si el bien final conserva su tratamiento tributario. Anif prevé efectos similares en otras actividades agrícolas y pidió evaluar las consecuencias por sector antes de definir el alcance de la medida.
Ante la resistencia política al IVA, López planteó que el Gobierno revise qué disposiciones pueden mantenerse, entre ellas el impuesto a los juegos de azar. Si prospera la ampliación del IVA, propuso simplificar el esquema de devolución y revisar su capacidad de compensar a los hogares.
Salud, empleo e impuestos al licor y los cigarrillos
En salud, López incluyó el IVA a la medicina prepagada entre las medidas que deberían reconsiderarse. Sobre las mayores cotizaciones de asalariados e independientes, reconoció que el esquema es progresivo porque la carga recae en quienes tienen ingresos más altos. También señaló que parte de esos hogares ya paga pólizas o planes complementarios ante las fallas en la atención del sistema.
El presidente de Anif consideró que algunas medidas de financiación de la salud podrían mantenerse con ajustes. Respaldó la posibilidad de redirigir al sector parte de los recursos de las cajas de compensación familiar y pidió explicar cómo se utilizarían esos fondos.
En materia laboral, Anif cuestionó la reducción de las deducciones por aportes parafiscales. Según los cálculos que presentó López, el cambio implicaría un sobrecosto de $315.000 por un trabajador que gana tres salarios mínimos y de $950.000 por uno que gana cuatro. El centro de pensamiento considera que la medida encarecería la contratación, en particular la de trabajadores calificados, en un momento en que las empresas pueden automatizar más tareas.
“Pospongamos esa reducción a la tasa de renta corporativa, pero no castiguemos la creación de empleo”, dijo López. La propuesta de ANIF es aplazar la rebaja general del impuesto de renta para las empresas y preservar las deducciones asociadas a la nómina. Según López, el efecto fiscal de combinar ambas medidas sería limitado durante los próximos cuatro años.
En cuanto a los impuestos al licor y los cigarrillos, Anif pidió moderar los incrementos. López explicó que algunas industrias están dispuestas a contribuir, pero que un alza de la magnitud planteada podría favorecer el contrabando, reducir las ventas formales y terminar por erosionar el recaudo que espera el Gobierno.
Recorte de cargos, pensiones altas y desmonte del subsidio al ACPM
Entre las alternativas para sostener el ajuste, ANIF propuso reducir al menos el 10 % de los cargos creados en los últimos años en la Rama Judicial, la Fiscalía y los organismos de control. López sostuvo que el esfuerzo de austeridad debe extenderse a esas entidades y pidió que el Ejecutivo, el Congreso y otras ramas del Estado adopten medidas de ahorro que también ayuden a recuperar la confianza de los contribuyentes.
El centro de pensamiento planteó, además, gravar las pensiones altas y reducir el umbral hasta el cual las empresas pueden deducir como gastos los pagos en efectivo. Según López, ese cambio podría generar ingresos en el corto plazo e incentivar la formalización de las transacciones.
Otra propuesta es concentrar los subsidios públicos en los hogares de menores ingresos. López explicó que el estrato de la vivienda puede agrupar hogares con capacidades de pago distintas. Puso como ejemplo que en estratos como el dos y el tres hay hogares con ingresos que, a su juicio, les permitirían prescindir de algunos subsidios.
Anif también propuso desmontar gradualmente el subsidio al ACPM mediante aumentos de $100 en el precio, con el objetivo de cerrar la brecha entre 2028 y 2029. López estimó que la cuenta del subsidio podría cerrar este año entre $13 y $14 billones. Al explicar la gradualidad, señaló que muchos transportadores con un solo camión operan con márgenes reducidos y que el ajuste debe acompañarse de condiciones de seguridad en las vías, medidas frente a los bloqueos y mejoras en los seguros y en las tarifas que reciben por el servicio.
