Para una persona que cotiza en un fondo privado de pensiones, una de las preguntas más importantes al acercarse a la edad de retiro es cuánto dinero necesita tener ahorrado para recibir una mesada durante toda su vida.
Ese cálculo no depende únicamente de los recursos acumulados en la cuenta individual. También debe tener en cuenta cuánto puede aumentar la pensión con el paso de los años, especialmente cuando se trata de una mesada equivalente a un salario mínimo.
Esto ocurre porque las pensiones mínimas deben subir cada año en el mismo porcentaje en que aumenta el salario mínimo. Por ejemplo, si este aumenta 10 %, una pensión equivalente a ese monto también debe incrementarse en 10 %, incluso si la inflación del año anterior fue menor.
Ese aumento representa un costo que las aseguradoras deben contemplar al calcular cuánto capital necesitan para garantizar el pago de la pensión durante toda la vida del beneficiario.
En ese contexto, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 1485 de 2025, con el que el Gobierno había modificado la manera de calcular la cobertura estatal del riesgo de deslizamiento del salario mínimo en las rentas vitalicias. Mientras se toma una decisión definitiva, vuelven a aplicarse temporalmente las reglas establecidas en el Decreto 036 de 2015.
La decisión no significa que las mesadas que ya reciben los pensionados vayan a aumentar ni que todos los trabajadores deban ahorrar una cantidad diferente. Lo que cambia temporalmente es el parámetro utilizado para calcular cómo se distribuye entre el Estado y las aseguradoras el riesgo financiero asociado al incremento de las pensiones mínimas.
¿Por qué se necesita tanto dinero para garantizar una pensión de un salario mínimo?
Cuando una persona está afiliada a un fondo privado y llega el momento de pensionarse, sus ahorros y los rendimientos obtenidos durante su vida laboral son fundamentales para determinar el valor de la mesada que puede recibir.
Una de las modalidades disponibles es la renta vitalicia. En este caso, el afiliado contrata una aseguradora, que recibe el capital destinado a financiar la pensión y asume el compromiso de pagarle una mesada mensual durante toda su vida.
Para establecer cuánto dinero se necesita, la compañía debe calcular no solo el pago inicial, sino también los incrementos que tendrá que reconocer en los años siguientes. También debe considerar factores como la edad de la persona y las condiciones de sus beneficiarios.
El cálculo tiene una particularidad cuando se trata de una pensión equivalente a un salario mínimo: su valor debe aumentar cada año en el mismo porcentaje en que suba el salario mínimo legal vigente.
Por eso, la aseguradora necesita proyectar cuánto podrían crecer esos pagos en el futuro. Si el incremento del salario mínimo supera la inflación, el costo de mantener esa pensión también puede aumentar más de lo previsto.
Para cubrir parte de ese riesgo existe un mecanismo de cobertura estatal. Este no representa un dinero que se entregue directamente al pensionado, sino una herramienta para distribuir entre el Estado y las aseguradoras el costo adicional que puede producir el incremento del salario mínimo por encima de la inflación.
El cambio que había hecho el Gobierno podía aumentar el dinero necesario para garantizar una pensión
Para entender la discusión es necesario conocer qué significa el deslizamiento del salario mínimo. Se trata de la diferencia entre el porcentaje en que aumenta el salario mínimo y la inflación registrada durante el año anterior.
Por ejemplo, si el salario mínimo aumenta 10 % y la inflación fue de 5 %, el deslizamiento es de cinco puntos porcentuales. Esto significa que el incremento del salario mínimo estuvo cinco puntos por encima de la inflación.
Esa diferencia importa porque las pensiones equivalentes a un salario mínimo también deben subir 10 %. Las aseguradoras deben contemplar ese mayor costo al calcular los recursos que necesitan para pagar las mesadas durante el tiempo que corresponda.
Para atender ese riesgo existe un mecanismo de cobertura estatal. En términos generales, permite que el Estado asuma una parte del costo adicional cuando el aumento del salario mínimo supera el parámetro reconocido por la regulación.
