En Barranquilla, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez, lanzó duras denuncias contra el gobierno del expresidente Gustavo Petro, al asegurar que se habría destinado un billón de pesos para la compra de votos durante la pasada campaña electoral.
En ese sentido, el alto funcionario señaló que cada ministro de la actual administración tiene la responsabilidad ética y legal de denunciar, con pruebas, los posibles hechos de corrupción que sean hallados en las entidades del Estado.
“Se gastaron un billón de pesos en la campaña, comprando votos, y no les alcanzó”, afirmó durante su intervención, en la que cuestionó el manejo de las finanzas estatales y exigió poner las cuentas públicas sobre la mesa.
Millonarios contratos antes de la ley de garantías
El dirigente también relacionó sus cuestionamientos con la contratación pública y afirmó que, cuatro días antes del inicio de la Ley de Garantías, se habrían firmado 148 contratos por 125.000 millones de pesos, procesos que, según señaló, no habrían cumplido con los requisitos legales.
"Y yo pregunto, ¿qué se hace con 125.000 millones de pesos en este país? ¿Cuántas escuelas se construyen? ¿Cuántos hospitales se construyen? ¿A cuántos emprendedores podemos ayudar con esa plata? Qué tristeza que el presupuesto público se usó para beneficio personal en el gobierno pasado. Y esto no es política, esto es realidad. Esto es poner las cuentas sobre la mesa, hacer un corte de cuentas y decirle a Colombia que recibimos el país quebrado, pero que lo vamos a sacar adelante", enfatizó.
Hasta el momento, las afirmaciones sobre la presunta compra de votos y el uso indebido de recursos públicos deben ser contrastadas con evidencias y fuentes oficiales. Cualquier responsabilidad penal deberá ser determinada por las autoridades judiciales competentes.
Seguridad y recuperación del control territorial
En materia de orden público, Gómez acusó al gobierno saliente de haber permitido el fortalecimiento de grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC.
Afirmó que recuperar el control territorial y mejorar las condiciones de seguridad será una prioridad de la nueva administración, al considerar que estos factores son fundamentales para generar confianza entre los inversionistas nacionales y extranjeros.
Según su planteamiento, la estabilidad institucional y las garantías de seguridad permitirán impulsar nuevos proyectos empresariales, generar empleo y dinamizar las economías regionales.
Anuncian inversiones de empresas internacionales
En el frente económico, el ministro destacó varias inversiones millonarias que estarían previstas para ingresar a Colombia.
Entre los anuncios, mencionó un proyecto de la minera Rio Tinto, con una inversión proyectada de 5.000 millones de dólares durante los próximos cuatro años en el departamento del Chocó.
Además, aseguró que el Gobierno prepara un portafolio de proyectos por 76.000 millones de dólares para presentar en Nueva York, con el objetivo de atrapar e incentivar el capital internacional.
El funcionario sostuvo que las nuevas condiciones para la inversión buscan ofrecer mayor estabilidad al sector empresarial y facilitar la llegada de recursos destinados a proyectos productivos. Sin embargo, los montos, cronogramas y alcances de estas iniciativas deberán contrastarse con los comunicados oficiales de las compañías involucradas.
Ley antitrámites para facilitar la creación de empresas
Otro de los anuncios centrales fue la intención de radicar, antes de finalizar el año, un proyecto de ley antitrámites y de simplificación de permisos.
La iniciativa estaría dirigida a reducir las barreras administrativas que enfrentan los emprendedores y pequeños empresarios para formalizar sus negocios, obtener autorizaciones y poner en marcha nuevas actividades económicas.
El jefe de la cartera de Comercio destacó el peso de las microempresas dentro del tejido empresarial colombiano y afirmó que es indispensable ofrecerles mayores garantías para invertir, crecer y generar empleo formal.
La propuesta buscaría disminuir los trámites que frenan el desarrollo productivo, aunque durante la intervención no se detallaron los artículos ni el calendario legislativo del proyecto.
Temas clave
¿De cuánto dinero habría sido la presunta compra de votos denunciada por Mauricio Gómez?
El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez, afirmó que se habría destinado un billón de pesos a la compra de votos durante la pasada campaña electoral. Sin embargo, esta acusación requiere pruebas y verificación por parte de las autoridades competentes.
¿Qué denunció sobre la contratación pública?
Gómez aseguró que, cuatro días antes del inicio de la Ley de Garantías, se habrían firmado 148 contratos por un valor de 125.000 millones de pesos. Según el ministro, estos procesos presentarían posibles irregularidades que deben ser investigadas.
¿Qué pidió el ministro frente a las presuntas irregularidades?
El funcionario señaló que cada ministro tiene la responsabilidad de denunciar, con evidencias, los posibles hechos de corrupción en las entidades estatales. También insistió en la necesidad de revisar las cuentas públicas y establecer si hubo un uso indebido de los recursos del Estado.
¿Qué consecuencias podrían tener estas denuncias?
Si las investigaciones hallan elementos probatorios sobre compra de votos o irregularidades en la contratación, los organismos de control e instancias judiciales iniciarán los procesos correspondientes. Por ahora, las declaraciones constituyen acusaciones que deben ser verificadas.