ISA, Ecopetrol y los activos del Grupo Bicentenario
Anif planteó vender la participación estatal en ISA como una opción para obtener recursos, reducir las necesidades de financiación de la Nación y aliviar el servicio de la deuda en los próximos años. López señaló que, con tasas de financiación del Gobierno cercanas al 13 %, conviene comparar el costo de endeudarse con el rendimiento de los activos y evaluar qué función social cumple la presencia estatal en cada empresa.
“Vender activos no es una solución, es en el mejor de los casos solo un paliativo de corto plazo”, dijo. López explicó que los ingresos de una venta pueden dar liquidez y reducir el pago de intereses, mientras que el ajuste de fondo exige recortes permanentes del gasto o fuentes recurrentes de ingresos.
Sobre Ecopetrol, López dijo que se puede discutir la venta de una participación adicional dentro del margen autorizado por ley, que permitiría llevar al 20 % la propiedad en manos privadas. Pidió evaluar el momento de una eventual operación, dado que la empresa podría ganar valor con los cambios en la política energética del Gobierno.
En el caso del Grupo Bicentenario, aclaró que Anif todavía no ha estudiado a fondo sus activos. Consideró que vale la pena revisar el portafolio para identificar qué actividades cumplen una función pública, como complementar la financiación en segmentos de riesgo que los privados tienen dificultades para atender, y cuáles podrían operar bajo gestión privada.
ANIF pide un acuerdo antes de que avance el trámite
Al hacer un balance de los primeros meses del Gobierno, López destacó las gestiones para habilitar licencias ambientales, destrabar proyectos de infraestructura y facilitar inversiones en el sector energético. También mencionó la agenda de crecimiento y la recuperación de la seguridad como elementos que inciden en las decisiones de inversión.
Su preocupación inmediata es el tiempo para acordar un texto que consiga respaldo en el Congreso. López pidió que el Gobierno y los partidos revisen el paquete de IVA, ajusten las medidas sobre salud y los impuestos expuestos al contrabando, y definan cómo compensar cualquier reducción en el recaudo previsto. El objetivo, dijo, es preservar la magnitud del ajuste fiscal sin elevar los costos de contratación.
¿Qué respalda Anif de la Ley de Rescate Económica?
Anif respalda el ajuste fiscal de 4,7 puntos del PIB previsto para 2030, los recortes de gasto, el fortalecimiento de los controles de la regla fiscal y el régimen de estabilidad tributaria para nuevas inversiones de gran escala. Sin un ajuste, estima que el déficit del Gobierno Nacional Central superaría el 9 % del PIB en 2027.
¿Por qué Anif pide revisar el IVA de la Ley de Rescate Económica?
Anif estima que el 62 % del valor de los bienes y servicios que tendrían una mayor carga por IVA corresponde a insumos productivos. El aumento podría elevar los costos en sectores como alojamiento y comidas, ganadería y agricultura, y llegar a los hogares vía precios. El centro de pensamiento pide estudiar esos efectos y simplificar la devolución si la medida prospera.
¿Qué cambios propone Anif a la Ley de Rescate Económica para proteger el empleo y sostener el ajuste?
Anif propone aplazar la rebaja general de la renta corporativa y mantener las deducciones por aportes parafiscales. Para sostener el ajuste, plantea recortar cargos públicos, focalizar subsidios en los hogares de menores ingresos, gravar las pensiones altas, limitar las deducciones por pagos empresariales en efectivo y desmontar gradualmente el subsidio al ACPM.
¿Por qué Anif propone vender ISA en el debate de la Ley de Rescate Económica?
Anif propone vender la participación estatal en ISA para obtener liquidez, reducir las necesidades de endeudamiento y aliviar el pago de intereses. José Ignacio López también consideró que se puede discutir una venta parcial adicional de Ecopetrol y revisar los activos del Grupo Bicentenario. El ajuste permanente, señaló, requiere recortes de gasto o ingresos recurrentes.