La propuesta de ley de rescate fiscal del Gobierno Nacional genera preocupación entre las micro, pequeñas y medianas empresas por el posible aumento de los costos laborales y sus efectos sobre la generación de empleo. Así lo manifestó Rosmery Quintero, presidenta de Acopi Atlántico, quien advirtió que los cambios en las exoneraciones de aportes a salud, SENA e ICBF podrían afectar la sostenibilidad de las empresas.
La dirigente gremial explicó que actualmente existe una exoneración para los empleadores respecto a los trabajadores que devengan hasta 10 salarios mínimos. Sin embargo, la iniciativa plantea limitar el beneficio al personal que gana hasta dos salarios mínimos, mientras que para los ingresos superiores se establecerían aportes progresivos.
Según Quintero, para los trabajadores que devengan más de tres salarios mínimos se eliminaría la exoneración, lo que representaría un costo adicional del 13,5 % sobre la nómina para los empleadores.
La preocupación también se extiende a los trabajadores, debido a que la propuesta contempla incrementos progresivos en sus aportes, que pasarían del 4 % actual para quienes ganan hasta dos salarios mínimos a tarifas de hasta el 8 %, dependiendo de sus ingresos.
«A mayor compromiso, mayor impacto sobre la estructura de costos laboral de nómina. Para nosotros se limita la capacidad de generar nuevo empleo y en mejores condiciones», advirtió la presidenta de Acopi Atlántico.
Las propuestas del gremio
Frente a este panorama, Quintero planteó mantener la exoneración de aportes a SENA, ICBF y salud para trabajadores que devenguen hasta 10 salarios mínimos. También propuso que el fondo que busca crear el Gobierno se financie con un aporte del 2 %, sin modificar los beneficios actuales de las empresas.
La dirigente defendió el papel de las cajas de compensación, pero consideró que estas entidades deben concentrarse en sus funciones esenciales y realizar ajustes para garantizar su sostenibilidad, sin recibir nuevas responsabilidades del Gobierno.
Otra de las solicitudes de Acopi es establecer una tarifa diferencial de renta del 30 % para las mipymes, frente al incremento progresivo que contempla la propuesta tributaria y que llegaría al 31 % en 2028.
Asimismo, pidió ampliar el techo del régimen simple de tributación a 200.000 UVT, con el propósito de incentivar la formalización empresarial y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Finalmente, Quintero solicitó excluir del cuatro por mil los movimientos financieros relacionados con el pago de nóminas y los recursos destinados a los trabajadores.
Estas propuestas serán parte de las solicitudes que el gremio espera presentar durante las discusiones de la iniciativa fiscal con el Gobierno nacional y los congresistas.
"No debe modificarse la exoneración que existe hasta 10 salarios mínimos", insistió la dirigente, al señalar que las nuevas cargas tributarias y laborales podrían reducir la capacidad de las mipymes para sostener sus puestos de trabajo y generar nuevas oportunidades de empleo.
Temas clave
¿Por qué preocupa a las mipymes la propuesta de rescate fiscal del Gobierno Nacional?
Porque los cambios en las exoneraciones de aportes a salud, SENA e ICBF podrían aumentar los costos laborales de las empresas, afectar su sostenibilidad y reducir su capacidad para generar nuevos empleos.
¿De cuánto sería el incremento en los costos de nómina para los empleadores?
Según Rosmery Quintero, presidenta de Acopi Atlántico, los empleadores que pierdan la exoneración tendrían que asumir un costo adicional del 13,5 % sobre la nómina de los trabajadores que devengan más de tres salarios mínimos.
¿Qué propone Acopi para evitar que las nuevas medidas afecten a las empresas?
El gremio plantea mantener la exoneración de aportes a salud, SENA e ICBF para trabajadores que ganen hasta 10 salarios mínimos y financiar el fondo que propone el Gobierno mediante un aporte del 2 %, sin modificar los beneficios actuales.
¿Qué otras solicitudes presentó Acopi para proteger a las mipymes?
Propone establecer una tarifa diferencial de renta del 30 % para las mipymes, ampliar el límite del régimen simple de tributación a 200.000 UVT y excluir del cuatro por mil las transacciones financieras destinadas al pago de nóminas y recursos de los trabajadores.