El uso de efectivo para comprar determinados bienes podría tener nuevos límites en Colombia. La posibilidad hace parte de la discusión alrededor del Estatuto Antiterrorista que impulsa el Gobierno, una iniciativa con la que se busca fortalecer los controles sobre los recursos que circulan en la economía y combatir la financiación de actividades criminales.
Entre las operaciones que entraron en el debate están las compraventas de apartamentos, carros y lotes. La propuesta busca facilitar el rastreo del dinero utilizado en este tipo de negocios, de manera que sea posible identificar su procedencia y seguir los movimientos entre quienes participan en una transacción.
La posibilidad de establecer estas restricciones recibió el respaldo de Jonathan Malagón, presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria). Según informó EL TIEMPO, el proyecto contempla la posibilidad de ampliar las medidas de control sobre los pagos de alto valor.
Por ahora, no se han precisado los montos a partir de los cuales se aplicarían las restricciones ni las condiciones que tendrían que cumplir compradores y vendedores. Por eso, la propuesta no debe interpretarse como una prohibición que ya esté vigente.
¿Qué bienes podrían tener restricciones para el pago en efectivo?
Los apartamentos, los vehículos y los lotes fueron mencionados por Malagón al referirse a la necesidad de mejorar la trazabilidad de las operaciones. El dirigente gremial se pronunció a través de su cuenta en X y señaló: “La compra de apartamentos, carros y lotes debe contar con mecanismos que permitan rastrear el origen de los recursos”.
El presidente de Asobancaria también destacó la importancia de seguir el recorrido del dinero para detectar posibles vínculos con actividades ilegales. En ese sentido, afirmó: “Seguir la ruta del dinero es fundamental para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo”.
El planteamiento busca que las transacciones de alto valor dejen registros que permitan identificar quién envía los recursos y quién los recibe. Esta información podría ser útil para revisar operaciones sospechosas y contrastar los movimientos financieros con los documentos que respaldan cada compraventa.
Sin embargo, todavía falta conocer qué operaciones quedarían incluidas en una eventual regulación y si los controles dependerían del valor de los bienes adquiridos.
Así podría cambiar la forma de pagar una vivienda, un carro o un lote
Si se establecen límites al efectivo, determinadas transacciones podrían requerir transferencias bancarias u otros mecanismos financieros autorizados que permitan dejar constancia del pago.
En la compra de una vivienda, por ejemplo, los registros financieros podrían ayudar a establecer desde qué cuenta se enviaron los recursos y quién los recibió. Esa información podría contrastarse con los documentos de la negociación.
Un procedimiento similar podría aplicarse a la adquisición de vehículos usados y terrenos. En ambos casos, los comprobantes permitirían documentar el movimiento del dinero y facilitar las verificaciones que correspondan.
Los compradores tendrían que adaptarse a las condiciones que se establezcan, mientras que los vendedores deberían conservar los soportes de las transacciones. También queda por determinar cómo se aplicarían los controles a las personas que guardan sus ahorros en efectivo o reciben ingresos por fuera de los canales bancarios.
La trazabilidad, no obstante, no garantiza por sí sola que los recursos tengan un origen legal. Los registros permiten reconstruir el recorrido del dinero, pero la procedencia debe establecerse mediante verificaciones adicionales.
¿Qué otras medidas contempla el Estatuto Antiterrorista?
La posible restricción a los pagos en efectivo forma parte de un conjunto más amplio de medidas planteadas para combatir el terrorismo y sus fuentes de financiación, entre ellas el narcotráfico y la minería ilegal.
Entre las propuestas mencionadas figura la creación de un registro de organizaciones o personas relacionadas con el terrorismo. Su consulta sería obligatoria para sectores como el financiero, el asegurador y el bursátil, además de notarios y oficinas de registro de instrumentos públicos.
El borrador también contempla mecanismos para congelar fondos y activos de quienes sean incluidos en ese registro, con intervención judicial posterior y garantías para cubrir gastos de subsistencia y defensa.
En el sector minero, se plantea establecer un sistema nacional de trazabilidad de minerales estratégicos. La herramienta incluiría un registro de los participantes de la cadena y un comprobante digital para acreditar el origen de cada lote.
Para los activos virtuales, la propuesta contempla obligaciones de identificación y reporte de información, así como mecanismos para congelar billeteras bajo determinadas condiciones.
Estas medidas buscan dificultar que los recursos procedentes de actividades ilegales circulen por la economía formal sin dejar rastros. La discusión sobre los pagos en efectivo se suma a esos mecanismos de seguimiento, aunque su alcance definitivo todavía debe precisarse.
Preguntas frecuentes sobre el pago en efectivo en Colombia
¿Ya está prohibido comprar una vivienda en efectivo en Colombia?
La información disponible no confirma una nueva prohibición vigente. La posibilidad de limitar estos pagos hace parte de la discusión sobre el Estatuto Antiterrorista y sus condiciones todavía deben definirse.
¿Qué bienes estarían incluidos en las restricciones?
En el debate se han mencionado apartamentos, carros y lotes. Sin embargo, falta conocer cuáles operaciones quedarían cobijadas y si habría límites según el valor de cada transacción.
¿Por qué el Gobierno busca controlar los pagos en efectivo?
La finalidad planteada es facilitar el seguimiento del origen y el destino de los recursos utilizados en operaciones de alto valor, como parte de las medidas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
¿Cuándo comenzarían a regir las restricciones?
Todavía no se dispone de una fecha confirmada ni de un monto específico para su aplicación. Las condiciones dependerán del texto definitivo de la iniciativa y de las disposiciones que eventualmente sean aprobadas.