Un proyecto de ley presentado por el Ministerio de Transporte y radicado en el Congreso el 21 de enero de 2026 reactivó el debate sobre la operación de plataformas de movilidad digital en Colombia.
La iniciativa propone un régimen sancionatorio que, en la práctica, declararía ilegal la prestación del servicio de transporte de pasajeros en vehículos particulares a través de aplicaciones tecnológicas.
El texto contempla sanciones para plataformas, conductores, usuarios y terceros que faciliten la operación de estos servicios, además de nuevas facultades para autoridades locales y la Superintendencia de Transporte.
En diálogo con La FM, José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza In, gremio de las plataformas digitales, aseguró que el proyecto representa un cambio sustancial frente a la situación actual del sector.
“Básicamente el Gobierno presentó hace unos días un proyecto de régimen sancionatorio del sector transporte que, al analizarlo, encontramos que en últimas lo que hace es prohibir el trabajo de cientos de miles de familias que hoy generan ingresos con sus vehículos particulares a través de las plataformas y cercenar la libertad de elegir cómo moverse de millones de personas”, señaló.
López afirmó que la iniciativa no avanza hacia una regulación del servicio. “Es un proyecto de ley autoritario, regresivo, con consecuencias sociales gravísimas, que en vez de avanzar con regulación como ha ocurrido en el resto del mundo, lo que hace es retroceder con un grave intento de prohibición”, dijo.
De la indefinición regulatoria a la prohibición expresa
Según el dirigente gremial, el proyecto elimina cualquier margen de operación legal para las plataformas de movilidad con vehículos particulares.
“Lo primero que hace el proyecto de ley es pasar de una indefinición regulatoria en la que estamos hoy a una prohibición explícita de la operación con vehículos particulares a través de plataformas”, explicó.
A partir de esa prohibición, el texto introduce medidas que afectan a todos los actores del servicio. “Vienen una serie de medidas muy graves, no solo contra las plataformas, sino también contra los conductores y los usuarios”, indicó.
Multas, inmovilizaciones y suspensión de la operación
Entre las sanciones contempladas se incluyen inmovilizaciones de los vehículos por 60, 90 y hasta 120 días, así como multas de hasta 4,7 millones de pesos por cada viaje para usuarios y plataformas.
El proyecto también faculta a la Superintendencia de Transporte y a las alcaldías para suspender de manera preventiva e inmediata la operación parcial o total de las plataformas.
“Se declara este servicio como un problema de orden público y se prioriza su control por parte de la Policía Nacional”, advirtió López.
Sanciones a conjuntos residenciales y control en zonas estratégicas
La iniciativa establece multas de hasta 60.000 UVT, equivalentes a más de 726 millones de pesos, para propiedades horizontales o conjuntos residenciales que permitan el parqueo o faciliten la prestación del servicio en sus instalaciones.
Además, ordena a los alcaldes intensificar controles en centros comerciales, hoteles, aeropuertos y terminales de transporte. Para el gremio, estas medidas afectarían directamente la operación cotidiana del servicio.
Restricciones a la opinión de funcionarios públicos
Otro de los puntos señalados por Alianza In es una disposición que prohíbe a congresistas, alcaldes y funcionarios del sector transporte pronunciarse a favor de las plataformas.
“Se impone una mordaza a servidores públicos, prohibiéndoles opinar o expresar respaldo a estos servicios”, afirmó López.
Cifras de usuarios y conductores
De acuerdo con cifras del gremio, en 2024 se registraron cerca de 1,2 millones de cuentas de personas que generaron ingresos mediante plataformas de movilidad con vehículos particulares. En paralelo, alrededor de 21 millones de cuentas de usuarios utilizaron estos servicios en el país.
Llamado a retirar el proyecto
Desde Alianza In, el llamado al Congreso y al Gobierno es retirar la iniciativa. López recordó que en 2023 un proyecto similar fue retirado tras un acuerdo para construir una propuesta concertada.
“El llamado es muy claro al Gobierno Nacional para que retire este proyecto de ley cuanto antes. Habíamos acordado que cualquier iniciativa se presentaría de manera consensuada con plataformas y conductores, y hoy nos enteramos de este proyecto a través de la página del Senado”, concluyó.
El proyecto inicia su trámite legislativo en medio de un debate sobre regulación, empleo y el uso de plataformas digitales de movilidad en Colombia.