La Superintendencia de Sociedades citó para el próximo 20 de abril de 2026 la audiencia de confirmación del acuerdo de reorganización de las sociedades Restcafé S.A.S. (OMA) y Franquicias y Concesiones S.A.S. (Presto).
La decisión fue adoptada mediante los Autos 2026-01-151067 y 2026-01-151056, en el marco de los procesos de insolvencia que adelantan ambas compañías.
Mayorías respaldan el acuerdo
Los acuerdos fueron presentados por la promotora entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 2026. Según la información oficial, contaron con el respaldo mayoritario de los acreedores.
En el caso de Franquicias y Concesiones S.A.S., la votación favorable alcanzó el 82%, mientras que Restcafé S.A.S. obtuvo un 76%.
A través de estos acuerdos, las compañías buscan reorganizar pasivos cercanos a los $114 mil millones en el caso de Restcafé y $104 mil millones para Franquicias y Concesiones.
El objetivo es reestructurar sus obligaciones y garantizar la continuidad de sus operaciones en el mercado.
Revisión judicial del acuerdo
Durante la audiencia, el juez del concurso verificará la legalidad de los acuerdos, así como el cumplimiento de obligaciones relacionadas con seguridad social y retenciones obligatorias.
Este paso será determinante para definir si las empresas pueden continuar bajo un esquema de reorganización o enfrentar un escenario más complejo.
Supersociedades destaca mecanismo de salvamento
El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, se refirió al proceso y señaló que “este acuerdo es un ejemplo de cómo el régimen de insolvencia empresarial permite preservar unidades productivas relevantes y proteger el empleo”.
Añadió que estas herramientas buscan facilitar la recuperación de las empresas y contribuir a la estabilidad económica.
“Desde la Superintendencia de Sociedades reiteramos nuestro compromiso con la salvaguarda del tejido empresarial y la promoción de soluciones que contribuyan a la estabilidad económica del país”, afirmó.
La audiencia del 20 de abril será decisiva para el futuro de ambas compañías, que buscan evitar la liquidación y mantenerse operando en el país bajo un plan de reorganización aprobado por sus acreedores y validado por la autoridad.