La pensión de invalidez en Colombia representa un salvavidas financiero para miles de trabajadores que, por causa de una enfermedad o un accidente, ya no pueden desempeñar sus funciones laborales con normalidad. Este ingreso mensual busca garantizar estabilidad económica tanto al afiliado como a su núcleo familiar en momentos de alta vulnerabilidad.
Para acceder a este reconocimiento, es indispensable que una entidad competente certifique una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, ya sea de origen físico o mental. A partir de esa calificación, el afiliado debe cumplir con los requisitos y surtir el trámite ante el fondo de pensiones o la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), según corresponda.
No obstante, aunque se trate de un derecho protegido por la legislación, existen circunstancias en las que la pensión puede ser suspendida o cancelada definitivamente.
¿Qué tipos de pensión de invalidez existen en Colombia?
En el país se reconocen dos modalidades principales, dependiendo del origen de la incapacidad:
- Invalidez por enfermedad o accidente común
Aplica cuando la afectación de salud no tiene relación con la actividad laboral. En estos casos, el afiliado debe acreditar un número mínimo de semanas cotizadas antes de la fecha de estructuración de la invalidez, según lo establecido por la ley.
- Invalidez por enfermedad o accidente laboral
Está dirigida a quienes sufren un accidente de trabajo o desarrollan una enfermedad asociada a su ocupación. Aquí el proceso suele ser más ágil y los requisitos pueden variar, ya que la responsabilidad recae en la ARL correspondiente.
Enfermedades que pueden dar lugar a la pensión
El sistema reconoce múltiples patologías que, si generan una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, pueden dar paso al reconocimiento de la pensión. Entre las más frecuentes se encuentran:
- Dolores crónicos de espalda.
- Pérdida auditiva significativa.
- Trastornos derivados de estrés severo.
- Síndrome de fatiga crónica.
- Afecciones visuales graves.
- Silicosis.
- Síndrome del túnel carpiano.
- Cáncer relacionado con exposición a riesgos laborales.
Cada caso debe ser evaluado por juntas médicas o entidades autorizadas que determinen el porcentaje de afectación.
Las siete razones por las que podría perder la pensión de invalidez
Aunque la pensión de invalidez está protegida por un marco normativo claro, la ley también establece escenarios en los que este beneficio puede revocarse.
- Recuperación de la capacidad laboral
Si en una revisión médica posterior se determina que la persona mejoró y ya no cumple con el porcentaje mínimo de pérdida de capacidad laboral, el estatus de invalidez puede ser retirado. En consecuencia, se suspende el pago de la prestación.
- Acceso a la pensión de vejez
Cuando el afiliado cumple la edad y las semanas requeridas para pensionarse por vejez, deja de recibir la pensión de invalidez, pues el sistema contempla que pasa a otra modalidad de protección.
- Fraude o irregularidades
La presentación de documentos falsos, la simulación de síntomas o cualquier maniobra para obtener o mantener el beneficio constituye causal de pérdida inmediata. Además, puede acarrear sanciones penales.
- Conductas imprudentes
Si se demuestra que la incapacidad fue producto de acciones temerarias o ajenas a la actividad laboral, las autoridades pueden revisar el reconocimiento del derecho y, eventualmente, anularlo.
- Incumplimiento de tratamientos médicos
Negarse o abandonar los procesos de rehabilitación, terapias o tratamientos ordenados por los especialistas puede ser interpretado como falta de compromiso con la recuperación, lo que abre la puerta a una revisión del caso.
- Realizar actividades incompatibles con la invalidez
Si el beneficiario desarrolla labores que contradicen el diagnóstico médico —por ejemplo, trabajos que requieren capacidades que supuestamente están limitadas—, las entidades pueden iniciar una investigación y actualizar la calificación.
- Otras causales legales
Existen situaciones adicionales contempladas en la normativa, como el fallecimiento del beneficiario o la renuncia expresa al derecho, que también implican la terminación del pago.