La cadena de hamburguesas Presto entró en proceso de liquidación judicial luego de que la Superintendencia de Sociedades ordenara terminar el acuerdo de reorganización de Franquicias y Concesiones S.A.S., empresa vinculada a la operación de la marca en Colombia. La decisión se produjo tras la solicitud presentada por la compañía, que reportó dificultades para mantener su actividad y retrasos en el pago de obligaciones.
De acuerdo con el auto 2026-01-747813, expedido el 13 de octubre de 2026, la sociedad había sido admitida a un proceso de reorganización empresarial en julio de 2023. El acuerdo de reorganización fue confirmado el 30 de abril de 2026, pero meses después la empresa solicitó iniciar su liquidación judicial.
La decisión de la Superintendencia se fundamentó en la disminución del flujo de caja y en los retrasos en la atención de los gastos de administración, factores que comprometían la continuidad de la compañía como negocio en marcha.
La liquidadora designada, Mónica Alexandra Macías Sánchez, busca vender la empresa con el propósito de preservar su operación y evitar el cierre de los establecimientos. Según la información divulgada por la liquidadora, los puntos de venta de Presto continuarán abiertos y atendiendo al público hasta nueva orden.
¿Por qué Presto entró en liquidación judicial?
El proceso tiene su origen en las dificultades financieras de Franquicias y Concesiones S.A.S., sociedad identificada con el NIT 830101778-6 y domiciliada en Bogotá.
La compañía ingresó a reorganización empresarial el 13 de julio de 2023, bajo el mecanismo previsto en la Ley 1116 de 2006, que permite a las empresas con dificultades financieras buscar acuerdos con sus acreedores para atender sus obligaciones y continuar operando.
El 30 de abril de 2026, la Superintendencia de Sociedades confirmó el acuerdo de reorganización. Sin embargo, el 30 de septiembre de ese año, la apoderada de la compañía presentó una solicitud para iniciar la liquidación judicial, luego de una evaluación sobre la capacidad de la empresa para continuar funcionando.
En el auto, la entidad señaló que la solicitud obedecía a las «dificultades para continuar con la hipótesis de negocio en marcha, y los incumplimientos de obligaciones pos-acuerdo».
Con esta decisión, la Superintendencia declaró terminado el acuerdo de reorganización y ordenó abrir el proceso de liquidación judicial. Esto significa que la compañía deberá avanzar en la identificación y valoración de sus activos, así como en la determinación de las deudas y el pago a los acreedores conforme a las reglas legales aplicables.
¿Qué pasará con los restaurantes Presto?
La apertura de la liquidación judicial no implica, por sí sola, que todos los establecimientos deban cerrar de inmediato. La liquidadora busca encontrar un comprador para la empresa y preservar la unidad productiva, con el objetivo de mantener la actividad comercial y proteger el valor de los activos.
En la información divulgada sobre el proceso, Macías indicó que los establecimientos continuarán funcionando hasta nueva orden.
«Esta decisión busca preservar la unidad económica productiva, es decir, proteger el valor de la marca, sus puntos de venta y el trabajo de quienes hacen posible cada hamburguesa, porque mantener la operación es también la mejor forma de proteger a los acreedores», señaló la liquidadora.
La eventual venta de la empresa sería una alternativa para conservar la operación de los restaurantes. Sin embargo, el auto de la Superintendencia no establece que ya exista un comprador ni confirma que la negociación se haya concretado.
Por ahora, la continuidad de los establecimientos dependerá de las decisiones que se adopten dentro del proceso liquidatorio y de las condiciones bajo las cuales pueda preservarse o transferirse la operación.
SuperSociedades ordenó embargar los bienes de la compañía
Entre las medidas adoptadas por la Superintendencia de Sociedades está el embargo y secuestro de los bienes, haberes y derechos de propiedad de Franquicias y Concesiones S.A.S. que puedan ser objeto de estas medidas.
La entidad también restringió la disposición de los activos de la compañía sin autorización del juez del proceso. La orden cobija a administradores, acreedores y accionistas, de acuerdo con lo establecido en la providencia.
El documento señala que la sociedad reportó activos por $46.943.175 al inicio del proceso. No obstante, esta cifra deberá ajustarse una vez se apruebe el inventario de bienes y se determine su valor neto en liquidación.
La Superintendencia designó a Mónica Alexandra Macías Sánchez como liquidadora, quien tendrá a su cargo las actuaciones necesarias para administrar los activos, establecer las obligaciones pendientes y adelantar el procedimiento de liquidación.
¿Qué deben hacer los acreedores de Presto?
Las personas y empresas a las que Franquicias y Concesiones S.A.S. les adeude dinero deberán presentar sus créditos dentro del proceso judicial, con los documentos que acrediten la existencia y el monto de las obligaciones.
Según el auto, los acreedores dispondrán de 20 días contados a partir de la fecha de desfijación del aviso que informe sobre la apertura de la liquidación judicial para presentar sus reclamaciones.
La providencia advierte que las acreencias presentadas por fuera del plazo podrán ser consideradas postergadas, conforme a la Ley 1116 de 2006. Esto puede afectar el orden en el que se atiendan las obligaciones durante la liquidación.
La liquidadora deberá informar los datos de contacto y el procedimiento para presentar los créditos mediante el aviso correspondiente. La documentación de soporte puede incluir, según la naturaleza de cada obligación, facturas, contratos y comprobantes de pago.
Además, la Superintendencia ordenó que los deudores de la compañía paguen sus obligaciones únicamente al liquidador o a la cuenta de depósitos judiciales que se indique en el aviso del proceso. Los pagos realizados a personas distintas podrán ser considerados ineficaces.
¿Qué sigue para Presto?
El proceso entra ahora en una etapa en la que deberán identificarse y valorarse los bienes de la sociedad, establecerse las obligaciones pendientes y determinarse los créditos que serán reconocidos para su pago.
La liquidadora también tendrá que evaluar las actuaciones necesarias para conservar los activos y adelantar las gestiones que permitan cumplir con las obligaciones legales de la compañía.
La búsqueda de un comprador apunta a mantener la unidad productiva y evitar que la liquidación termine en el cierre de los establecimientos. Sin embargo, la decisión de la Superintendencia no garantiza que la venta se concrete ni que todos los puntos de venta continúen operando de manera indefinida.
Por ahora, la empresa se encuentra formalmente en liquidación judicial y el futuro de la operación dependerá de las decisiones que se adopten durante el procedimiento.
1. ¿Por qué Presto entró en liquidación judicial?
Presto entró en liquidación judicial después de que Franquicias y Concesiones S.A.S. solicitara terminar su proceso de reorganización por la disminución del flujo de caja, los retrasos en los gastos de administración y las dificultades para continuar operando.
2. ¿Qué pasará con los restaurantes Presto?
Los restaurantes Presto continuarán abiertos y atendiendo al público hasta nueva orden, según la información divulgada por la liquidadora. La compañía busca un comprador que permita preservar la operación y evitar el cierre de los establecimientos.
3. ¿Quién es la liquidadora de Presto?
La liquidadora de Franquicias y Concesiones S.A.S. es Mónica Alexandra Macías Sánchez, designada por la Superintendencia de Sociedades. Está encargada de adelantar el proceso, administrar los activos y gestionar las obligaciones de la empresa.
4. ¿Cómo pueden reclamar las deudas a Presto sus acreedores?
Los acreedores de Franquicias y Concesiones S.A.S. deben presentar sus créditos con los documentos que acrediten las obligaciones. El plazo es de 20 días desde la desfijación del aviso de apertura de la liquidación judicial, según lo establecido en el auto de la Superintendencia de Sociedades.