En otras palabras, el problema está en que las aseguradoras deben garantizar el pago de una pensión que aumenta al mismo ritmo del salario mínimo, incluso cuando este sube por encima de la inflación. Para cubrir ese costo adicional existe un mecanismo mediante el cual el Estado asume parte del riesgo. El decreto suspendido modificaba la fórmula utilizada para determinar esa participación y, por tanto, cuánto de ese costo debían asumir las aseguradoras.
El Decreto 036 de 2015 establecía que ese parámetro se calculaba con base en el promedio del crecimiento de la productividad de los diez años anteriores.
Sin embargo, el Decreto 1485 de 2025 modificó la fórmula. La nueva regla establecía que debía utilizarse el valor más alto entre el promedio de crecimiento de la productividad de los últimos diez años y el 35 % del promedio de la inflación del mismo periodo.
De acuerdo con los cálculos presentados durante el proceso judicial, el parámetro pasó de 0,39 % a 1,99 %.
Asofondos y Fasecolda cuestionaron ese cambio. Según sus argumentos, la modificación podía reducir la participación del Estado en la cobertura de ese riesgo a un rango de entre 10 % y 20 %, trasladando una mayor carga financiera a las aseguradoras.
Las entiendades también advirtieron que ese escenario podía incrementar en más de 100 millones de pesos el capital necesario para que algunas personas pudieran acceder a una renta vitalicia equivalente a un salario mínimo. Esa cifra corresponde a los argumentos expuestos por los demandantes y no a una conclusión definitiva del Consejo de Estado.
¿Cómo cambia el cálculo de la cobertura estatal para las pensiones mínimas?
Con la suspensión provisional del Decreto 1485 de 2025, vuelve a aplicarse temporalmente el mecanismo del Decreto 036 de 2015. Esto significa que el parámetro de referencia vuelve a ser el promedio del crecimiento de la productividad de los diez años anteriores.
En los cálculos expuestos durante el proceso judicial, ese indicador se ubicaba en 0,39 %. Es importante aclarar que este porcentaje no representa una suma que deba ahorrar cada trabajador, tampoco es una tasa de rentabilidad de sus aportes ni significa que el Gobierno pague directamente ese porcentaje de cada pensión.
Para entender por qué la regla importa, se puede tomar el siguiente ejemplo:
Una persona recibe una pensión equivalente a un salario mínimo. Si al año siguiente el Gobierno aumenta ese salario en 10 % y la inflación del año anterior fue de 5 %, la mesada también tendrá que subir 10 %. La diferencia entre ambos porcentajes es de cinco puntos porcentuales.
La aseguradora debe tener en cuenta ese incremento para proyectar cuánto dinero necesitará en los años siguientes. El mecanismo de cobertura estatal establece cómo se distribuye parte del costo adicional cuando el deslizamiento supera el parámetro reconocido.
Con el regreso temporal a las reglas de 2015, cambia nuevamente la referencia utilizada para hacer ese cálculo y, por tanto, la forma en que se distribuye el riesgo financiero entre el Estado y las aseguradoras.
Esto no permite establecer una cantidad única de dinero que todas las personas deban tener ahorrada para pensionarse. El capital necesario depende de las condiciones de cada afiliado, su edad, sus beneficiarios y los cálculos actuariales de la aseguradora.
¿Por qué suspendieron el decreto que modificaba las reglas de las pensiones mínimas?
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la totalidad del Decreto 1485 de 2025 después de estudiar dos recursos de súplica presentados dentro de procesos que buscan su nulidad.
Uno de los motivos centrales de la decisión fue la posible omisión de un trámite previo ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Este procedimiento, conocido como abogacía de la competencia, permite evaluar si una regulación puede afectar la competencia entre empresas
En este caso, el Consejo de Estado consideró que era necesario examinar si los cambios introducidos por el Gobierno podían tener efectos sobre el mercado de las aseguradoras y, por esa razón, si debía adelantarse esa evaluación.
La suspensión es provisional y no significa que el alto tribunal haya declarado ilegal el decreto de manera definitiva. La discusión de fondo continuará dentro del proceso judicial.
Por ahora, mientras se resuelve la controversia, se aplica nuevamente el esquema establecido en 2015 para calcular la cobertura estatal del deslizamiento del salario mínimo.